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España
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Amnistía
Internacional - Comunicado de Prensa
Autoridades
deben actuar ya para proteger de forma efectiva los derechos de las
mujeres frente a la violencia de género
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Teresa,
de 59 años, abandonó a su marido después de 38 años de
insultos, palizas y relaciones sexuales forzadas. Está
convencida de que, si le denuncia, su situación empeorará.
No confía en que las instituciones públicas la protejan. En
el momento de entrevistarse con Amnistía Internacional,
llevaba nueve meses encerrada en su domicilio con las
persianas bajas para hacerle creer que se había ido de la
ciudad.
La historia de Teresa en absoluto es excepcional. El número
de mujeres muertas como consecuencia de la violencia de
género a manos de su compañero o ex compañero ha seguido
creciendo desde el 2001, según las estadísticas oficiales.
En el 2004, 72 mujeres perdieron la vida a manos de su
pareja o ex pareja. Siete de ellas contaban con medidas de
protección.
Las sobrevivientes de la violencia en el ámbito familiar se
encuentran con importantes obstáculos para obtener ayuda,
protección y justicia, de acuerdo con el informe de Amnistía
Internacional, Más allá del papel. Hacer realidad la
protección y la justicia ante la violencia de género.
Las estadísticas oficiales revelan que más del 95 por ciento
de las mujeres que sufren malos tratos no presenta denuncia.
Aquellas que sí lo denuncian, en muchos casos deben soportar
una actitud de indiferencia o interrogatorios faltos de todo
tacto que las desaniman a seguir adelante.
“El Estado español tiene la obligación de impedir la
violencia, investigar los abusos, castigar a los
responsables e indemnizar a las víctimas, y debe hacerlo sin
demora y empleando medios adecuados”, afirma María
Naredo, responsable del área de Mujeres de la Sección
Española de Amnistía Internacional.
Aunque Amnistía Internacional acoge positivamente la nueva
ley integral contra la violencia de género, a la
organización le preocupa que sigan siendo las víctimas
quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha las
medidas de protección, y que sólo se preste ayuda integral a
las que presentan denuncia oficial.
“Esta ley no es más que un marco de trabajo, un punto de
partida para aliviar los obstáculos con los que se
encuentran las mujeres y que ellas mismas han manifestado
—afirma María Naredo—. El gobierno español debe adoptar
medidas eficaces para que los derechos de todas las mujeres
se hagan realidad.”
A partir de los testimonios de mujeres que han sobrevivido a
la violencia en el hogar, la organización encontró indicios
de prejuicio y discriminación en la respuesta de las
instituciones públicas. Un motivo concreto de preocupación
es la falta de protección a las mujeres pertenecientes a
grupos vulnerables, como las inmigrantes sin papeles, las
gitanas, las discapacitadas y las mujeres con problemas
psicológicos o de adicción.
Las inmigrantes indocumentadas tienen especiales dificultades
a la hora de solicitar ayuda, a pesar del reconocimiento
expreso de que tienen derecho a recibir la misma protección
que otras mujeres. En algunas comunidades autónomas, se les
exige estar empadronadas para acceder a centros de acogida;
en otras no se les permite el acceso y son derivadas a
centros de atención general a inmigrantes. Para recibir
ayuda económica, a las mujeres que cuentan con una orden de
protección se les exige ser demandantes de empleo; sin
embargo, las inmigrantes sin papeles no pueden hacerlo
debido a su situación administrativa.
El Comité de la ONU que vigila la Convención sobre todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) alertaba al
gobierno español sobre las dimensiones del problema de la
violencia contra las mujeres y sobre el aumento del número
de homicidios. Ha puesto de relieve la falta de protección a
los grupos vulnerables, entre ellos las inmigrantes
indocumentadas, y ha expresado preocupación por la falta de
coordinación entre el gobierno central y las diversas
regiones en la asistencia a las víctimas de la violencia.
El informe, presentado por Amnistía Internacional, contiene
un conjunto de recomendaciones al gobierno español, entre
ellas:
-
Acciones
eficaces que posibiliten la detección temprana de la
violencia en el ámbito familiar, y la asistencia sanitaria
a las víctimas, con la formación y los medios necesarios
para los profesionales médicos, que garanticen su
efectividad;
Si desean consultar el informe, titulado España: Más allá
del papel. Hacer realidad la protección y la justicia ante
la violencia de género en el ámbito familiar, remítanse
a:
Oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres,
llamando al número + 44 20 7413 5566, o visiten
http://news.amnesty.org. Para los documentos y
comunicados de prensa traducidos al español consulten
http://web.amnesty.org/library/eslindex.
Amnistía
Internacional
17 de mayo
de 2005
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