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México
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La fiscalía especial presenta
su
informe final sobre Ciudad Juárez
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Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la
publicación del informe final de la Fiscalía Especial
federal que investiga los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez, así como el nombramiento de una nueva fiscal
especial, Alicia Elena Pérez Duarte, al frente de la nueva
Fiscalía Especial nacional para resolver los crímenes
violentos cometidos
contra las mujeres.
La
organización considera especialmente positivo el
reconocimiento oficial, en este cuarto informe, de que
durante muchos años hubo inacción sistemática por parte de
las autoridades a la hora de prevenir y castigar muchos de
los crímenes contra mujeres cometidos en Ciudad Juárez,
estado de Chihuahua.
Sin
embargo, para Amnistía Internacional persisten varios
motivos de preocupación relacionados con la metodología y
las conclusiones de la Fiscalía Especial, que forma parte de
la Procuraduría General de la República. En concreto, la
Procuraduría General de la República parece restar
importancia a la escala de los crímenes cometidos contra las
mujeres e insinúa que quienes intentan poner de relieve
estos delitos y la impunidad que los rodea han creado una
"percepción distinta de la realidad", a pesar de que los
índices de violencia contra las mujeres e impunidad en
Ciudad Juárez siguen siendo muy elevados.
Estas
conclusiones se basan, según informes, en el examen
técnico-jurídico de las pruebas contenidas en los
expedientes de las investigaciones realizadas desde 1993 por
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.
Pero este examen prácticamente no ha comportado la
realización de nuevas investigaciones completas que
incluyeran nuevos interrogatorios a los testigos y
recopilación de otras pruebas.
Con todo,
el examen determinó que 177 funcionarios estatales eran
posiblemente culpables de negligencia u omisión en las
investigaciones originales. A pesar de ello, ninguno ha sido
llevado ante la justicia por las autoridades del estado ya
que se han aplicado las normas sobre prescripción de los
delitos en su favor.
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En 2003, Amnistía Internacional publicó el
informe Muertes Intolerables: Diez años de
desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez y Chihuahua, en el que ponía de
relieve un patrón común de homicidios y
secuestros de mujeres en Ciudad Juárez y la
ciudad de Chihuahua. El informe concluía que 370
mujeres habían sido asesinadas en diversos
contextos, un tercio de los cuales posiblemente
apuntaba a la violencia sexual. En un gran
número de casos todavía no se ha procesado a los
autores y persisten dudas acerca de la solidez
de las actuaciones judiciales debido a las
denuncias de tortura. La campaña que los
familiares de las víctimas vienen realizando
desde hace tiempo para que se haga justicia ha
sido decisiva en los escasos avances logrados
hasta la fecha. |
Las
conclusiones de la Procuraduría General de la República
parecen pasar por alto también las recomendaciones de
organizaciones nacionales e internacionales -como la propia
comisión del gobierno, la Comisión para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez- para que
estos crímenes se analicen con una perspectiva de género que
permita establecer en qué medida influyó el sexo de la
víctima en la motivación y comisión del crimen.
La
Procuraduría General de la República parece concluir que
únicamente los delitos que comportan violencia sexual
-aproximadamente el 20 por ciento de los 379 asesinatos
documentados- constituyen violencia sexista. La violencia en
el ámbito familiar no parece que se considere una forma de
violencia basada en el sexo, y además parece haber sido
excluida necesariamente de la categoría de violencia sexual.
Otros asesinatos se clasifican como resultantes de la
"violencia social", concepto que parece excluir
necesariamente, sin explicación, el género de la víctima
como factor en el asesinato. Otro elemento al que no se
presta la debida consideración es el clima de violencia
contra las mujeres y de impunidad que puede haber facilitado
la comisión de los crímenes.
Si bien
Amnistía Internacional considera positiva la labor de la
Procuraduría General de la República de examinar y
sistematizar la información sobre casos, cree que no ha
establecido de manera transparente una metodología que tenga
en cuenta la perspectiva de género ni ha facilitado el
acceso a los expedientes de los casos a fin de de que su
trabajo esté abierto a una evaluación imparcial. Como
consecuencia de ello, el examen realizado por la
Procuraduría General de la República parece no haber
subsanado algunas de las deficiencias que presentaban las
investigaciones originales.
En el
informe se argumenta que la estructura federal de gobierno
de México limita las competencias de la Procuraduría General
de la República para investigar directamente los casos o
exigir responsabilidades a las autoridades estatales. Sin
embargo, el informe no hace mención de los progresos para
llevar a los autores ante la justicia ni siquiera en los 24
casos en que la Procuraduría General de la República asumió
la competencia directa. Amnistía Internacional reconoce las
limitaciones impuestas por la estructura judicial nacional
pero considera que no se deberían utilizar como excusa para
eludir responsabilidades, puesto que el Estado de México en
su conjunto tiene la responsabilidad de hacer cumplir las
obligaciones internacionales contraídas en materia de
derechos humanos.
Por encima
de todo, la situación en Ciudad Juárez sigue siendo grave:
al menos 28 asesinatos de mujeres documentados el año
pasado, y unos niveles de impunidad que se mantienen
elevados, especialmente con respecto a crímenes ocurridos en
el pasado. La Procuraduría General de la República no ha
examinado los casos ocurridos en la ciudad de Chihuahua, ni
ha existido una revisión judicial sistemática de los casos
de personas acusadas o declaradas culpables de asesinato que
aseguran haber sido torturadas para que firmaran
declaraciones falsas. En este informe final, la Procuraduría
General de la República no alude de manera sustancial a
estas denuncias de tortura o malos tratos, lo que refleja la
falta de acción demostrada por México desde hace tiempo para
obligar a los responsables de estos crímenes a responder de
sus actos.
Amnistía
Internacional siempre ha mantenido que el patrón de
violencia contra las mujeres y de impunidad en Ciudad Juárez
y la ciudad de Chihuahua es de naturaleza compleja y
comporta tipos muy diversos de delitos y autores, y que
revela defectos institucionales generalizados a la hora de
prevenir los delitos y sancionar a los verdaderos
responsables. Los familiares de las víctimas han luchado sin
descanso para que se haga justicia, y gracias a sus
esfuerzos la opinión pública nacional e internacional
finalmente se ha interesado por la situación.
Amnistía Internacional
22 de
febrero
del 2006
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