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Las diputadas del
Parlamento de Guatemala libran una titánica lucha contra sus propios compañeros
legisladores para aprobar una ley que castigue con duras sanciones el asesinato
de mujeres y cualquier tipo de violencia de género. La iniciativa prevé penas de
25 a 50 años de prisión para los hombres que asesinen a mujeres sólo por el
hecho de serlo.
Video
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Femicidio
en
Guatemala |
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En
Guatemala
más
de
3.000
mujeres
han
sido
asesinadas
en
los
últimos
8
años
El
97%
de
los
casos
nunca
han
sido
resueltos |
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Las
parlamentarias de los diferentes bloques
legislativos, que juntas apenas suman 20 -de los 158 escaños del Parlamento
unicameral de este país-, buscan aprobar la Ley contra el Femicidio y
otras formas de violencia contra la mujer.
La iniciativa, que según las
diputadas podría ser aprobada el próximo miércoles, prevé penas de 25 a 50 años
de prisión para los hombres que asesinen a mujeres sólo por el hecho de serlo.
La impunidad que reina en Guatemala y la falta
de una ley que tipifique la violencia de género ha colocado a este país
centroamericano como uno de los más violentos contra sus mujeres a nivel
mundial.
Según cifras oficiales,
en lo que va de este año han sido asesinadas
unas 108 mujeres; en 2003 se registraron 383 asesinatos; en 2004 fueron 497; en
2005 llegaron a 517; en 2006 se cometieron 603, y el año pasado, 590.
La diputada Rosa María de
Frade, del conservador partido ex gobernante Gran Alianza Nacional (GANA
2004-2008), una de las principales promotoras de la ley, asegura que la
iniciativa 'no es una ley feminista, ni una ley que busque el enfrentamiento
entre hombres y mujeres', como han argumentado algunos de sus compañeros de
bloque.
'Lo que buscamos es crear una
ley que sirva para visibilizar el fenómeno social de la violencia contra las
mujeres, y para que el Estado reaccione para poner fin a esta conducta
misógina', precisó De Frade.
La iniciativa también tipifica
como delitos los diferentes actos de violencia contra la mujer en sus categorías
de violencia sexual, física, psicológica y económica, para los cuales fija penas
de entre cinco y ocho años de prisión, según la gravedad.
'Será una herramienta para
garantizar la vida, libertad, integridad, dignidad y protección para las
mujeres', agregó De Frade.
Pese a la importancia de la
normativa, varios diputados se han opuesto a la misma porque la consideran
'ambigua' y contraria a los patrones culturales que caracterizan a la sociedad
guatemalteca, en la que se ve como algo 'tolerable' que los hombres ejerzan
dominio sobre las mujeres, incluso por medio de la violencia.
El diputado Jorge Méndez,
de GANA, quien presidió el Parlamento el año pasado, ha manifestado su rechazo a
la ley, bajo el argumento de que 'no se podrá objetivamente determinar una
conducta misógina' en contra de un hombre que sea procesado bajo esta normativa.
Además, alega que la ley
violaría el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito por Guatemala y que reconoce
las expresiones culturales de las poblaciones indígenas.
Esa posición, criticó la
diputada Nineth Montenegro, del izquierdista partido Encuentro por
Guatemala, es 'un argumento inconcebible' porque justifica con argumentos
culturales falaces la permanente violencia de que son víctimas las mujeres
guatemaltecas.
Pablo Duarte,
diputado del derechista Partido Unionista, también se ha manifestado en contra
de las disposiciones de la ley, porque considera que provocará enfrentamientos
entre hombres y mujeres.
'Ya no se podrá decir nada a
una mujer, porque entonces se dirá que se les agredió', declaró al calificar
como 'subjetivos' los conceptos que se contemplan en la tipificación de los
delitos.
Sin embargo, Blanca Staling,
directora del Instituto Nacional de Defensa Pública, del Poder Judicial,
considera que la aprobación de esa ley 'es urgente para detener los miles de
actos de violencia' que a diario se registran en el país en contra las mujeres.
El instituto que dirige
Staling atendió el año pasado a
22.737 mujeres que sufrieron algún tipo de agresión por parte de hombres, en su
mayoría sus parejas o familiares.
Por la falta de una ley de esta
naturaleza, lamentó Staling, sólo el 1,8 por ciento de esos casos fue
tipificado como conducta delictiva por los tribunales.
Las diputadas esperan convencer
a sus colegas masculinos para que cambien de actitud y apoyen esta propuesta.
La batalla final se dará el
próximo miércoles, cuando el pleno del Parlamento debata la iniciativa en
tercera y última lectura.
Tomado de
www.albedrio.org
7 de abril de 2008
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