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El pasado sábado 8 se
realizó en Montevideo el coloquio “El país productivo desde el punto de vista de
las mujeres”, organizado por la Rel-UITA junto a la Unión Nacional de
Trabajadores Rurales Asalariados (UNATRA) y otras organizaciones sociales
uruguayas
En ese marco, la ingeniera agrónoma Yanil Bruno,
asesora de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), refirió que al
inicio del actual gobierno y desde hacía muchos años, el MGAP tenía una
visión del agro centrada en la producción, pero no en la gente, lo que generó
una fuerte debilidad en la visibilidad de la población rural y agropecuaria.
Subrayó que desde 2005, el MGAP ha revalorizado y
priorizado la agricultura familiar y los asalariados rurales, llegando inclusive
a un redefinición del concepto “agricultura familiar” en la que se adoptaron
ciertos criterios. Se considera una unidad de agricultura familiar aquella en la
que trabajan como máximo cuatro personas de las cuales hasta dos pueden ser
asalariadas; las otras dos deben residir en el predio o en las cercanías y el
establecimiento no puede exceder las 500 hectáreas. Otros aspectos aún
permanecen indefinidos, como el ingreso máximo o la utilización detallada del
área de la propiedad. Bruno informó que aún no se logró darle redacción
final a un proyecto de ley sobre este tema.
Asimismo, Bruno señaló que las más invisibles para las
estadísticas oficiales son las mujeres rurales, y aportó cifras de encuestas
recientemente realizadas. Las mujeres son el 18 por ciento de la mano de obra
rural asalariada privada. La mujer agropecuaria1 o rural2 tiene más años de instrucción que el hombre, pero sus ingresos son
claramente inferiores. De esos datos surge, además, que la población
agropecuaria es la más joven del país. Los sectores donde la mano de obra es
mayoritariamente femenina son la hortifruticultura, los tambos, los criaderos de
aves y cerdos y los establecimientos de explotación mixta.
En representación de la Comisión de Género del PIT-CNT
participó Alma Fernández, quien reafirmó las expresiones de Bruno
insistiendo en la falta de visibilidad informativa en relación con la mujer
rural asalariada. Destacó que como en el resto de los demás ámbitos laborales,
en el sector rural persiste la desigualdad de salarios para una misma función
entre hombre y mujer, y enfatizó que las trabajadoras están luchando por un
tiempo de realizaciones concretas.
La proclama
del PIT-CNT
Luego dio lectura a una proclama del Departamento de Género y
Equidad del PIT-CNT. “Tenemos negociación colectiva, fueros y licencia
sindical, un paulatino aumento de la protección social, nuevas leyes y decretos
que amparan a los trabajadores así como la aprobación de un Plan Nacional de
Igualdad que comienza a dar sus primeros pasos. En políticas de salud, además,
tenemos el día pago para exámenes genito-mamarios, la gratuidad del Papanicolau
y la mamografía”.
La proclama también señaló “retrocesos, dificultades e
injusticias” que son expresiones de las contradicciones de clase que existen en
el propio gobierno por lo que “la concreción de las realidades postergadas del
pueblo, y especialmente de las trabajadoras, sólo puede lograrse elevando la
organización y la lucha”.
Entre los objetivos inmediatos definidos de esta Comisión
figuran: la negociación colectiva con cláusulas de género, la convocatoria
urgente al Consejo de Salarios de las trabajadoras domésticas, la inclusión de
la mujer en todos los ámbitos de representación sindical, política e
institucional, la urgente sanción de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y la
aprobación rápida de una legislación referida al acoso sexual y moral en el
ámbito laboral.
Asimismo, durante la mañana expusieron Tania Marín, en
representación de la Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT,
María González, responsable de la Unidad de Género del Proyecto Uruguay
Rural, del MGAP, María Isabel Cárcamo, de RAPAL-Uruguay.
Quebrando la
historia
Al reanudarse el Coloquio por la tarde, Cristina de
Marcos, subinspectora general de Trabajo, hizo énfasis en los derechos que
tienen hoy las mujeres y que antes no tenían, ya sea por carencias en el derecho
positivo, o bien porque en la práctica se legislaba en forma genérica y no se
les daba a las mujeres el lugar que se merecen. “Si bien nuestro país ha
avanzado mucho, aún hay aspectos en los que tenemos que luchar para que las
mujeres no veamos disminuidos nuestros derechos”, afirmó. También enfocó el tema
Seguridad e Higiene en el trabajo, mencionando que “hay un grupo especializado
de inspectores que está operando en materia de seguridad e higiene. Los
inspectores estamos autorizados a ingresar a las empresas para realizar
inspecciones y retirar muestras de materiales si fuese necesario”.
Por su parte, la socióloga Marcela Barrios,
responsable de la negociación colectiva para el sector rural en la Dirección
Nacional del Trabajo, resaltó que en el marco del nuevo gobierno, se volvieron a
convocar los Consejos de Salarios, una instancia tripartita en la cual
participan trabajadores, empresarios y el Estado, siendo ésta la primera vez en
la historia del Uruguay que se convocó a negociar salarios a los trabajadores
rurales y a los trabajadores del sector público.
Uno de los cometidos principales del Consejo Tripartito
Rural fue instalar mesas de negociación para discutir salarios y condiciones
de trabajo para cada rama de producción, para quedar luego como órgano
consultivo.
Barrios
destacó que en esta instancia la presencia de las mujeres es mínima, ya que la
participación en la ronda de negociaciones es casi exclusivamente de los
hombres.
Para la diputada Mónica Travieso, el 8 de marzo es un
día de reflexión. La legisladora mencionó que el déficit de viviendas
rurales en Uruguay es preocupante, tanto en lo que refiere a cantidad
como a la calidad de la vivienda. “Esta situación se está tratando de paliar
junto con MEVIR3, hemos
avanzado bastante aunque aún hay mucho por hacer”, admitió.
Cerró la jornada la doctora Maricelda Cancela, asesora
jurídica del PIT-CNT, quien enumeró los decretos y leyes que amparan al
trabajador y a la trabajadora en general, y puso a disposición de las
participantes la asesoría jurídica de la central de trabajadores.
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