Aproximadamente 1 millón 320 mil personas son víctimas de trabajos forzados en América Latina y el Caribe, de acuerdo con el informe "Una Alianza Global contra el Trabajo Esclavo", de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), divulgado ayer, día 11. En todo el mundo, según números indicados por el documento, los trabajadores esclavos suman 12,3 millones de personas, de los cuales entre el 40% y el 50% son niños.

América Latina y el Caribe sólo son superados en números de esclavos por la región formada por Asia y el Pacífico, donde existen 9,5 millones de trabajadores siendo sometidos a un régimen de esclavitud. En África sub-sahariana, Europa Occidental y Estados Unidos existen 360 mil personas víctimas del trabajo forzado, mientras que en Oriente Medio y Norte de África son 260 mil, y en los países del Este Europeo, 210 mil.

Una de las principales conclusiones de la OIT es que, del total de personas víctimas del trabajo forzado, 9,8 millones son explotadas por agentes privados y 2,5 millones son forzadas a trabajar por el Estado o por grupos rebeldes militares. "Antiguamente, lo que se veía era que el Estado, muchas veces, explotaba el trabajo forzado. Actualmente, lo que se nota es el crecimiento de esa explotación por parte del sector privado, empresas y personas, generalmente, para la obtención de lucro", afirma Patricia Audi, coordinadora del Programa de Combate al Trabajo Esclavo de la OIT.

Otra conclusión del informe es que, en todo el mundo, el 43% de los trabajadores traficados son usados en la explotación sexual comercial forzada, mientras que el 32% de las víctimas son usadas para explotación económica forzada. El resto o es usado en una combinación de los dos tipos de explotación mencionados o por razones indeterminadas.

Esclavitud mueve U$S 31.600 millones

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el trabajo esclavo mueve cerca de U$S 31.600 millones en todo el mundo. Estados Unidos y los países de Europa son responsables por U$S 15.500 millones de los lucros obtenidos, anualmente, con el trabajo forzado, casi la mitad de la cantidad generada mundialmente. Sólo en esos países, se encuentran 270 mil trabajadores forzados que fueron traficados.

Según la OIT, la impunidad todavía beneficia a los explotadores del trabajo esclavo. Este tipo de delito, que se caracteriza por el cercenamiento de la libertad, todavía es poco penalizado. "En el informe, la OIT sostiene que el trabajo esclavo no puede ser justificado por la miseria, aunque la miseria sea un factor de vulnerabilidad de todos esos trabajadores. La impunidad surge como el principal factor para que exista el trabajo esclavo", afirma Patricia Audi.

Brasil aparece como un buen ejemplo

Brasil aparece en el informe "Una Alianza Global contra el Trabajo Esclavo", de la OIT, como un ejemplo en el combate a la explotación del trabajo forzado. "Tenemos, desgraciadamente, una realidad de reconocimiento oficial de 25 mil trabajadores en régimen de esclavitud, lo que es un dato muy preocupante, pero al mismo tiempo, existe el reconocimiento, por parte de la OIT, de los esfuerzos que vienen siendo realizados en este sentido", afirma la directora de la oficina de la OIT en Brasil, Laís Abramo.

El informe destaca avances que van desde el aumento del número de trabajadores liberados por los grupos móviles de fiscalización del Ministerio de Trabajo hasta el pago de indemnizaciones por los empleadores a las personas rescatadas, pasando por cambios en la legislación y campañas educativas. El lanzamiento del Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en marzo de 2003, también es considerado un paso adelante. Brasil y Pakistán fueron los primeros países en lanzar un programa nacional para combatir el problema.

En 1995, cuando el Ministerio de Trabajo creó los grupos móviles, fueron rescatados 84 trabajadores. En 2003, ese número llegó a 4.932. En Brasil, las empresas que explotan el trabajo esclavo son incluidas en una lista "sucia", divulgada periódicamente y que ya cuenta con 166 nombres de personas físicas y jurídicas. Quien aparece en la lista queda impedido de obtener financiamientos públicos.

Adital

16 de mayo de 2005