Uruguay

Desde hace un tiempo nos vienen saturando con información, estadísticas, cifras y análisis de la situación que está ocurriendo en nuestro país. Nadie mejor que nosotros, las personas que trabajamos y que, para peor, vivimos al norte del Río Negro, para conocer de cerca las contradicciones y falsedades de estas informaciones.

La indiscriminada adquisición de tierras por parte de grupos o personas extranjeras para plantaciones masivas y extensivas de eucaliptus y pinos, y ahora con la vedette del momento, la soja, ha sido y sigue siendo, si no el principal, uno de los principales motivos de la expulsión de chacareros, pequeños productores, trabajadores y familiares de éstos que se están afincando en los cinturones de las ciudades, aumentando los cantegriles y asentamientos irregulares con el consabido perjuicio para las comunidades y los municipios.

Nadie mejor que el trabajador del campo para conocer, por vivirla, esta realidad, lo que estas empresas hacen y deshacen con los que trabajan: salarios de hambre, condiciones inhumanas de trabajo, uso indiscriminado de agrotóxicos, varios de ellos prohibidos a nivel mundial, apoyados por tercerizaciones que en su mayoría no aportan a los organismos de previsión social y pagan –cuando pagan– salarios de miseria.

También en la zona litoral abundan los naranjales que no tienen nada que envidiarle a las plantaciones forestales en cuanto a salarios, condiciones ambientales de trabajo y persecución sindical, funcionando desde hace tiempo listas negras de las cuales, a pesar de las denuncias, movilizaciones y conflictos, ningún ministro de Trabajo se ha dado por enterado.

Nuestra preocupación es qué va a pasar con el campo en nuestro país, cuando vemos día a día la depredación de los montes naturales, el monocultivo de la soja –para peor transgénica– sin hacer rotación ni diversificación, lo que a la larga agotará los suelos tan ricos en nuestro país y en la zona.

Nuestros gobiernos y ministros se han preocupado más por publicitar el crecimiento económico del país, cosa que la mayoría de los pobladores no apreciamos ni notamos en nuestros flacos bolsillos, mientras han logrado socializar el déficit fiscal, los malos negocios y robos de bancos como el Comercial, de Crédito y Montevideo.

Recién en el pasado mes de setiembre nuestro Parlamento se acordó de ratificar el Convenio 184 y la Recomendación 192 de la OIT aprobados en la Conferencia del año 2001. Este convenio se aprobó con 402 votos a favor, 2 en contra y 41 abstenciones. La delegación uruguaya, integrada por el Ministro de Trabajo, el delegado empresarial y el representante de los trabajadores, también lo votó. El Convenio 184 autoriza las inspecciones en los lugares de trabajo en el área rural, autoriza a los trabajadores a abandonar las tareas que se consideren peligrosas o con riesgos para la salud.

No debemos olvidar todos los trabajadores que mueren por accidentes de trabajo, muchas veces sin seguros ni posibilidad de asistencia, como viene sucediendo con trabajadores con patologías graves por contacto de los agrotóxicos que se usan a diario sin protección ni información. Queda pendiente la pregunta de por qué el consenso logrado en Ginebra a la hora de votar el Convenio ha demorado tanto en ratificarse en el país, un Convenio que da a trabajadores y trabajadoras las garantías a las que tienen derecho. Para que estos derechos se hagan efectivos falta, aún, que el Poder Ejecutivo implemente lo que allí se establece.

Como decíamos, lamentablemente se ha realizado muy poco en ayuda de estos trabajadores. No se ha trabajado en su formación, no se les brinda información y asesoramiento. Las inspecciones de trabajo que funcionan en cada ciudad, como representantes del MTSS, no cuentan con los elementos ni los funcionarios que se necesitarían para un normal desempeño de la tarea. Las debilidades presupuestales del Ministerio quedan a la vista si consideramos que, en algunos lugares, hasta ha sido desalojado de los locales que alquilaba.

Con este panorama para los trabajadores rurales es cada vez más difícil trabajar porque lo que se les ofrece es, prácticamente, volver a la esclavitud. Aún hoy, muchos de estos establecimientos tienen su cantina con precios astronómicos, en ella se les cobra a los trabajadores la comida, pero también se les cobra el transporte si viven en la ciudad. Al finalizar la jornada, trabajadores y trabajadoras casi nunca tienen nada para cobrar por su trabajo.

Cómo es posible que hombres y mujeres que salen de madrugada de su casa, como los vemos a menudo con el mate, regresan de noche para ganar 60 o 70 pesos uruguayos; en el caso de las compañeras muchas veces con un avanzado estado de embarazo lidiando con bolsas de naranjas de muchos quilos de peso, subiendo escaleras, arriesgándose a mordeduras de víboras o picaduras de otros animales.

Por eso y por mucho más los habitantes de las ciudades al momento de degustar todos estos productos que provienen del medio rural deberíamos, por lo menos, recordar a estos sacrificados trabajadores siempre, no como ahora cuando algunos candidatos políticos los visitan, les hacen promesas, los palmean, los abrazan y besuquean a diestra y siniestra.

Después de muchos años de esfuerzo, la unidad de las organizaciones de asalariados rurales se está concretando. Esto permitirá unificar las luchas y reclamar los derechos que les corresponden y lograr una vida digna.

Manuel Jorge Silva

© Rel-UITA

5 de octubre de 2004

* Manuel Jorge Silva, ex dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de Norteña –SOEN–, de la Federación de Obreros de la Bebida –FOEB– y del PIT-CNT. Actualmente, asesor de UITA.