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Fue
inspectora de Trabajo durante casi 20 años, y también
militante y dirigente de su gremio. En 2005, el gobierno de
Tabaré Vázquez ambientó profundos cambios en el Ministerio
de Trabajo a cuyo frente se nombró a Eduardo Bonomi. María
Narducci llegó a su cargo de la mano de una limpia
trayectoria y de una notable idoneidad. Sirel conversó con
ella acerca del camino andado y del horizonte posible.
-¿Desde
cuándo existe la Inspección de Trabajo?
-El primer antecedente es de 1915, cuando se aprobó la ley de
ocho horas en el Parlamento. En ese mismo texto se creó un
“cuerpo de inspectores” con el cometido, entre otras cosas,
de verificar la aplicación de esa ley. Luego hubo otros
crecimientos institucionales en las décadas del 60 y del 70,
cuando el país se otorga los instrumentos básicos de la
normativa laboral.
-¿Cuáles
son las normas que rigen la tarea de la Inspección de
Trabajo?
-El Convenio internacional para Inspección de Trabajo en
Industria, Comercio y Servicios es el 81, y el referido al
ámbito rural es el 129. Ambos convenios internacionales
fueron ratificados y posteriormente reglamentados en
Uruguay por el decreto 680 de 1977.
En ese marco, el inspector de Trabajo está habilitado a
ingresar sin autorización y a cualquier hora del día a un
lugar donde razonablemente presuma que pueden haber
trabajadores ocupados, y también a clausurar instalaciones
cuando estime que hay riesgo de vida inminente para los
trabajadores. Su obligación es, luego, informar a su jerarca
que es el Inspector General de Trabajo.
En este momento estamos trabajando para modificar el proceso
administrativo que se sigue una vez que la inspección
constató infracciones laborales, con la meta de acortar el
tiempo que transcurre entre el hallazgo de la infracción y
la comunicación a la empresa de las medidas a implementar
para solucionar el problema. Creemos que hay varios pasos
administrativos que pueden ser reducidos, ya que en la
actualidad en promedio los procedimientos insumen seis
meses. Cuando se está hablando, por ejemplo, de situaciones
como el no pago de salarios o de personal que no ha podido
gozar su licencia, seis meses es demasiado tiempo.
-¿Cuál
era la situación de la Inspección General en 2005, cuando
usted asumió el cargo?
-Como una vieja casa que nunca tuvo mantenimiento;
sobreviviendo gracias a la voluntad de un puñado de
funcionarios y con el mínimo esfuerzo de las autoridades
institucionales. Cuando asumió el actual Ministro,
Eduardo Bonomi, y definió una nueva política en la que
se comenzó a convocar a los Consejos de Salarios, hubo que
modificar de manera importante la estructura para poder
acompañar estas instancias que se abrían en las relaciones
laborales. De lo contrario, tendríamos Consejos de Salarios
que resolvían nuevas pautas, pero luego no iba a ser
sencillo que todo el mundo las cumpliera. Aún tenemos muchas
dificultades, pero estamos trabajando duramente para lograr
ese fortalecimiento.
-¿Cómo
se alcanzará esa fortaleza? ¿Qué avance se ha logrado y qué
falta?
-Muy rápidamente, ya en 2005, identificamos la necesidad de
prepararnos para el Presupuesto quinquenal que empezaría a
regir el 1 de enero de 2006. Lo hicimos planteando un
conjunto de medidas como el ingreso de 33 nuevos
inspectores, lo que significaba un incremento del 25 por
ciento del cuerpo inspectivo, el ingreso de más abogados
para que la estructura creciera armónicamente y de personal
especializado que pudiera asesorar a la Inspección como un
ingeniero químico, un estadígrafo para sistematizar la
información disponible y transformarla en insumos para la
elaboración de políticas concretas. Por otra parte,
solicitamos 25 nuevos funcionarios administrativos para
tener capacidad de procesar adecuadamente el volumen de
trabajo que sobrevendría. Este último aspecto no fue
contemplado en el Presupuesto y aún lo tenemos en el debe.
También planteamos otorgar la exclusividad a los inspectores
que desde 1992 tenían la posibilidad de acumular un segundo
empleo. Personalmente había luchado desde el gremio por ese
cambio, y después, del otro lado del mostrador, tuve la
oportunidad de concretar esa aspiración. Ahora, desde marzo
de 2007, todos los inspectores tienen un salario acorde a la
exclusividad, tienen tiempo para capacitarse, para estudiar
y perfeccionarse. Los que se ubican en el principio del
escalafón perciben un salario de aproximadamente 2 mil
dólares mensuales, y sólo tienen permitido ejercer la
docencia ya sea en el ámbito público o privado. Tienen
prohibido cualquier tipo de vinculación con empresas.
-¿Ya
están en funciones los nuevos inspectores?
-Finalmente, el próximo 1 de abril ingresarán formalmente al
servicio los 33 nuevos inspectores seleccionados, y todos
irán al sector de Seguridad y Salud Laboral, donde apenas
teníamos 30 inspectores. Quiere decir que estamos más que
duplicando la atención a este rubro.
También se han producido cambios notorios en otros eslabones
de la Inspección, ya que el abandono histórico en el que
estuvo el organismo había provocado desánimo entre algunos
funcionarios, una pérdida del ritmo de trabajo y confusión
con respecto a las responsabilidades del servicio público.
Este es un aspecto muy importante en el que estamos
trabajando a fondo.
-¿Hubo
un incremento en el presupuesto del organismo?
-El Ministerio de Trabajo no recibió una partida presupuestal
muy diferente de la que se le asignaba anteriormente, pero
se apostó a la redistribución de ese dinero, y así se pudo
mejorar sustancialmente la presencia de la Inspección en el
interior del país. Hay recursos para viáticos de los
inspectores, ya que pasamos de una caja chica de mil dólares
mensuales para viáticos de choferes e inspectores a disponer
de casi 14 mil dólares mensuales. Los gastos de combustible
se adjudican a otro rubro. Teníamos sólo dos vehículos, y
ahora tenemos ocho con sus respectivos choferes.
Desgraciadamente se trata de vehículos que todavía no son
los adecuados para las inspecciones en el ámbito rural, ya
que son 4x2, pero esperamos solucionar algunos aspectos
burocráticos para poder licitar vehículos 4x4.
Estos aspectos materiales y de recursos humanos son en los
que hemos podido avanzar más. También estamos terminando de
elaborar protocolos para que el procedimiento de la
inspección sea sistemático, lo que aporta seguridad y
confiabilidad a la intervención. Por ejemplo, antes los
inspectores no hablaban con los sindicatos, simplemente se
presentaban con la empresa pero no tenían ninguna directiva
de que lo hicieran también con los sindicatos. Ahora la
tienen, y al llegar a la empresa deben comunicar su
presencia al sindicato y recibir de los delegados, si fuera
el caso, la información adecuada para realizar una visita
que responda no sólo al objetivo básico de la inspección,
sino también en los aspectos relativos al relacionamiento
laboral para que esto sea reflejado en la información que
elabora el inspector.
-¿Se
está trabajando para ampliar y mejorar la normativa laboral?
-Estamos participando en un ámbito tripartito que se creó a
esos efectos porque tenemos vacíos legales en materia
laboral. Para mencionar las acciones más importantes,
señalaría la reglamentación del Convenio Internacional 155
que establece las políticas nacionales en Seguridad y Salud
Laboral, especialmente la instrumentación de ámbitos de
trabajo en cada empresa, pública o privada, sobre este tema.
Nuestra propuesta en ese ámbito fue la creación de las
Comisiones de Seguridad y los Delegados Obreros por empresa,
elegidos por los trabajadores. Esa propuesta no fue aceptada
por los empleadores, por lo que resultó promulgada
directamente por el Poder Ejecutivo. El decreto, además,
creó las Comisiones Nacionales Tripartitas Sectoriales de
Seguridad y Salud Laboral que reunirá al sindicato de rama,
la Cámara correspondiente al sector y la Inspección de
Trabajo para definir la política sectorial en la materia.
Quiere decir que hay nuevas normas, promoción de políticas
de seguridad y salud, capacitación de los trabajadores,
etcétera. El escalón de mayor jerarquía es el Consejo
Nacional en Seguridad y Salud, que fue creado por la ex
ministra Analía Piñeyrúa en 1996 pero que nunca
promulgó una sola norma por consenso de partes. Ahora le
hemos dado a ese Consejo Nacional una integración con los
principales responsables de los organismos que intervienen
en la materia como la presidencia de la Cámara de Industria
y la de Comercio, los coordinadores del área de la central
de trabajadores, el Ministro de Trabajo, el Ministro de
Salud Pública, el presidente del Banco de Previsión Social y
el presidente del Banco de Seguros del Estado. Junto a este
organismo de primera importancia, trabajaremos los
directores nacionales de estas áreas produciendo los insumos
que este Consejo deberá consensuar para promover la
Seguridad y la Salud Laboral en el país. El Consejo se
reunirá por primera vez este mes. Será una reunión abierta,
pública, porque pretendemos marcar la importancia que se le
otorga al organismo, ya que el tema demanda un esfuerzo
grande y sostenido para avanzar como es necesario.
También se promulgó, igualmente sin consenso con el sector
empresarial, la limitación a 25 kilos el peso de los bultos
que un trabajador puede cargar a repetición, ya que
habitualmente trabajan con pesos de 50 kilos, lo que provoca
una serie de enfermedades esqueléticas y musculares graves.
Esto obliga a ciertos cambios en algunas industrias como la
del cemento portland, los molinos, los ingenios, entre
otros. Sabemos que esas adaptaciones pueden no ser
sencillas, por lo que estamos dando plazos adecuados para
que se puedan efectuar. Esta medida está vigente en los
aeropuertos, y creo que Uruguay es uno de los
primeros países en disponer oficialmente esta limitación de
la carga. Ahora, debemos tratar de que el MERCOSUR la
revalide.
-¿Cómo
reaccionan los empresarios y los trabajadores ante estos
cambios?
-Ingresé a la Inspección de Trabajo en 1987, y nunca había
tenido la oportunidad de trabajar en tantos ámbitos
tripartitos como ahora, y en los que sí existían quizás no
había la conciencia de que se debían abordar los temas con
un compromiso real. Creo que ahora existe responsabilidad y
preocupación al mismo tiempo. Los empleadores temen que la
Seguridad y Salud Laboral, y los nuevos ámbitos que se
crearon, les provoque mayores problemas en las relaciones
laborales. Los trabajadores, por su parte, viven este
proceso de manera positiva, al punto que hace pocos días, el
responsable de la Comisión de Seguridad Laboral, Salud y
Medio Ambiente del PIT-CNT, Walter Migliónico,
anunció que estudian crear su propia “policía laboral” para
colaborar con la Inspección y la aplicación del Convenio
291. Creo que ambas partes están sintiendo que se está
trabajando con el ánimo de que las cosas funcionen, y no
para redactar normas en ámbitos que dialogan pero no
concretan cambios reales.
Quiero destacar que entre esos ámbitos existe la Comisión que
está reglamentando el Convenio 184 de Seguridad y Salud
Laboral en el ámbito rural, que lleva más de un año de
trabajo con presencia de la Unión Nacional de Asalariados,
Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), el PIT-CNT,
la Asociación Rural, la Federación Rural, los Productores
Lecheros. Hay un trabajo muy serio que va permitiendo
alcanzar acuerdos. Pretendemos tener esto finalizado antes
de que termine el primer semestre de 2008 para salir al
medio rural con el respaldo legal necesario. La disposición
sobre la Comisión de Seguridad y el Delegado Obrero que
mencionamos antes alcanzan a los trabajadores rurales, y
queremos apoyar a los integrantes de las Cámaras
empresariales para que puedan incidir positivamente entre
sus miembros. Muchas veces falta información o capacitación
a ese nivel.
De las más de 20 mil inspecciones que hicimos en 2007, en más
del 87 por ciento constatamos algún tipo de violación a la
normativa laboral. Se dispusieron más de 500 clausuras
preventivas parciales y totales por riesgo inminente para la
vida de los trabajadores. Esto da la pauta de cuáles son las
condiciones reales sobre las que tenemos que trabajar para
promover cambios y mejorar estos datos. En quienes
representan a los sectores en esos ámbitos existe
compromiso, y también conciencia de que se está trabajando
en serio.
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