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El gobierno de México,
la Iglesia Católica y otros sectores conservadores perdieron ante la Suprema
Corte de Justicia una crucial batalla contra la despenalización del aborto,
vigente en la capital a partir de abril de 2007. Desde entonces, 12.262 mujeres
hicieron uso legal de ese derecho.
En la tercera sesión de la
semana programada por la Corte para definir si la norma viola o no la
Constitución, fue evidente que al menos siete de los 11 magistrados del máximo
tribunal votarían contra el recurso de inconstitucionalidad, según el contenido
de sus intervenciones. Aunque las sesiones continuarán hasta que todos los
integrantes del tribunal se pronuncien, ya no hay posibilidades de que la
despenalización sea anulada. Según las leyes, para declarar la
inconstitucionalidad de una norma se requiere el voto de al menos ocho de los 11
magistrados de la Corte.
"Han ganado la razón, la ley y
los derechos de las mujeres a decidir", dijo a IPS Lorena Martínez,
integrante de un grupo feminista que funciona en el ámbito de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM). En contraste, Marcela Fernández,
del antiabortista Comité Pro Vida, lamentó la decisión: "Los que perdieron
fueron los derechos sagrados de la vida", dijo a IPS.
Desde abril de 2007, cuando se
despenalizó en la capital la interrupción voluntaria del embarazo en las
primeras 12 semanas de gestación, hasta el 15 de agosto, 26.000 mujeres
solicitaron a las autoridades información sobre esa práctica y, de ellas, 12.262
hicieron uso de ella. Según informes oficiales, 50 por ciento eran solteras y
menores de 24 años y cursaban su segundo mes de gestación.
La ley que eliminó la pena de
cárcel de tres a seis meses o de trabajos comunitarios, fue aprobada por la
legislatura capitalina, dominada por el izquierdista Partido de la Revolución
Democrática. Si el aborto se practica luego de las 12 semanas de embarazo sin
justificación médica las sanciones se mantienen. Según varios estudios, tales
penas casi nunca se aplican.
Entre abril y junio, la Suprema
Corte escuchó los argumentos a favor y en contra de la ley, expuestos por
activistas, juristas, especialistas de la medicina, funcionarios del gobierno y
miembros del clero. El domingo, un día antes de que los magistrados iniciaran el
debate final, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Carlos
Aguiar, se presentó en un espacio de televisión pago para pedir a la Corte
que declarara la inconstitucionalidad de la despenalización del aborto. "Muchos
son los retos que tiene el país. Destacamos el respeto a la vida humana desde la
concepción. Sin el don de la vida ningún otro derecho es posible, la defensa de
un ser humano recién concebido debe acompañarse de la defensa de la dignidad de
la mujer, respetar el derecho a la vida se encuentra en la base de la auténtica
democracia", dijo Aguiar en ese mensaje.
El presidente Felipe
Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, no utilizó la estrategia
de la Iglesia. Pero la fiscalía general impugnó la ley de despenalización con
argumentos jurídicos, no religiosos. Otra entidad que cuestionó la
constitucionalidad de la ley fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo
que le valió duras críticas de activistas. Este organismo también recurrió a una
argumentación de carácter jurídico.
Pero esos razonamientos no
convencieron al número necesario de magistrados como para invalidar la
despenalización del aborto. El ministro de la Corte, Genaro Góngora,
señaló que "no existen elementos consensuados, jurídicos y fuertemente
razonables que determinen la existencia del derecho a la vida del producto de la
concepción antes de las 12 semanas de gestación y obliguen su defensa por la vía
penal". Su par José de Jesús Gudiño estimó que "en la Constitución no hay
una sola regla que establezca una protección directa al producto de la
concepción, con independencia o en contra de la voluntad de la madre", por lo
cual la despenalización no es inconstitucional. En cambio, el magistrado
Salvador Aguirre, quien se pronunció contra la ley, repitió en varias
ocasiones que no se trata de penalizar a la mujer sino de salvaguardar al
embrión, que a su entender quedó "desprotegido".
Cuando se aprobó la ley de
despenalización del aborto en la capital varias encuestas revelaron que contaba
con apoyo de una sólida mayoría, si bien 40 por ciento de consultados la
rechazaban. Ese respaldo a la interrupción voluntaria de la gestación coexiste
en este país con una mayoritaria profesión de fe católica. La Iglesia castiga el
aborto con la excomunión. Mientras el tema se discutía en la legislatura
capitalina, el papa Benedicto XVI alzó su voz pidiendo que no se
aprobara, lo que dio pie a críticas de la izquierda a una presunta intervención
del Vaticano en asuntos internos de otro Estado.
Un estudio de la UNAM
señala que en este país de 104 millones de habitantes se practican hasta un
millón de abortos clandestinos por año, lo que equivale a 30 por ciento de los
embarazos anuales. Sin embargo, otras fuentes hablan de menos de 500.000 abortos
anuales. En los 32 estados mexicanos, el aborto no se castiga cuando el embarazo
es producto de una violación. Estudios revelaron que cada cuatro minutos una
mujer o una niña es violada en México, pero si resulta embarazada
difícilmente pueda ejercer el derecho legal de abortar, por una infinidad de
obstrucciones administrativas y la negligencia de las autoridades.
En 29 distritos no se penaliza
el aborto "culposo", es decir la interrupción espontánea de la gestación
provocada por una conducta "imprudente" de la mujer. En 27 estados está
permitido abortar si con ello se salva la vida de la madre, en 13 si el feto
presenta malformaciones graves y en 10 cuando se trata de proteger la salud de
la mujer. Varias investigaciones indican que los abortos clandestinos
constituyen la cuarta o quinta causa de muerte de las mujeres mexicanas y que
obtener un permiso para abortar es engorroso y hasta imposible.
Diego Cevallos
IPS
8 de septiembre de 2008
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