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Una vez más, el derecho
de las mujeres a disponer sobre su maternidad vuelve a estar en manos de los
tribunales chilenos.
El Tribunal Constitucional está ad portas de decidir
la legalidad de la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE) y su
distribución a menores de edad, así como el dispositivo intrauterino (DIU)
T de cobre con levonorgestrel.
La PAE, o píldora del
día después, es un método de anticoncepción basado en la hormona
levonorgestrel, que las mujeres pueden usar como respaldo y en caso de
emergencia, dentro de los primeros días posteriores a una relación sexual sin
protección, o en la que ha fallado el método anticonceptivo empleado.
Después de escuchar los alegatos a favor y en contra, nueve
jueces decidirán si la PAE atenta contra el derecho del que está por
nacer y si las chilenas pueden seguir usando DIU. Aunque no existe plazo
para la decisión, se estima que se producirá en pocas semanas, pues el
requerimiento fue presentado ante esta corte hace cerca de un año.
El Tribunal Constitucional, que es nombrado por el Ejecutivo,
“recibe presiones políticas, pero más que éstas hay presiones de fuerzas
ideológicas”, afirmó a SEMlac Lidia Casas, quien recordó que en uno de
los alegatos ante esta instancia, en noviembre de 2007, estaba sentado en
primera fila un alto dignatario de la Iglesia Católica. Casas es la abogada que
actuó al lado de los 51 diputados que defienden la decisión del gobierno de
Michelle Bachelet de incluir la PAE en las normas técnicas del
sistema público de salud.
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Según el
Ministerio de Salud, más de 30.000 chilenas de entre 15 y 19 años se
convierten en madres anualmente, y la tendencia es al aumento |
El debate se centra en si la hormona levonorgestrel
actúa como abortivo. Los representantes de la Iglesia Católica, los grupos
denominados “pro vida” y la opositora coalición partidaria Alianza por Chile
sostienen que sí, porque impide la anidación del óvulo fecundado en las paredes
del útero.
Esta controversia ocurre pese a que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha declarado que “las píldoras anticonceptivas de
emergencia que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y no
tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del
útero) o en los niveles de progesterona, cuando son administradas después de la
ovulación”. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de
implantación se ha iniciado y no provocarán un aborto”, reafirma esa
organización internacional.
Este fármaco se ha vendido con prescripción médica en las
farmacias desde tiempo atrás, pero muy pocas mujeres podían acceder a él. Con la
política del actual gobierno de Bachelet sobre salud sexual y
reproductiva, se abrió esta oportunidad a todas las chilenas. A partir de
septiembre de 2006, el Ministerio de Salud divulgó las nuevas Normas Nacionales
sobre Regulación de la Fertilidad, que autorizan a los servicios públicos de
salud a recetar y entregar gratuitamente anticonceptivos tradicionales y de
emergencia a las mujeres mayores de 14 años que los soliciten, sin necesidad del
consentimiento de sus padres.
Los detractores reaccionaron objetando la legalidad de la
norma, lo cual obligó a la Presidenta a darle rango de Decreto Supremo, con lo
que lo hace de obligatorio cumplimiento. A pesar de ello, algunos alcaldes y
alcaldesas afines a los partidos de la Alianza por Chile han bloqueado el
suministro y distribución de la PAE en sus respectivas localidades,
corriendo el riesgo de ser sancionados. La medida presidencial dio pie a una
nueva apelación judicial por parte de 32 diputados de la Alianza por Chile.
Los más recientes argumentos de los opositores hacen referencia a que en la
década de los noventa, el Instituto de Salud Pública de Chile rechazó la píldora
del día después por razones científicas, que consideran vigentes. Para los
defensores de la PAE, su distribución gratuita a menores es una
medida de salud pública que debe ir acompañada con educación sexual y que
contribuye a la disminución de la maternidad en adolescentes.
Según el Ministerio de Salud, más de 30.000 chilenas de entre
15 y 19 años se convierten en madres anualmente, y la tendencia es al aumento.
Entre 1990 y 2003, el porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes con
respecto al total de nacimientos pasó de 13,8 por ciento a 14,9. La CEPAL
y UNICEF han formulado reiterados llamados a disminuir la maternidad en
tempranas etapas de la vida, no sólo por los riesgos graves para la salud y la
vida de las jóvenes, sino porque acarrea exclusión social, pues la mayoría de
ellas tienes poca educación, son pobres y solteras sin pareja.
Ángela Castellanos
SEMlac
28 de marzo de 2008
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