Argentina

Según la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la reforma laboral “ha sido insuficiente” para terminar con las irregularidades que aquejan a diario a los trabajadores. Más aún, sostiene que los principales problemas detectados el 2001 por una comisión similar siguen vigentes. 

Similares trampas y desvíos que hace cuatro años se repiten en las relaciones laborales, a pesar de la última reforma a la ley, según establece entre sus conclusiones preliminares la comisión investigadora de los derechos de los trabajadores de la Cámara de Diputados a la que tuvo acceso lanacion.cl.

El estudio de casos de diversos sectores, con los testimonios de trabajadores, empresarios y entes fiscalizadores, permitió a los legisladores constatar que la reforma laboral no fue suficiente para cambiar este negativo panorama, debido en gran parte porque la iniciativa no incluye aspectos que estaban en el proyecto original del Ejecutivo y que no reunieron los votos para ser parte de la ley.

El informe no duda en señalar que la reforma ha sido “claramente insuficiente en el ámbito de las relaciones laborales, como consecuencia de no haber sido abordadas materias como la eliminación del concepto de empresa, no haber regulado la tercerización de manera integral o por la incapacidad de hacer cumplir sus términos oportunamente, así como por la ineficacia de los mecanismos de reclamo ante los incumplimientos”.

Asimismo sentencia que “mientras el país ha tenido altas tasas de crecimiento con resultados cada vez más favorables a las grandes empresas, los trabajadores de éstas se sienten sistemáticamente al margen de los beneficios que con su trabajo diario contribuyen a producir y con crecientes precariedades en su estabilidad laboral”.

Los antecedentes recogidos en la instancia permiten también decir que en Chile se mantienen las discriminaciones por sexo u opción sexual, edad y condición social, que persisten las prácticas antisindicales en muchos sectores, hay abusos en el pago de imposiciones y en el respeto de la jornada de trabajo y turnos, además que faltan recursos para la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo, punto que alarma a las autoridades.

Se espera que la comisión proponga hacer varios cambios a la ley, insistiendo en temas como la eliminación del concepto de empresa y una mejor reglamentación de la subcontratación, una nueva interpretación de la llamada ley Bustos- Seguel, normas contra las prácticas antisindicales, mayores recursos para la fiscalización, protección de los derechos fundamentales y respeto de la jornada laboral.

Ocultamiento del empleador

A modo de ejemplo el informe revela que el abuso del concepto de empresa permite que un mismo empresario tenga distintas empresas contratistas donde puede desviar a sus trabajadores, de modo que no dependan de él. Algunas de estas empresas carecen de capital y no responden al momento de demandas laborales.

Los legisladores plantean en sus conclusiones preliminares que existen numerosos casos de “ocultamiento de la identidad del empleador a través de aparentes figuras de tercerización , lo que puede dar origen a muchas situaciones de desprotección pata el trabajador, ya que lo que se oculta es la real dependencia y subordinación que se ejerce en el contrato y otras veces implica difuminar el patrimonio en que el trabajador puede hacer efectivos sus derechos laborales y previsionales”.

Los testimonios recogidos dan cuenta de que muchas veces se da la formación de empresas contratistas que en la práctica no son reales ni autónomas, sino que son creadas por el mandante exclusivamente para tener otro canal administrativo de remuneraciones sin dependencia ni subordinación suya.

“En concreto, la forma que esto adquiere es el despido de trabajadores con grandes beneficios acumulados y su recontratación con menores remuneraciones y beneficios, pero ejerciendo la misma función que antes en la empresa”, se plantea en las conclusiones, recalcando que esta modalidad permite además dividir a los trabajadores, impidiéndoles ejercer derechos colectivos, ya que no pertenecen a la empresa, al menos no en el papel.

Otra forma de desviar responsabilidades es el suministro de personal por parte de empresas proveedoras de trabajadores, lo que debiera tener como característica básica la temporalidad, pero que suele ser el giro que se usa para mantener trabajadores permanentes sin dependencia de la empresa.

En este ámbito, “muchas veces ocurre que una empresa crea ella misma una subsidiaria, cuyo giro es autosuministrarse personal, de tal manera que estas empresas tienen en su patrimonio todo el pasivo de los trabajadores y la empresa para la que prestan servicios tiene todo el activo pero no responde por las deudas laborales, puesto que formalmente no es su empleadora”.

También la comisión recibió antecedentes de abuso de personalidad jurídica, que implica que una misma empresa se divida en varias sociedades o razones sociales con diferente rol único tributario. “Bajo este sistema se realizaría la contratación de los trabajadores en alguna sociedad que no tiene capital y todo el activo de la empresa pertenecería a otra sociedad que no es la empleadora. Así la empresa contratadora no podría responder a sus trabajadores en caso de una demanda”, señala el borrador de conclusiones.

Prácticas antisindicales

Las empresas de servicios, como supermercados y grandes cadenas de tiendas son las que concentran las mayores prácticas antisindicales, reza el informe, apuntando especialmente a que existe “una sensación de inseguridad e inestabilidad a quienes se atreven a formar sindicatos y a afiliarse a uno de ellos”.

También se detectaron casos graves en una gran empresa del sector de telecomunicaciones, “que ha desarrollado una política antisindical que significó que entre julio y noviembre del 2003 se cambiaran alrededor de 1500 trabajadores de cinco sindicatos a uno que era el favorecido por la empresa”.

La fuerza asalariada en Chile corresponde a 3,5 millones de trabajadores y sólo el 5% está cubierto por instrumentos colectivos, y si bien la última reforma reforzó este tema y la tasa de sindicalización se ha incrementado, en la comisión se supo de “un sinnúmero de prácticas antisindicales”.

El borrador de conclusiones señala que “principalmente en el sector servicios parece advertirse que las relaciones laborales adolecen de la madurez suficiente para concordar un nivel de relación fluida entre empleadores y trabajadores agrupados colectivamente en un sindicato. Del mismo modo esta situación se da con frecuencia en el sector de los trabajadores temporeros”.

Angélica Meneses

La Nación

30 de marzo de 2005