El gobierno de Uruguay y la OIT suscribieron recientemente un convenio para promover el Trabajo Decente. Corresponde reflexionar sobre el alcance de un concepto que se ha hecho cada vez más frecuente en los documentos de la OIT, aunque no tanto en la vida cotidiana de los trabajadores.

La expresión “trabajo decente” se ha ido abriendo camino desde finales del siglo pasado. En la Conferencia Internacional del Trabajo de 1999, el Director General de la OIT, el chileno Juan Somavía presentó una memoria con ese título. Allí aparece una primera definición: “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y protección social”. A partir de ese momento el trabajo decente se transformó en un objetivo estratégico de la OIT. Se entiende que las políticas de empleo de los países no deben estar orientadas solamente a aumentar el número de los trabajadores ocupados sino también la calidad del empleo. Esta definición coincide con una de las acepciones gramaticales del término “decente”: “de buena calidad o en cantidad suficiente”.

El convenio celebrado el 27 de febrero de 2007 entre la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), establece una coincidencia en el objetivo de creación de  empleo productivo, con alta cobertura formal, dotado de protección social y garantía para el ejercicio de los derechos fundamentales en el trabajo.

El Gobierno con la cooperación técnica de la OIT elaboró una Agenda del Programa de Trabajo Decente. Se resalta que el empleo no se concibe como un resultado residual del crecimiento económico, sino como un factor productivo, un "insumo de una estrategia que apunte a la creación de puestos de trabajo productivos, en lugar de ser un mero producto"¹. En ese contexto el programa considera a los individuos como creadores de riqueza y de crecimiento, como actores que pueden mejorar su propio bienestar. El programa concuerda, por tanto, con la premisa de la OIT que establece que el trabajo no es una mercancía y que las dimensiones cuantitativa y cualitativa del empleo son indisociables.

Se determinan varias áreas de cooperación. La primera de ellas es el fortalecimiento de la institucionalidad gubernamental. En primer lugar se trata de consolidar las diversas áreas del Ministerio con el propósito de llevar adelante la elaboración de leyes sobre el sistema de relaciones laborales y el desarrollo de la negociación tripartita tratando de mejorar su funcionamiento. También se analizarán y evaluarán los métodos vigentes de prevención y solución de conflictos colectivos, materia en la cual se reconoce que existe un déficit. A los efectos de promover los derechos fundamentales en el trabajo se llevarán adelante acciones de formación de inspectores, negociadores y actores.

En materia de políticas de empleo, el programa plantea fortalecer la Dirección Nacional de Empleo, a efectos de ayudar a compatibilizar el crecimiento económico con la creación de empleos de calidad. Se priorizan actividades dirigidas a favorecer la formalización de la economía informal, promover las microempresas, impulsar la formación profesional y la reinserción laboral, prestando especial atención a los desocupados de larga duración. Se pone énfasis en mejorar el diagnostico de la situación en materia de relaciones laborales. Para ello se reformulará y fortalecerá el Observatorio de Mercado de Trabajo².

En cuanto a las políticas de Seguridad Social, se reformula la estructura del área en el MTSS, transformando en Unidad Ejecutora de Seguridad Social, lo que era una unidad asesora  y se promueve un debate amplio y participativo sobre el tema.

Se le otorga importancia destacada a la protección de los derechos fundamentales en el trabajo. No solamente se trata de fortalecer los controles, sino también insistir en políticas que armonicen el necesario aumento de la productividad y competitividad de las empresas con el cumplimiento de la normativa interna en materia de derecho del trabajo. Se implementará un programa de salud y seguridad en el trabajo. Por otra parte se plantea intensificar los controles en la actividad rural a los efectos de dar fiel cumplimiento al Convenio 184 de la OIT, ratificado por el Uruguay en el 2005.

Finalmente el programa apuesta al diálogo social. En este aspecto se pretende consolidar los Consejos de Salario (órganos tripartitos en los que se regulan salarios y condiciones de trabajo por rama de actividad). Fueron convocados en el 2005 luego de quince años de inactividad y se extendieron a la actividad rural, a los trabajadores públicos y se está instrumentando la instalación de otro consejo para el servicio doméstico. También se fortalecerá la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades. Seguramente la apuesta más fuerte, a la que hemos hecho referencia en artículos anteriores, es la promoción de una ley de negociación colectiva.

Es indispensable reflexionar sobre la existencia de dos sistemas de relaciones laborales paralelos, cuya distancia se profundizó con el auge de las políticas económicas neoliberales de la década del 90 y cuyos efectos se agravaron con la crisis económica de principio de siglo. La fragmentación del mercado laboral, con la consiguiente desaparición de las concentraciones de trabajadores, han determinado una tendencia al crecimiento del mercado informal. El gobierno ha enfrentado esta situación y el Ministro de Trabajo pudo decir quince meses después de iniciado su mandato “el empleo sólo creció algo más del 2 por ciento. Pero la afiliación a la seguridad social, la formalización del trabajo, mejoró más del 13 por ciento"³.

Se trata, pues de que haya más empleo pero también mejor empleo. Sin embargo, quienes tenemos contacto diario con trabajadores, fundamentalmente con los informales, podemos comprobar que los abusos se siguen dando respecto de aquellos que necesitan de un empleo (cualquier empleo) para subsistir. Obviamente que es responsabilidad del gobierno que esta situación no se siga produciendo. También, por supuesto, corresponde a los empresarios cumplir con las leyes laborales. Pero fundamentalmente se necesita el protagonismo de los trabajadores.

Si la palabra solidaridad sigue movilizando a los trabajadores, es necesario que el movimiento sindical se ponga al frente de esta reivindicación. Si queremos trabajo digno, equitativo, seguro y con adecuada protección social para todos, es indispensable que los trabajadores organizados se comprometan por sus hermanos de clase que no tienen la fortuna de contar con un trabajo decente.

En Montevideo, Uruguay Ortiz © Rel-UITA 21 de marzo de 2007