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Católicas
por el Derecho a Decidir - Perú (CDD Perú), grupo autónomo de
personas católicas, demandó que se respete el Derecho a Decidir y
exige al Estado peruano y sus representantes que separen la función
pública de sus creencias religiosas y que no gobiernen en base a
presiones de un poder religioso, tal como corresponde a un Estado
laico.
La decisión de la
Comisión Revisora del Código Penal Peruano de
mantener la legalidad del aborto
terapéutico y despenalizar el aborto por violación y por
malformaciones congénitas, desató una gran polémica entre
grupos conservadores religiosos y autoridades de la iglesia católica
que se oponen al proyecto y las organizaciones de mujeres, las de
derechos humanos, entre otras, que defienden el derecho a decidir.
Eliana Cano,
coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir - Perú (CDD
Perú), se pronunció a favor de este proyecto y exigió al Estado
peruano y a sus representantes que separen la función pública de sus
creencias religiosas y que no gobiernen en base a presiones de un
poder religioso, tal como corresponde a un Estado laico.
Explicó a Sirel que buscan fomentar un diálogo abierto, capaz
de escuchar diferentes voces y posturas y
rechazó la presión de la iglesia católica así como la
injerencia de grupos conservadores religiosos en decisiones de
Estado sobre las causales de aborto.
“Nuestro cuerpo es divinidad y creación de amor, por eso no
se puede aceptar una maternidad impuesta, producto de una violación
sexual y del abuso de poder que atropella y humilla nuestro ser.
Afirmar que la violación sexual es un hecho fortuito y voluntad de
dios, es un acto de soberbia e injusticia. Dios nos regaló el don de
la libertad de conciencia para decidir sobre nuestra vida y lo que
nos afecta”, afirmó.
Cano
dijo que recuerda con desconcierto la frase célebre del cardenal
Juan Luis Cipriano*: los derechos humanos son una cojudez,
“por ello, dudamos que pueda acoger los ‘nacimientos no deseados’, o
entender el dolor que ocasiona una violación sexual”.
Sin embargo, añade que “otorgándole el beneficio de la duda,
le alentamos también a recibir a niñas y niños que sufren
desnutrición crónica, deserción escolar, abandono, exclusión,
violencia, discriminación, a niñas y adolescentes que son violadas
sexualmente; así como a los afectados por el VIH Sida y a todos los
nacidos sin voz”.
En el año 2008, la
Policía Nacional del Perú registró a nivel nacional 7.560 denuncias
de violación a la libertad sexual, de éstas el 91,6 por ciento
fueron contra mujeres, la mayoría, en edad reproductiva, es decir de
14 años a más (70 por ciento) que potencialmente pudieron quedar
embarazadas como producto de la agresión.
En Perú cada año 7 mil mujeres
exponen sus vidas al recurrir a abortos clandestinos por razones de
salud, pese a que desde el año 1924 el Código Penal peruano
considera no punible la interrupción del embarazo que se realice
para salvar la vida de las mujeres, evitar daños graves o
permanentes en su salud.
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