La historia de violencia sufrida por Aurelita, con 3 hijos y apenas 26 años, comenzó cuando siendo niña recibió maltrato físico y psicológico por parte de sus padres. Siendo muy joven se fue de casa para escapar de la situación que vivía en el hogar, pero su matrimonio fue aún peor. Harta de palizas y de los abusos sexuales a las que éste le sometió durante diez años dejó a su marido.

Ahora sufre el ostracismo de sus vecinos por denunciar a uno de ellos que abusó de su hija de cuatro años. "Me amenazan con quemar mi casa si el hombre acaba en la cárcel. Por las noches lloro, tiemblo y tengo pesadillas, pero animo a las mujeres a que tengan valor y denuncien", afirma con valor.

El caso de Aurelita no constituye un hecho aislado. Según la encuesta de demografía y salud realizada por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos en 1998, en Nicaragua una de cada tres mujeres casadas sufre o ha sufrido abuso sexual o físico alguna vez y el 33% de las mujeres víctimas de abuso sexual o físico estaba embarazada en el momento del acto de violencia.

De acuerdo a los datos de la Policía Nacional nicaragüense, en 2003 más de 51.000 mujeres y niñas nicaragüenses fueron víctimas de violencia intrafamiliar y abusos sexuales cometidos en su mayoría por padres, padrastros o cónyuges. Este dato contrasta con las 50.088 denuncias presentadas en España con ocho veces más población. Sólo en 2004, se notificaron 50 mujeres muertas a manos de sus compañeros sentimentales, siendo siete de ellas niñas menores de 15 años.

Además, la violencia de género también tiene consecuencias económicas. Para las mujeres que la sufren significa miedo, depresión y pérdida de la autoestima. Para la sociedad, en tanto, la violencia contra las mujeres compromete recursos destinables a otros fines. Así lo demuestra un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estimó en 1996 que la violencia doméstica reducía los ingresos de las mujeres nicaragüenses en 29,5 millones de dólares (1,6% del PIB) debido a las lesiones que sufrían a manos de su pareja.

El propio estudio del BID mostraba que, en Managua, el 63% los hijos de familias con violencia intrafamiliar repetía años escolares y, en promedio, abandonaba la escuela en el noveno año, frente a una escolaridad de doce años de los hijos de mujeres que no sufrían maltrato.

Un problema público

Antes, la violencia era concebida como un asunto privado dentro de las familias. La dependencia económica y emocional, la vergüenza, el miedo, el desconocimiento de sus derechos y de los recursos existentes o la propia desconfianza en la justicia eran algunas de las barreras que impedían que las mujeres se atrevieran a denunciar su situación.

En la actualidad y gracias al esfuerzo y al activismo de mujeres a nivel mundial, la misma ha llegado a considerarse como un problema de salud pública de gran envergadura, así como un problema de derechos humanos, en el cual, los gobiernos tienen la obligación y el derecho a intervenir. A este esfuerzo contribuyen organizaciones como Fundemuni y Ayuda en Acción Nicaragua que trabajan conjuntamente en el departamento de Nueva Segovia.

En colaboración con esta organización local, Ayuda en Acción impulsa un programa para la atención psico-social y legal a mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Dentro de este programa promovemos la formación de grupos de autoayuda y facilitamos el acompañamiento a las personas víctimas de malos tratos a las instancias pertinentes para ejercer la defensa de sus derechos como establece el nuevo Código Procesal Penal nicaragüense. Para ello, se realizan consultas y evaluaciones de las lesiones sufridas por víctimas de violencia doméstica para facilitarles el acceso a la justicia.

“La policía dice que somos su mano derecha porque recogemos pruebas para llevarlas a juicio”, comenta Yorlin Zelaya, trabajadora social de Fundemuni. Sin embargo existen otros obstáculos como los jurados de conciencia, “Estos tribunales populares –afirma Yorlin– están formados por miembros de las propias comunidades, que suelen fallar en favor del agresor ya que lo conocen; además, las leyes de protección como el alojamiento son difíciles de dictar porque, al fin y al cabo, los jueces son hombres”.

Por eso, otro de los aspectos contemplados en el programa es todo el proceso de de formación jurídica. Esta formación se dirige a sectores importantes de la población como son los promotores de derechos humanos, los cuerpos de Seguridad del Estado, las autoridades del Poder Judicial y los integrantes de la Comisaría de la Mujer y la Niñez, una dependencia de la policía especializada en la tramitación de este tipo de casos.

El objetivo de este tipo de talleres es concienciar a agentes claves en la defensa y el respeto de los derechos de las mujeres así como difundir información sobre reglamentos jurídicos y legales entre aquellos que tienen que hacer cumplir la ley.

Es el caso del taller de Macuelizo. En la casa comunal se reúnen veinte personas que escuchan atentamente las explicaciones de la educadora de Fundemuni. El objetivo del taller es eliminar la concepción de la violencia intrafamiliar como un problema de las mujeres y que sólo compete al ámbito familiar sino que es algo que incumbe a toda la comunidad (policía, comité de desarrollo rural, gobierno municipal, cooperativas…). Poco a poco lo está consiguiendo como reconoce Doris Padilla, jueza asistente al taller. “El primer cambio ya se ha producido y es que la gente participa en estos talleres, expone su problema, eso no es fácil y ya ocurre. Es el primer avance”.

El otro lado del maltrato

Esos cambios tienen rostro y nombre como el de Francisco Cáceres. Golpeado en su infancia, Francisco concebía la violencia como algo natural y cotidiano en sus relaciones no sólo con su mujer sino también con sus vecinos. ”Yo maltrataba porque era lo que había aprendido en casa, pero llegó Fundemuni a darnos charlas y me di cuenta de que el fin de la violencia tenía que empezar por mi mismo. Ahora he dejado de fumar y de beber y he aprendido que no es posible vivir instalado en la cultura de la violencia", afirma convencido.

Francisco se ha convertido en un ejemplo para otros hombres y para la comunidad. Otro modelo de comportamiento y de denuncia es Nubia una activa promotora de derechos humanos de la comunidad de Quemazón que sufrió los golpes de su pareja con tan solo quince años y que ahora organiza grupos de autoayuda para mujeres víctimas de violencia.

Su ejemplo es determinante en el cambio de actitudes de los hombres de la comunidad, poco a poco ella ha hecho que su nuevo compañero respete sus decisiones, que comparta la responsabilidad de los niños y que le cuente a otros hombres su experiencia.

Guillermo Algar

Agencia de Información Solidaria

25 de noviembre de 2005

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