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México
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Sigue la cadena de
crímenes
El asesinato de mujeres en Ciudad Juárez
continúa impune
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Las
complicidades entre grupos políticos que se han sucedido en
el poder en el estado mexicano de Chihuahua han contribuido
al mantenimiento en la penumbra y en la impunidad del que es
quizá el mayor asesinato serial de mujeres en la historia.
La Red Voltaire ha mantenido vivo el interés por el tema
como lo demuestra en esta transcripción fragmentos del libro
de la periodista Diana Washington, especialista en el tema.
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Cruces en
memoria de las numerosas mujeres
asesinadas en
Ciudad Juárez, México. |
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Cosecha
de mujeres
El
safari mexicano
El encabezado
de este texto corresponde al título del libro de la célebre
periodista Diana Washington Váldez. La investi-gación es un
apasionado relato sobre las
mujeres asesinadas ciudad Ciudad Juárez
desde hace años en , burgo situado cerca de la
frontera mexicana-estadounidense.
Diana Washington Váldez periodista del diario El Paso
Times, de Texas, ha investigado y escrito sobre el
feminicidio durante seis años.
En 364
páginas, narra porqué las autoridades mexicanas no han
arrestado a los responsables de todos estos asesinatos y
sostiene la hipótesis de que algunos de los crímenes fueron
perpetrados por jóvenes pertenecientes a prominentes
familias de Juárez que tienen nexos con el cártel de la
droga de esa ciudad y compran protección policiaca.
Con la
autorización de Editorial Océano, el dairio mexicano La
Jornada publicó un adelanto de la obra, que ofrecemos a
los lectores de la Red Voltaire.
La saña con
que mataban a las mujeres fue lo que al principio me llamó
la atención, escribe Diana Washington. Ese día invernal de
febrero de 1999, permanecí despierta hasta la madrugada,
leyendo una serie de relatos que describían muerte por
muerte.
Así comenzó
todo. Pese a las afirmaciones de las autoridades, estos
crímenes no tenían nada de normal y ya eran demasiados.
Desde 1993, jovencitas, incluso niñas de sólo 12 años, eran
violadas, estranguladas y mutiladas sádicamente. Durante los
pasados 10 años, más de 400 mujeres han sido asesinadas y
una cantidad indeterminada de ellas permanece en calidad de
desaparecidas.
Una de las
víctimas, Gladys Janeth Fierro, de 12 años, fue secuestrada
en mayo de 1993, y al poco tiempo, la encontraron muerta.
Sufrió abuso sexual y fue estrangulada. En septiembre de
1995, el cadáver de otra estudiante, Silvia Reyes Morales,
de 17, fue localizado en un terreno al sur del Aeropuerto
Internacional de Ciudad Juárez. Su seno derecho había sido
cortado y el izquierdo mordisqueado por dentadura humana.
Eso le hicieron a otras víctimas ese mismo año en uno de los
predios en disputa, propiedad de familias influyentes.
Sagrario
González, de 17 años, quien trabajó como
obrera en una maquiladora, desapareció en abril de 1998
al salir de su trabajo. Después de varios días, su cuerpo
fue encontrado en un lote baldío ubicado al oriente de la
fábrica donde trabajaba. Las autoridades establecieron que
la joven fue ultrajada, estrangulada y apuñalada. En 1996,
otras ocho mujeres fueron localizadas en una región
desértica de Juárez conocida como Lomas de Poleo, cerca de
El Paso, Texas.
El hallazgo
de estos cadáveres en las tierras conocidas como Lote Bravo
y Lomas de Poleo se incluyó en los expedientes analizados
por los perfiladores de criminales de la FBI durante su
visita a Juárez, en marzo de 1999.
Los expertos
de Estados Unidos fueron enviados a la frontera luego de que
el presidente mexicano, en ese entonces Ernesto Zedillo, y
el presidente estadunidense Bill Clinton abordaran el caso
de los crímenes contra mujeres en Juárez, durante su
encuentro en la ciudad de Mérida, Yucatán, en febrero de
1999.
Sin embargo,
cinco años después, los asesinatos de las mujeres en Juárez
de nuevo fueron tema de diálogo entre los mandatarios de
ambos países, George W. Bush y Vicente Fox.
Según
declaraciones de funcionarios mexicanos, se grabó un gran
triángulo en las espaldas de algunas de las víctimas,
mediante un cuchillo o algún otro instrumento cortante. En
Asia, un triángulo es un símbolo vinculado con los políticos
de ultraderecha. También ha sido utilizado por algunas
sociedades y logias secretas, incluso hasta por los nazis.
Me resultaron
muy inquietantes los relatos que leí esa noche de 1999.
Aunque no todos los crímenes estaban relacionados entre sí,
en los hechos todos ellos mostraban una extrema violencia.
En apariencia, las víctimas eran escogidas y sus secuestros
estaban muy bien organizados. Las mujeres desaparecían en la
zona centro, a plena luz del día, sin que nadie oyera u
observara algún detalle en particular.
Al principio,
creí que esos crímenes eran obra de un par de depravados
asesinos bajo protección policiaca, gracias a sus vínculos
con el bajo mundo. Había indicios de ello. Después, tuve
conocimiento de que existía algo mucho más turbio y complejo
detrás de esta cosecha de muerte.
Al parecer
los criminales eran hombres poderosos que gozaban de
influencia en las más elevadas esferas del gobierno
mexicano. Pero los investigadores mexicanos, quienes sabían
que estos hombres escogían a sus víctimas entre las
jovencitas miembros de familias muy pobres, nada hicieron
para frenarlos.
Una
antropóloga de Brasil describió a esta agrupación y a sus
cómplices como una «cofradía» que se valía de estas muertes
para demarcar su territorio y sellar un pacto de silencio,
mientras que una socióloga de Juárez calificó estos
asesinatos como feminicidios y les atribuyó tinte sexual.
Homicidas en
serie, pandillas salvajes y vendedores de droga también se
consideraron responsables, pero lograron eludir su
responsabilidad en los asesinatos de las mujeres en Juárez.
Los crímenes
que convirtieron a esta ciudad fronteriza en la capital
mundial de los asesinatos de mujeres no comenzaron de la
noche a la mañana. Tuvieron sus inicios en la guerra sucia
de México, cuando apenas se iniciaba una red de capos del
narcotráfico, empresarios, militares, policías y
funcionarios corruptos.
Y estas
muertes estaban surgiendo en otros lugares de México y
Centroamérica. El terror y la desenfrenada violencia
vinculada al cártel de los Carrillo Fuentes fueron de gran
utilidad para encubrir a los poderosos juniors, a quienes un
funcionario federal atribuyó la comisión de estos asesinatos
para proteger sus intereses financieros.
Por muchos
años, los sospechosos permanecerían ocultos. Pero al final,
el velo fue descubierto y esto provocó una serie de
amenazas. En el año 2004, tres policías mexicanos me
enviaron un mensaje de advertencia para que detuviera y
abandonara mi investigación. Otra fuente mexicana me reveló
que «los juniors están preocupados; no quieren que sus
nombres sean divulgados».
A finales de
2003, luego de que el diario La Jornada, de la ciudad
de México, publicara breves extractos del manuscrito de este
libro, unos colaboradores y yo empezamos a recibir extraños
telefonemas con ruidos de fondo, que semejaban un serrucho
eléctrico y la voz de un niño suplicando «Mami, no».
Un agente
federal de Estados Unidos también recibió llamadas
similares, las cuales fueron rastreadas hasta México. Una
fuente federal nos alertó de la intención de un funcionario
del gobierno para emprender la «Operación Desaparición», un
plan dirigido contra un periodista de la ciudad de México.
Este plan fue diseñado luego de que un influyente ciudadano
se quejara de que algunos de nosotros nos estábamos
acercando demasiado.
Las
autoridades mexicanas no cuentan con ninguna prueba en
contra de los sospechosos ya encarcelados y que enfrentan
acusaciones de participar en una cadena de crímenes en
serie, lo que incluye al egipcio Abdel Latif Sharif Sharif.
Los feminicidios se han extendido hasta la ciudad de
Chihuahua, la capital del estado, a unos 380 kilómetros al
sur de Juárez...
...Cynthia
Kiecker, una ciudadana de Minnesota, Estados Unidos, y su
esposo, un ciudadano mexicano, fueron acusados del asesinato
de una joven en la ciudad capital, en el año 2003. El
Departamento de Estado de Estados Unidos cree que Cynthia y
su marido fueron torturados para obligarlos a firmar
confesiones falsas.
Desde el
principio, las amenazas y las intimidaciones han formado
parte de la
odisea en Juárez. La FBI se ha visto frustrada en sus
esfuerzos por colaborar. Expertos van y vienen sin que las
cosas cambien.
Organismos
internacionales, como Amnistía Internacional, Naciones
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se
han manifestado en vano contra el gobierno mexicano. Sin
embargo, retroceder sólo beneficiaría a los asesinos. A
menos que se haga algo para impedirlas, estas muertes
continuarán. Sin una importante intervención internacional,
una segunda década de muertes promete ser peor aún que la
primera. Este libro fue escrito porque hay vidas en juego.
Epílogo: Los abogados
En julio de
2004, tres mujeres fueron reportadas como desaparecidas en
Ciudad Juárez. A una de ellas la encontraron sin vida. La
tercera joven, Fabiola Chacón Arreola, de 18 años, vivía en
Anapra. Sus familiares dicen que la joven se dedicaba a
cuidar a su hermano discapacitado, además de tener la
seguridad de que ella no se fue por su propia voluntad. Su
madrina relató que Fabiola era estudiante en una escuela de
computación, ubicada en la zona centro. Hasta ahora no se
sabe nada de su paradero.
Sin duda
alguna, lo que está sucediendo en la ciudad fronteriza es
alarmante. A causa de la indiferencia oficial, los
asesinatos de mujeres se han extendido hacia otros estados
de la República. Si hay o no vínculos posteriores entre los
crímenes y las diferentes ciudades, ello debe ser
investigado.
El destino de
muchas
mujeres desaparecidas se desconoce, e incluso las
personas que han sido identificadas como sospechosas no han
sido presentadas ante los tribunales judiciales. Los
funcionarios de corporaciones investigadoras en ambos lados
de la frontera saben quiénes son los asesinos, pero nada se
ha hecho.
Algunos de
los autores materiales ya murieron, pero como parte de las
pugnas dentro del crimen organizado. La administración de
Fox tiene la oportunidad de recuperar la fe de sus
ciudadanos actuando correctamente. Los crímenes y
desapariciones continúan de manera incesante y todo seguirá
igual hasta que los verdaderos asesinos sean detenidos, y
cuando los gobiernos de México y Estados Unidos decidan y
reconozcan el fracaso de las políticas bilaterales, que
tuvieron como trágico resultado las muertes de centenares de
mujeres.
Se requiere
una solución bilateral que valorice más el salvar vidas que
incrementar el número de decomisos de drogas o permitir el
paso libre del comercio.
El clímax de
los «crímenes intolerables» llegó cuando varias madres de
las víctimas de Juárez y de Chihuahua clamaron justicia
durante una sesión con el presidente Fox, en la ciudad de
México, en noviembre de 2003.
La reunión
con la autoridad máxima de su país fue el punto culminante
de todo el trabajo y ayuda de organismos que se habían
lanzado para ayudar a estas mujeres. Las madres expresaron
que habían dado a Fox una lista con nombres de sospechosos y
esperaban que, en consecuencia, él actuara. Al término de la
reunión Fox dijo: «La justicia a veces es escasa en nuestro
país».
El tiene la
oportunidad de cambiar esta circunstancia. De no ser así, lo
que sigue es interponer una denuncia ante un tribunal
internacional.
Acontecimientos
En el 2004,
la fiscal federal María López Urbina entregó un informe al
estado de Chihuahua en donde señala a más de 80 funcionarios
y agentes estatales por el supuesto mal papel que ejercieron
durante las investigaciones.
El presidente
Vicente Fox mencionó el informe de López Urbina durante su
cuarto Informe de Gobierno. Como algunos hemos argüido,
estos investigadores, aunque no fueran los culpables, sí son
los responsables de que los crímenes siguieran por el mal
desempeño de su trabajo.
Tal vez ni
siquiera pisarán la cárcel y probablemente sean exonerados,
pero el hecho de que la autoridad federal tomara en cuenta
la pobre calidad de las investigaciones estatales,
representa un paso muy importante.
Entre los
señalados en el informe de López Urbina estuvieron Suly
Ponce, Hernán Rivera, Manuel Esparza y Antonio Navarrete.
En realidad,
faltan los altos mandos que fueron sus jefes. La comisionada
federal Guadalupe Morfín Otero también presentó un informe
en relación con estos crímenes en 2004. Durante un foro en
Ciudad Juárez pidió la liberación de «quienes no deben
permanecer en prisión», y comentó que «es inevitable
preguntar hasta dónde llega en las altas esferas la
complicidad y cuál es el papel que desempeñan los organismos
y poderes que deben hacer contrapeso al Ejecutivo del
estado».
Victoria
Caraveo, quien se desempeñó como titular del Instituto
Chihuahuense de la Mujer, emitió un informe que dio a
conocer la primera cifra oficial de los asesinatos de
mujeres en Juárez. Le faltaron algunos casos, pero el número
dentro de su informe fue más elevado que el manejado por la
Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos.
Bajo la
presidencia de José Luis Soberanes, la CNDH aportó datos
importantes en el 2004, y puso un enfoque anteriormente
ignorado en las mujeres extraviadas. Esto impulsó a
emprender una búsqueda y algunas de ellas fueron localizadas
por las autoridades federales. En julio de 2004, los
chihuahuenses tuvieron la oportunidad de elegir un nuevo
gobernador, y los juarenses un nuevo alcalde. Debemos estar
atentos a estos acontecimientos. Lo negativo del asunto es
que personas cuya culpabilidad está en duda, los culpables
prefabricados, no han sido exonerados.
Existen
sospechas de que varias muertes, y la forma en que se ha
extendido a otras regiones representa una serie de
respuestas a las estrategias bilaterales antidrogas y del
libre comercio. Incluso, los jefes de los cárteles en México
están luchando contra la posibilidad de que sean
extraditados a los tribunales del extranjero, en particular
Estados Unidos.
El gobierno
mexicano habría tratado como secreto de Estado algunos
aspectos de la lucha antidrogas, impulsada en gran parte por
Estados Unidos, para tratar de apagar o contener a los
cárteles. Como respuesta, se desató una poderosa alianza de
intereses económicos, que incluye políticos y elementos
corruptos del Ejército y de las fuerzas policiales, y que ha
declarado una guerra en contra de los esfuerzos del
gobierno.
La alianza ha
respondido a operativos como Chihuahua Pilot Project y a
cambios que proceden del Tratado de Libre Comercio, que
amenazaban el statu quo. La contraguerra ha incluido los
asesinatos sistemáticos de mujeres -una auténtica campaña de
terror que podía garantizar el doblegamiento de gobernantes
y el temor en sus comunidades.
Hemos visto
que entre sus elementos se encuentran policías y soldados
que fueron adiestrados por agencias federales estadunidenses,
convertidos en escuadrones de la muerte para una extensa red
del crimen organizado. Como ejemplos, tenemos a los Zetas,
que operan en Tamaulipas y Nuevo León. Estos sicarios
tuvieron como manual de operaciones las guerras sucias de
países como Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina y
México.
Algunos
narcotraficantes de Tijuana y Juárez se han trasladado a
esos países para instalarse en ellos y evadir la justicia.
Las víctimas de Ciudad Juárez -la mayoría jóvenes y de
origen humilde- representan el futuro de la industria
maquiladora y, en general, del pueblo mexicano.
El gobierno
se ha adelantado a callar las inquietudes de la sociedad
civil con las detenciones injustas de personas que nada
tenían que ver, y todo para seguir ocultando el verdadero
fondo de esta guerra. Pero el silencio se ha roto, y no
tiene caso seguir ocultando la verdad.
En cada
batalla hay crímenes de guerra, y este caso no es la
excepción. Las autoridades de Estados Unidos y México deben
actuar con urgencia para poner fin a la ola de crímenes y
reparar el daño humano colectivo. No habrá solución sin
justicia.
Gastón Pardo
Red
Voltaire
1 de
junio de 2005
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