Poner la venda antes de la herida es, desde ahora, en Francia una práctica empresarial avalada por la jurisprudencia. El Tribunal de Casación - máxima instancia judicial del país- ha decidido que una empresa puede reducir plantilla por motivos económicos sin esperar a que los problemas se susciten realmente.

Es decir, despedir de forma preventiva. La sentencia, fechada el pasado día 12 y dada a conocer este fin de semana por el diario Le Monde, supone un giro radical de la doctrina de este mismo tribunal en los últimos años, al colocar el amparo de la competitividad de la empresa por delante de la salvaguarda de los puestos de trabajo.

El texto del fallo orilla toda ambigüedad: el tribunal considera lícitas las reestructuraciones de plantilla "para prevenir las dificultades económicas futuras ligadas a la evolución tecnológica y sus consecuencias sobre el empleo, sin estar subordinadas a la existencia de dificultades económicas en la fecha del despido". Hasta ahora, la legislación y la jurisprudencia condicionaban los despidos colectivos a la existencia de dificultades reales y siempre como último recurso, quedando a la apreciación del juez hasta qué punto la competitividad y, por tanto, la supervivencia de la empresa estaban amenazadas.

El caso que ha suscitado la sentencia del Tribunal de Casación es, a este efecto, ejemplar: la empresa Pages Jaunes (Páginas Amarillas), dependiente de France Télécom, decidió en el 2002 rebajar el sueldo a 930 de sus agentes comerciales, en previsión de que se produjera un traspaso de los anuncios en papel a internet. Un total de 118 rechazaron las nuevas condiciones y fueron despedidos. La empresa no pasaba entonces, ni ha pasado después, por dificultades económicas.

Los expertos están divididos sobre el efecto de la nueva jurisprudencia. No pocos creen que el tribunal ha abierto una vía franca para que las empresas puedan aplicar reestructuraciones salvajes. Otros, en cambio, consideran que no será tan fácil y relacionan la sentencia con la nueva ley de cohesión social de enero del 2005, que obliga a las empresas de más de 300 empleados a evaluar - y negociar con los sindicatos- cada tres años los planes de reorganización empresarial que afecten a los puestos de trabajo.

Los sindicatos estaban ayer mucho más irritados por el anuncio del primer ministro, Dominique de Villepin, de crear un nuevo contrato indefinido para jóvenes menores de 26 años que permitirá a las empresas, durante los dos primeros años, proceder al despido sin necesidad de justificación.

COMFIA