Según
Fernando Villarán,
ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, dos de cada tres
peruanos no tiene acceso a un empleo adecuado y se ven obligados al desempleo,
subempleo y la actividad informal, sólo uno consigue un trabajo adecuado y
bien remunerado
Villarán
en su artículo “Un
punto en la agenda del próximo gobierno: La promoción del Buen Empleo”,
advierte que la falta de empleo adecuado sigue siendo considerada por la población como
su principal problema.
La precariedad laboral
alcanza al 72 por ciento de la población del país que trabaja en
microempresas -que emplean de dos a nueve trabajadores-, de manera
independiente no profesional o es trabajador familiar no remunerado. Todos
laboran en condiciones de baja productividad y con escaso apoyo de las
políticas públicas, sin adecuadas condiciones remunerativas y carentes de
protección social.
Según el economista
Julio Gamero en el último año, la creación de nuevos empleos en empresas
de más de diez trabajadores ha alcanzado tasas entre 7 y 8%, sin embargo,
señala que la tendencia en la recuperación del empleo formal lamentablemente
no se ha traducido de una manera similar en una mejora de los ingresos de
los trabajadores, autoempleados y profesionales independientes.
A un gran porcentaje de
trabajadores se les paga mediante recibos por honorarios, comprobantes de
pago que deben entregar al momento de cobrar por los servicios prestados
quienes ejercen una profesión, oficio, ciencia o arte en forma individual, y
que no los liga laboralmente con la empresa para la que laboran ni les da
derecho a ningún beneficio o compensación laboral. El proceso es regulado
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
La mayor explotación esta
en la agroindustria, sector que pese a tener un crecimiento sostenido y ser
para muchos una alternativa importante para el futuro del Perú, los
empresarios ofrecen un trato inhumano y atentatorio contra la dignidad a
cientos de mujeres y hombres que, con su trabajo, contribuyen a que las
empresas recauden ingentes ingresos, especialmente por el espárrago,
producto bandera de la agroexportación.
Las mujeres son piezas
clave por su habilidad manual para la cosecha de esta hortaliza, trabajan
durante 10 horas, desde las cuatro de la mañana, bajo las inclemencias del
sol o los vientos cargados de arena que abundan en las zonas productoras,
sin ningún tipo de protección.
“Las trabajadoras y
trabajadores de la agroindustria están sujetos a un régimen laboral especial
que establece menores remuneraciones, gozan de la mitad de las vacaciones y
la tercera parte del monto indemnizatorio, en caso de despido laboral”,
señala Karim Flores, responsable del Área de Propuestas de Políticas
Laborales y Educativas de la Asociación Aurora Vivar.
Los menores estándares
laborales creados con esa legislación regirán hasta 2021. Con esa decisión,
el Estado peruano ha otorgado indebidamente factores de productividad y
competitividad a costa de los derechos humanos de los trabajadores, explica
Flores.
“Es abiertamente
discriminatorio, atenta contra el principio de igualdad ante la ley y pone
en cuestión convenios internacionales de la Organización Internacional del
Trabajo, firmados por el Estado peruano”, agrega.
La inequidad social y los
niveles de pobreza de trabajadoras y trabajadores quedaron en evidencia el
miércoles 15 agosto, cuando un terremoto de siete grados en la escala de
Richter le cambió el rostro a varias ciudades de la región Ica, a 250
kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Sus viviendas precarias, la mayoría
construidas con paja y adobe (bloques de arcilla), sucumbieron ante el
movimiento telúrico.
La región Ica, junto con el
departamento de La Libertad, a 500 kilómetros al norte de Lima, son las
principales zonas agroexportadoras del país y generan el 3,8 por ciento del
Producto Bruto Interno nacional.
Sin embargo,
la pobreza afecta al 50,3 por ciento de la población de Ica y pasará mucho
tiempo para conocer el porcentaje de trabajadores agroindustriales de esta
región afectados por el sismo. Ellas y ellos, cargando su dolor a cuestas,
han sido el primer sector productivo en reintegrarse a trabajar, desde el
lunes pasado, porque en opinión de los empresarios “la producción no puede
parar”.
Julia Vicuña Yacarine
© Rel-UITA
30 de agosto de 2007 |
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