ámbito laboral

La trasnacional granera de origen holandés Nidera –empresa insignia de la promoción transgénica– está siendo investigada en Argentina por mantener en condiciones de hiperexplotación a cientos de trabajadores en la provincia argentina de Buenos Aires, la mayoría de ellos provenientes del norte pobre del país.

Los casos detectados y comprobados por inspectores ministeriales rondan los 150, pero la justicia piensa que habría al menos mil personas laborando en las mismas condiciones, no pocas de ellas menores de edad, en la más rica de las provincias argentinas.

En los establecimientos a los que llegaron a fines del año pasado los inspectores de los ministerios de Trabajo federal y de la provincia se constató que los operarios, dedicados a la desfloración del maíz, vivían hacinados en trailers de chapa, de a 18 por trailer, sin la más mínima higiene, con escasa o nula seguridad, privados de agua potable y luz eléctrica y recibiendo una paga al negro de la que se les descontaba las provisiones que la propia empresa les vendía a precios siderales.

La jornada laboral de estos trabajadores semiesclavos (algunos de ellos analfabetos, la mayoría indígenas), que ignoraban por completo dónde estaban y a los que se les prohibía abandonar los límites de los establecimientos rurales, superaba las diez horas diarias, casi siempre al rayo del sol.

Buena parte de ellos provenían de la provincia de Santiago del Estero, y habían emigrado hacia el sur con la promesa de una vida digna que les habían formulado reclutadores que operan para compañías del agronegocio. Se les decía que serían contratados legalmente por “la mejor empresa”, recibirían una buena paga y gozarían de buenas condiciones de trabajo.

Luego eran transportados en ómnibus hacia un destino desconocido por ellos, y al llegar a los establecimientos –casi todos de los investigados actualmente propiedad de la transnacional Nidera- se les privaba de documentos y se los amenazaba con que si alguno osaba irse todos los demás integrantes de su cuadrilla de trabajo (una cuadrilla está compuesta por 16 operarios) serían despedidos sin pago alguno y devueltos “allí de donde habían venido”.

El director de Bromatología de San Pedro, una localidad de la provincia de Buenos Aires en la que están ubicados varios de los predios allanados, sostuvo que éstos se parecían a campos de concentración. “Más no podían explotar a esta mano de obra barata”, dijo. Él mismo vio cómo un adolescente que trabajaba en la cosecha del maíz se bañaba con agua que había estado depositada en un tanque para productos agrotóxicos y otro funcionario constató que el personal no disponía de baños (dos agujeros en el piso oficiaban de retretes). Comprobó también el hacinamiento de los operarios, la mugre que rodeaba los barracones en que vivían y la presencia en las cercanías de ratas, alimañas y serpientes.

A su vez, la empresa tercerizada por Nidera para suministrar alimentos a los trabajadores se los vendía a éstos a precios muy por encima del mercado (más del doble). En algunos casos se trataba de productos de comercialización prohibida entregados gratuitamente por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a comedores populares.

El fiscal que constató in situ las condiciones en que los empresarios mantenían a sus trabajadores ya inició contra ellos y contra personal subalterno de los establecimientos una causa por reducción a servidumbre y malversación de caudales públicos, y no se descarta que también haya encausados por trata de personas. Por ahora hay cuatro detenidos, dos capataces y dos ingenieros de Nidera.

Zaida Gatti, directora de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia, concluyó, tras entrevistar a varios de los trabajadores y reconstruir el modus operandi de los empresarios, que “están reunidos todos los elementos que tipifican una organización criminal: la captación en la provincia de origen por parte de cabecillas que tratan de ganar la confianza de familias que viven en una situación de extrema vulnerabilidad, el engaño (porque el consentimiento dado por los trabajadores fue para condiciones que no se conocían), y el traslado al lugar de explotación posterior, aun con el asentimiento de las personas víctimas de la trata”, según resumió el diario Página 12.

La situación de indefensión de estas personas, señala el diario citando a la psicóloga, se agrava porque se trata de gente analfabeta o con muy escaso nivel educativo, fácilmente sometible y en situación de extrema dependencia económica. “Aunque tenían conciencia del abuso y expresaron su insatisfacción todos dijeron que no podían retornar a sus hogares sin el dinero prometido”, subraya el cotidiano.

Parte de los trabajadores reducidos a servidumbre en las fincas de la provincia de Buenos Aires pertenecen a comunidades indígenas de Santiago del Estero, y se han visto obligados a buscar trabajo en otras zonas del país porque carecen del mismo en sus propias tierras, en parte porque han sido “robados” por las grandes transnacionales, según dicen.

“Si tuviéramos agua para trabajar las tierras no iríamos a trabajar a otras provincias. Pero no tenemos agua para regar, ni siquiera suficiente para tomar”, dijo a Página 12 Oscar Zurita, representante del pueblo diaguita cacano de Santiago del Estero.

Reinaldo Ledesma, un sociólogo que investiga para la OIT las migraciones de trabajadores rurales de esa provincia, señaló que el agua empezó a escasear en el lugar desde que se construyó un dique sobre el río Hondo, en 1950, y sobre todo a partir de la instalación de un sistema de canales internos que sirven esencialmente a los predios de los terratenientes locales.  

Por otro lado, las tierras habitadas por las comunidades autóctonas que pueblan Santiago del Estero son cada vez más preciadas por los grandes empresarios ganaderos de la provincia de Córdoba reconvertidos a la soja, que necesitan de tierras para trasladar sus vacas “corridas” por la expansión de la oleaginosa.

Ambos factores, la escasez de agua y la presión sobre sus tierras, han sido decisivos para su masiva migración hacia otras provincias.

Muchos de los santiaguinos que terminaron trabajando para Nidera antes lo hicieron para Monsanto u otras grandes firmas agrícolas nacionales o extranjeras, como Pioneer o Donmario.

A todo esto, Nidera niega. Sus representantes dicen que las autoridades provinciales y estatales carecen de pruebas fehacientes de lo que afirman. Lo mismo sostiene la directiva de la Sociedad Rural Argentina, que calificó el lunes 10 de “temerario” al ministro de Trabajo Carlos Tomada, que había denunciado la situación.

Lo descubierto en los campos arrendados por Nidera, dijo Tomada, demuestra que “en la actividad agropecuaria hay una explotación infrahumana en algunos casos”. También alertó sobre los niveles de informalidad en el agro, que según organismos estatales como el Instituto de Estadísticas llegan al 70 por ciento.

Nidera, la firma fundada en Holanda hace unos 90 años y cuya sigla proviene de los países que dominaban en la época el mercado cerealero -la propia Holanda (Netherlands); India; Alemania (Deutschland); Inglaterra (England); Rusia y Argentina, ya estaba siendo indagada desde hace varios meses por el Estado argentino.

Junto a otras tres grandes exportadoras de granos (Bunge, Cargill y Molinos Río de la Plata) se la investiga por evasión fiscal. Entre 2005 y 2009 habría omitido pagar al Estado argentino unos 260 millones de pesos locales (cerca de 65 millones de dólares).

Nidera es líder en el mercado argentino de semillas, figura entre las seis mayores exportadoras de granos que operan en el país y entre las siete exportadoras de aceites. Posee terminales portuarias propias y también vende insumos agrícolas y produce diversos agrotóxicos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas). Fue la primera empresa que obtuvo en Argentina el permiso para comercializar soja transgénica resistente al glifosato.

La autorización le fue expedida en 1996, cuando el país era gobernado por Carlos Menem y el ministro de Agricultura era Felipe Carlos Solá, que casualmente figura como socio de otra empresa propietaria de un establecimiento en el que esta semana quedó al descubierto un sistema de superexplotación de mano de obra similar al de Nidera.