El golpe
de Estado que en junio de 2009 derrocó al gobierno legítimo de Manuel Zelaya, no
ocasionó solamente la ruptura del orden constitucional que aún no ha sido
sanado, sino que profundizó la ya grave situación de violación a los derechos de
las mujeres hondureñas.
En ocasión del Día
Internacional de la Mujer, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
conversó con Sirel acerca de la situación de la violencia de género en el
país.
Según estadísticas del
Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del CDM, del 2002 al 2010 en
Honduras fueron asesinadas 1.778 mujeres, casi la mitad de las cuales en edades
comprendidas entre los 15 y los 29 años.
Además, el año pasado 597 mujeres
fueron víctimas de violencia -incluyendo 343 femicidios- con aumento del 85 por
ciento en los últimos dos años.
De acuerdo con la
Fiscalía Especial de las Mujeres, de un acumulado de 944 casos (2008-2010) de
muertes violentas de mujeres, sólo se han obtenido 61 sentencias (6,4 por
ciento).
Esta situación
evidencia una significativa profundización de la violencia de
género después del golpe de Estado.
En un documento
dado a conocer a finales del año pasado, el CDM reveló como el golpe de
Estado significó “el derrumbe y deslegitimación de la poca institucionalidad y mecanismos
existentes -creados con esfuerzo y lucha de las organizaciones feministas- para
garantizar el respeto y goce de los derechos humanos”.
Ante esta situación, el documento denuncia que el gobierno
continuador del golpe se está limitando a realizar esfuerzos “por
ocultar las permanentes violaciones a los derechos humanos de la población
hondureña y de las mujeres en especial”,
sin garantizar el cumplimiento de los mecanismos necesarios para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
“Vivimos una situación de absoluta ingobernabilidad. El Estado ha
colapsado y las mujeres estamos expuestas a la violencia sistemática y a la
falta de respuesta institucional”, dijo a Sirel, la coordinadora del
Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos del CDM, Regina Fonseca.
Según Fonseca, el Estado, a través de sus cuerpos represivos
y de las estructuras encargadas de aplicar justicia, se ha convertido en una
importante fuente de agresión a la integridad y vida de las mujeres.
“Casi
el 96 por ciento de los femicidios quedan en la impunidad. Las autoridades son
incapaces de realizar su trabajo o están coludidas con los responsables de
violencia.
Además -continuó la activista- nos preocupa el ritmo de crecimiento
de los asesinatos de mujeres, que ya es el doble con respecto a los hombres, y
la estigmatización que se está dando a este fenómeno de parte de las autoridades
de Seguridad.
También estamos viendo como las instituciones se han parcializado a
favor de los grupos de poder, contribuyendo de esa manera a la criminalización
de la protesta social y a la persecución política, represión y violencia sexual
contra las mujeres que son parte de la Resistencia.”, aseveró Fonseca.
Frente esta situación, las integrantes del CDM siguen sin
reconocer al actual régimen de Porfirio Lobo.
“Reconocerlo sería como que alguien me viole y después tenga que
sentarme con él a negociar. No es posible y es por eso que necesitamos refundar
nuestro país.
Queremos un Estado donde las mujeres sean parte del espíritu y de
la acción social y política. Somos parte de la Resistencia y apostamos a
auto convocarnos a una Asamblea Nacional Constituyente, con nuestra mirada
femenina y con nuestras necesidades y demandas”, concluyó Fonseca.
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