Después de un año de sancionada la ley “Maria da Penha” –que creó dispositivos para prevenir y cohibir la violencia contra la mujer– el gobierno federal dejó de invertir 96% del presupuesto previsto en 2007 para la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres (SPM). De acuerdo con los datos del Centro de Estudios Feministas y Asesoría (Cfmea), de los US$ 12 millones previstos, poco más de medio millón fueron invertidos.

 

Para la asesora parlamentaria del Centro de Estudios Feministas y Asesoría, Milena Calazans, el problema está en la política macroeconómica del gobierno, que lo obliga a cortar gastos en inversiones sociales. En 2006, cuando el presupuesto previsto era de siete millones de dólares, sólo tres millones fueron aplicados. El resto fue bloqueado por la Secretaría y desplazado para pagar tasas de interés económico de deudas, componiendo el llamado superávit primario. Para Milena, la situación es muy preocupante, pues de esta forma el perjuicio va para las cuentas de las mujeres brasileñas.

 

“Si ese recurso no es aplicado para aumentar el número de casas y abrigos, para mejorar el servicio de las casas existentes, para elevar el número de las jefaturas especiales al servicio de las mujeres, si no es destinado para la capacitación de los profesionales para crear centros de referencia, eso va a generar un impacto inmediato en la vida de las mujeres, porque cada quince segundos una mujer es víctima de violencia.”

 

La ley “Maria da Penha” fue sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 7 de agosto de 2006. El nombre es en homenaje a una militante que luchó 20 años para ver a su ex marido y agresor condenado.

 

 

Silvia Adoue

Radioagencia Noticias do Planalto

24 de agosto de 2007