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Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el trabajo
mata más que la guerra. Cada año mueren
2 millones
de trabajadores y trabajadoras (más de
5.000 por
día) en accidentes o a causa de una
enfermedad
ligada al trabajo, frente a las 650
mil
personas que mueren en las guerras de
todo
el mundo en un año.
En España, la brutal destrucción de empleo
-se ha superado la barrera de los 4 millones
de parados, la cifra más alta de su historia-
se entrelaza a una brutal destrucción de la
salud y la propia vida de miles de personas.
Así, el país se ubica en los primeros lugares
en accidentes de trabajo y siniestralidad en la
Unión Europea: cada día fallecen tres
trabajadores,
23 sufren accidentes graves en su puesto de trabajo
y hay 2.499 accidentes leves.
La siniestralidad
laboral se cobra anualmente la vida de
más de 1.000 personas mientras trabajan.
¿De dónde
se nutre esta suerte de terrorismo silencioso que a diario
mata en los centros y ámbitos de trabajo? La respuesta no es
complicada: en los altos índices de temporalidad,
precariedad, subcontratación, en las malas prácticas, la
desidia y la indiferencia empresariales tanto como en la
falta de prevención de riesgos laborales, rasgos que
constituyen las características salientes del mercado
laboral español,
el
que más
ocupación precaria crea en la Unión Europea. |
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Ello
explica también que
3 de cada 4 trabajadores presenten molestias físicas relacionadas con las
enfermedades osteomusculares, y
que el 20
por ciento del total de trabajadores y trabajadoras
desarrollen síntomas de estrés.
Para el Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y
Salud (ISTAS), “las condiciones de empleo, con sus
connotaciones de temporalidad, flexibilidad y movilidad
extrema,
están en la base de un deterioro progresivo de las
condiciones de trabajo, que tiene repercusiones negativas en
la salud de quienes las sufren”.
Esas circunstancias de empleo constituyen un elemento
determinante de las condiciones de trabajo, y España
muestra claramente cómo la exposición a riesgos no es igual
para trabajadores y trabajadoras con un contrato permanente
o con uno temporal. Varios estudios señalan que los
accidentes laborales entre los trabajadores con contrato
temporal superan el 50 por ciento del total en los últimos
años.
Las estadísticas reflejan que
el número de accidentes laborales padecidos por trabajadores temporales
ha crecido en más de 20 puntos porcentuales durante la
última década en comparación al incremento registrado por el
número de empleados con contrato permanente.
Según
Joaquín
Nieto,
especialista en salud laboral de CCOO, “En muchas
ocasiones se emplea a trabajadores eventuales o
subcontratados para realizar las labores más penosas o
peligrosas y evadir así las normas de protección ante los
riesgos. Las empresas cuentan con una mano de obra barata,
dócil y dispuesta a la máxima flexibilidad, adaptabilidad y
a las exigencias empresariales, ante el temor a perder el
empleo”.
Para esos trabajadores y trabajadoras -en un
alto porcentaje jóvenes e inmigrantes- las condiciones
de empleo precarias tornan mucho más compleja y difícil su
participación en la defensa de su salud y seguridad. “La
precariedad hace al trabajador más débil frente al
empresario, y el chantaje es una realidad. Son frecuentes
los trabajadores temporales que hacen, por ejemplo, más
horas que las convenidas o cobran un salario inferior, o
aceptan ser adscritos a una categoría más baja que la que se
corresponde con su cualificación profesional. Sacrifican
todo a la esperanza de ser renovados”.
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El modo de
producción capitalista -complejo y múltiple en
sus evoluciones y manifestaciones-
no hace, desde
siempre, más que una simple cosa: una continua,
enorme, programada transfusión
de las venas de
un cuerpo social, la clase del trabajo, a las
venas de otro cuerpo social, la clase del
capital.
(Clase y
Salud, Giulio Maccacaro) |
Tan absurda y demencial es la dimensión de la
siniestralidad laboral en España, que a finales del
pasado año se creó la Asociación de Víctimas del Trabajo (AVT).
Desde este colectivo se enfatiza que “El cumplimiento de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe ser una
exigencia para el empresariado. La Inspección de Trabajo
visita alrededor de 12.000 empresas anualmente para
certificar el cumplimiento de la ley, así como valorar la
situación de los trabajadores. Algo ineficiente, ya que
faltan técnicos en el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, que desde 1996 ha perdido más del 30
por ciento de sus efectivos. ¿Para qué crear una ley que no puede ser llevada a cabo?, se pregunta
la AVT”.
Un estudio realizado por Comisiones Obreras exige la
construcción de una estrategia española en seguridad y salud
en el trabajo, para visitar las cerca de
300.000 empresas
que carecen de representación sindical: las llamadas
empresas blancas. Allí, tierra de nadie, al no llegar el
sindicato no existen representantes sindicales en materia de
prevención.
Las
muertes y los accidentes de trabajo cuestan aproximadamente
12.000 millones de euros al año, el 1,72 por ciento del PIB. El coste de las jornadas perdidas asciende a 6.527 millones de euros y
el de la Cobertura de Riesgos Profesionales por las Mutuas y
Seguridad Social más de 5 mil millones de esa moneda vía
cotizaciones sociales. Esta masacre cotidiana “debería
activar la voz de alarma de una vez, como ocurre con los
accidentes de tránsito, sin embargo, lejos de alarmar, estos
datos son silenciados”, se denuncia desde la AVT.
Los accidentes de trabajo dibujan la parte visible de
la problemática de la salud y las condiciones laborales. Un
informe del ISTAS
calcula que
los accidentes representan alrededor del 10 por ciento de la
mortalidad derivada del trabajo.
Por su
parte,
las Enfermedades Relacionadas con el Trabajo -obstinadamente
ocultas en los registros oficiales- causan al menos
16.000 muertes anuales, “aunque lo máximo que se ha
declarado algún año son cinco (sí leyó bien: 5), según el
director general de Salud Laboral del Gobierno de Cantabria,
Iñigo Fernández.
Pero hay otro problema: un tendencioso
subregistro de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo.
“En
España se declaran de manera oficial apenas 17.000
enfermedades profesionales, cuando en realidad hay que
reconocer unas 90.000 patologías relacionadas con el
trabajo, y lo malo es que si no se reconocen no se puede
aplicar políticas de prevención”.
Así, la enfermedad profesional no es casi nunca mortal,
pero, sin embargo, “hay declaradas más de
17.000
pensiones de viudez por enfermedades profesionales.
Asimismo, no es comprensible también que en uno de los
países más ruidosos de Europa, con más
de 249.000 hipoacusias severas declaradas, sólo se
reconozcan 551 de estas enfermedades profesionales auditivas
cuando se estima que por motivos laborales tendría que haber
unas 5.400”,
advierte
Fernández.
Como bien se manifiesta desde el ISTAS, “la
siniestralidad no es la consecuencia de una maldición
bíblica, ni un tributo insoslayable del trabajo. Los
accidentes son el resultado de la ausencia de unas prácticas
preventivas que son conocidas y aplicables”.
Son consecuencia también de una ideología empresarial
en la cual el trabajo precario es concebido como una
oportunidad para la gente de vida precaria, es decir: para
todos los trabajadores y trabajadoras.
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