Desde 2001 y hasta septiembre de este año, 322 mujeres fueron asesinadas, víctimas de violencia por parte de maridos, convivientes o ex parejas. Según el Ministerio del Interior, la violencia intrafamiliar aumentó de 60.769 casos en 2001 a 95.829 en 2006.

Aproximadamente el 92 por ciento de las denuncias de violencia corresponde a mujeres agredidas. Una mujer violentada física, sicológica o sexualmente demora entre 5 a 7 años en denunciar a su agresor. En el 80 porciento de los casos de violencia sexual, el agresor nunca es denunciado. Según la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado en el último año en un 5,5 por ciento. Los motivos más frecuentes son: celos, el anuncio de la mujer de terminar la relación afectiva, y la negativa de la mujer a tener relaciones sexuales. Según cifras de la organización, “El año pasado 51 mujeres fueron asesinadas en un contexto de violencia intrafamiliar, y 14.688 fueron víctimas de delitos sexuales, lo que equivale a 40 por día o una cada 36 minutos”. Según el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), el año pasado las mujeres víctimas de femicidio fueron “sólo” 42.

Una reforma insuficiente

Apenas durante el primer mes de funcionamiento de los nuevos tribunales había 6 mil causas, duplicando lo proyectado. El estudio “El funcionamiento de los nuevos tribunales de familia”, de la Universidad Diego Portales (UDP), expresa que las audiencias preparatorias demoran seis meses más de lo normal y que la reforma se elaboró sin el presupuesto necesario. Se prometió acceso a una justicia especializada, más cercana, humana y eficiente, juicios más rápidos, y que -a diferencia del antiguo sistema, escrito y secreto-, la nueva justicia sería oral, transparente e imparcial. Se dijo que se mejoraría la oferta de justicia y las herramientas para asegurar la protección de las familias. Que los conflictos serían abordados de manera integral y se promovería solucionarlos por la vía de la mediación. Apenas un 10 por ciento del total de recursos destinados a la reforma procesal penal llega a los tribunales de familia. No existe un Ministerio de la Familia, una defensoría de la Mujer o una entidad que coordine a instituciones que parecieran no funcionar.

Para la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, la visión de la sociedad -exacerbada por algunos medios de comunicación- de que estos crímenes tendrían un origen pasional y que los agresores son sicópatas o enfermos, “impide reconocer patrones culturales patriarcales que ven este tipo de violencia como natural y lo legitiman hace siglos. Esos hombres no son enfermos: son agresores, machistas y femicidas. Creen que las mujeres son de su propiedad, que pueden dominar sus cuerpos y sus vidas, y terminar con ellas”, señalan.

El 50,3 por ciento de las chilenas casadas o en unión estable han sido víctimas de violencia: el 34 por ciento de ellas sufre violencia física y/o sexual y el 16,3 por ciento abuso psicológico. Mujeres en condición de pobreza y con menor escolaridad sufren más agresiones, pero la violencia intrafamiliar afecta a todas las clases sociales: “Entre las mujeres de patrón socioeconómico alto y medio-alto, el 38 por ciento ha sido violentada, número que llega al 44,8 en la clase media y alcanza al 59,4 en las clases más bajas”, señalan.

Del papel a la realidad

Chile ratificó en 1998 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), en la que se afirma que “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. (…) Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. El Sernam cuenta con Centros de la Mujer en todo Chile y la ley de Violencia Intrafamiliar impone penas de hasta 15 años para el maltrato habitual, aunque aún no considera el femicidio como un delito.

Tras el femicidio de Katherine Casas Cordero (26 años) -que había presentado denuncias por violencia intrafamiliar en julio y agosto, y estaba citada recién para octubre-, las autoridades reconocieron el colapso de los juzgados. La jueza Gloria Negroni hizo un dramático mea culpa: “Se le dio fecha para tres meses, pese a que la ley estipula un plazo de diez días. Estamos absolutamente colapsados, el sistema se diseñó mal y no se cuenta con todos los medios para prestar la ayuda que la gente necesita”. Verónica Barahona, subsecretaria de Justicia, reveló que las proyecciones de la cantidad de casos ingresados y el número de tribunales y jueces “fueron insuficientes”.

El gobierno dio urgencia al proyecto de ley -en segundo trámite constitucional en el Senado-, que inyectará 17.000 millones de pesos y significará nombrar 63 nuevos jueces y unos 600 funcionarios adicionales. Otro proyecto que tipifica el femicidio sigue en trámite en la Cámara de Diputados. “Si bien la ley es una herramienta necesaria para develar el flagelo del femicidio, dada la magnitud de sus consecuencias en el seno familiar y en la sociedad, hay medidas concretas que debiéramos implementar ahora”, dijo la diputada Adriana Muñoz del Partido Por la Democracia (PPD), autora del proyecto.