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El paro agrario es
expresión del descontento de los sectores del campo porque
no les llegan los beneficios del “boom”
de la agricultura de exportación, y viven la desigualdad que implica esta
situación, en especial las mujeres. Son muchas las razones para este paro y para
otras protestas y malestares, que tienen por base la desigualdad en la
distribución de la riqueza y la falta de voluntad política del gobierno para
transformar esta situación con medidas concretas y oportunas, en diálogo
permanente con la sociedad civil.
Instituciones de la sociedad civil, como el Centro Flora
Tristán, tienen y tendrán un rol permanente de vigilancia para exigir que se
modifiquen las condiciones de desigualdad y exclusión. Estamos frente a una
crisis en el campo, a cuyos problemas hay que buscarle soluciones justas y
democráticas, y un gobierno confrontacional sólo encenderá el campo con
protestas mucho más radicales. Razones sobran, aquí enumeramos apenas algunas de
ellas:
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Los bajos
salarios y las pésimas condiciones laborales. Un ejemplo son las mujeres de la
agroexportación.
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La inestabilidad
laboral y los despidos injustos por ejercer el derecho a la sindicalización.
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Los bajos precios
de los productos que reciben los agricultores por parte de los grupos
exportadores, quienes sin embargo se benefician de los buenos precios
internacionales.
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La ausencia de
políticas integrales orientadas a enfrentar la pobreza y la extrema pobreza en
el campo, como el acceso al crédito, a tecnologías modernas de producción, a
circuitos eficientes de comercialización, entre otras.
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La ausencia de
una Ley de Aguas, que asegure un uso democrático de este recurso y no favorezca
sólo a las grandes empresas.
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Las durísimas
condiciones de vida en el campo, sin servicios adecuados de salud, agua y
desagüe. Con una educación de mala calidad e índices elevados de analfabetismo,
en especial de las mujeres, y con altas tasas de desnutrición.
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La actitud del
gobierno de apoyar a los grandes empresarios, olvidando que los pequeños
propietarios del campo constituyen la mayoría en los sectores rurales, y que
producen sobre todo para sostener la seguridad alimentaria nacional. Las mujeres
tienen un rol fundamental en este tema, lo que hay que tener presente en las
políticas orientadas a este sector.
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El incumplimiento
del gobierno de implementar medidas que permitan a las/os medianas/os y
pequeñas/os empresarias/os afrontar el impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos. Estos Tratados, tal como han sido acordados, como
siempre solo beneficiarán a un pequeño sector de empresas y consorcios.
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La falta de
protección de los territorios de propiedad de las comunidades indígenas y de
propuestas de normas, como la denominada Ley de la Selva, que significan un
atentado contra sus derechos y una violación de Tratados y Convenios
internacionales al respecto.
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La
criminalización de la protesta social que ha llevado a una respuesta violenta
frente al paro, originando la muerte de varias personas. Ésta es una
responsabilidad que debe asumir el Ministro del Interior, ¿o se ha olvidado el
gobierno de que existe la responsabilidad política? El gobierno debe derogar los
decretos legislativos 982 al 992 promulgados en julio de 2007 y la Ley 29.166
promulgada en diciembre de 2007 por ser inconstitucionales.
La muerte de estos cuatro campesinos es una herida que se
abre en la sociedad frente al Estado, y tiene consecuencias que pueden originar
una mayor violencia. El presidente Alan García y su gobierno deben
liderar y administrar el Estado para todas/os las/os peruanas/os y no sólo para
un sector.
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