Uruguay

La Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay se encuentra en conflicto, desde hace más de tres meses, con la administración del MTSS. Hoy el gremio realizará una jornada de denuncia con ocupación y paro de actividades, concentrándose en sus oficinas a partir de las 9.30 horas.

Se expondrá un audiovisual que muestra las malas condiciones de los trabajadores forestales, considerándose que esa realidad se reitera en otras actividades: "Los naranjeros del norte, los peludos de la caña de azúcar, los taiperos, los pescadores, son sólo algunos de los grupos para quienes no existen las leyes y sufren condiciones de trabajo injustas, por calificarlas de alguna forma".

Las medidas declaradas por el gremio son la suspensión de todas las actuaciones inspectivas en todos los ámbitos portuarios del país, así como también en la industria de la construcción y el retiro de todos los inspectores de trabajo de las comisiones técnicas que integran como asesores.

Las remuneraciones bajas de los inspectores de trabajo hacen que muchos de ellos tengan que vivir en situaciones de multiempleo. A esto se agrega la dificultad de contar con insuficientes recursos económicos y materiales para el adecuado funcionamiento del servicio, y se les han asignado nuevas competencias, sin ninguna contrapartida a cambio.

"Desde el año 2001 según ley nº 17.243 y su decreto reglamentario nº 176/01, se nos transfirieron las responsabilidades en materia de condiciones de seguridad y salud, en todos los ámbitos portuarios del país al disolverse la Administración Nacional de Servicios de Estiba (ANSE). Los recursos de funcionamiento de ANSE surgían de una tasa a las importaciones, que aun se sigue aplicando. Según las normas mencionadas, el producido de dicha tasa, se vierte en rentas generales a quien esta administración debe reclamar y no lo hace, los recursos para el cumplimiento de las nuevas competencias".

También denuncian, que el actual gobierno no responde a las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo la que a través de su comité de expertos en aplicación de normas, luego de procesar la denuncia efectuada por la Confederación Iberoamericana de Inspectores de Trabajo, que integran, solicitó en este año, medidas para "restablecer a los inspectores las condiciones de servicio que garanticen su independencia respecto a toda influencia exterior indebida y que les permitan ejercer sus funciones con la autoridad, así como reforzar los medios materiales, financieros y logísticos indispensables para el ejercicio de sus funciones, teniendo en cuenta la movilidad que necesitan".

Entre otras exigencias de la OIT se solicitó al gobierno, un régimen de exclusividad para los inspectores de trabajo. Esto es posible para la D.G.I por una ley firmada por el ministro. Para el gremio no es posible, porque "nuestras funciones no son recaudadoras, sino de orden social".

El Gobierno Uruguayo, ha hecho caso omiso a estas observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, quién lo viene observando año a año, por violar el Convenio Internacional 81 sobre la Inspección del Trabajo del Uruguay.

"Cuando el trabajo no dignifica"

La exposición audio visual denominada "Una mirada al mundo del trabajo en el Uruguay de Hoy", muestra a través de imágenes la realidad de los predios forestales de nuestro país. Bajo la consigna "cuando el trabajo no dignifica, enferma y mata" los inspectores informan que "en la actualidad se relevaron 700 mil hectáreas plantadas en el país, los puestos de trabajo generados en el sector, no alcanzaron a colmar las proyecciones que dieron fundamento, y justificaron los subsidios otorgados. La calidad de los trabajos ofrecidos, no mejoraron las condiciones de vida del trabajador ni de sus familias".

Así como también denuncian que los elementos de protección personal de uso obligatorio son casi inexistentes, la presencia de niños y adolescentes en actividades de alto riesgo, también constituyen esa realidad. Por otra parte señalan que "el 23 de Mayo del 2001, 90 países, incluido Uruguay, adhieren al llamado Convenio de Estocolmo, donde se acuerda proscribir el uso de 12 contaminantes orgánicos persistentes. Entre las sustancias incluidas se encuentra el hormiguicida granulado cuya sustancia activa es el dodecacloro, ampliamente utilizado en el país, especialmente en la forestación. La OIT, califica al dodecacloro, cuyo nombre comercial es "Mirex", como probablemente cancerígeno en seres humanos. Habitualmente los trabajadores forestales comparten sus espacios junto al hormiguicida".

Asimismo denuncian el frecuente uso de agua contaminada "en la realización de las actividades, solo se tiene acceso a fuentes de agua contaminada. Los resultados de análisis físico-químicos y microbiológicos realizados, califican estas aguas como no potables.

Los empresarios o patrones, se desentienden de esta fundamental exigencia legal".

"El plan de emergencia instrumentado para la industria de la construcción durante 1996, fue la última acción planificada y realizada por la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social, para el control de los riesgos generados en una actividad específica. Otros esfuerzos realizados con el fin de controlar las actividades portuarias, y forestales, no han contado con el interés, respaldo y asignación de recursos por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo, fracasando así todas las iniciativas de los inspectores".

Daniela Fassanello

Diario La República

14 de Octubre de 2004