En enero, su padre
había firmado ante un Juez de Paz de Huancabamba una
autorización para que viajara a Lima. Había redactado el
texto una mujer que hace de intermediaria entre familias
limeñas que no desean pagar mucho por el trabajo doméstico y
campesinos pobres dispuestos a obtener unos soles, a cambio
de entregar a sus hijas a desconocidos. En este caso,
aparentemente, el trato había sido que el "sueldo" de
Graciela le sería entregado al padre en noviembre, cuando
recogiera a su hija.
Al padre de Graciela
no le dieron ni el teléfono ni la dirección de San Isidro.
En Lima, las tías y primas de Graciela intentaron
preguntarle a la intermediaria sobre su paradero, pero ésta
se negó a proporcionarles información. La madre llamó desde
Huancabamba sin mayor resultado. Afortunadamente, en la
autorización aparecía el nombre de la dueña de casa y las
tías lograron ubicar su departamento en el piso once de un
edificio de la elegante avenida Dos de Mayo.
La empleadora de
Graciela tenía apenas 22 años, acababa de dar a luz y
necesitaba que alguien cuidase de su bebé a tiempo completo.
Se consideraba la "apoderada" de Graciela, y creía tener
derecho a establecer todas las restricciones necesarias,
incluyendo impedirle continuar sus estudios secundarios.
El caso de Graciela
es un ejemplo de como todavía se realiza el servicio
doméstico en el Perú, a dos años de la promulgación de la
ley 27986, Ley de los Trabajadores del Hogar (RP 27). Muchos
empleadores aún ignoran que una empleada doméstica tiene
derecho a 15 días anuales de vacaciones pagadas, a
gratificaciones en julio y diciembre (que equivalen a medio
sueldo) y compensación por tiempo de servicios (medio sueldo
por año trabajado). En caso de despido intempestivo, se debe
pagar también medio sueldo de indemnización. Aunque se trata
de la mitad de los beneficios que percibe un trabajador en
planilla, es una condición abismalmente superior a la
realidad de la mayoría de trabajadoras del hogar.
En La Casa de
Panchita, entidad que apoya a empleadas domésticas, se
reciben testimonios impresionantes sobre acoso sexual o
maltratos físicos que muestran el lado sórdido de las zonas
más acomodadas de Lima. Los domingos, además, juegan grupos
de niñas, que uno tomaría por las hijas de las trabajadoras.
En realidad son "empleaditas", niñas menores de trece años,
que hacen trabajo doméstico en lugares como San Juan de
Miraflores y Villa El Salvador.
Salvo las embajadas
y las agencias internacionales de cooperación, pocas
instituciones han distribuido la ley 27986 entre su
personal, para garantizar que trate de manera adecuada a sus
trabajadores domésticos. La mayoría de peruanos todavía cree
que éste es un asunto privado, ignorando que existen normas
que deben ser cumplidas obligatoriamente.
Desesperada, la
madre de Graciela decidió la semana pasada venir a Lima por
primera vez en su vida en busca de su hija. Fueron dos días
de viaje desde el caserío de Catulún, con el menor de sus
hijos en brazos y dejando a los otros cuatro al cuidado de
unas parientas.
Para entonces, los
abogados de La Casa de Panchita le habían advertido a la
familia de San Isidro que corría el peligro de ser
denunciada por secuestro. La noche del 1º de mayo, después
de varias horas de indecisión, accedieron a reunirse con uno
de los abogados. Permitieron que Graciela se marchara con su
madre y le entregaron bastante más dinero del que habían
ofrecido a su papá. "Sólo queríamos evitar que le pasara
algo", decían para justificar el aislamiento en que la
habían mantenido.
Este caso ha llegado
a buen fin, pero las personas que traen con engaños a niñas
y jóvenes campesinas siguen actuando, exponiéndolas a toda
clase de abusos. Municipalidades como San Isidro, Surco y
San Borja, tan afanadas en regular la situación de las
mascotas en sus jurisdicciones, deberían preocuparse más por
cumplir con el Código del Niño y del Adolescente que las
obliga a empadronar a todas las empleadas domésticas menores
de dieciocho años y a evitar que sean explotadas,
asegurando, al menos su asistencia a la escuela (artículo
52).
Una amable lectora
ha decidido repartir a las empleadas de su barrio la ley
27986 y la dirección de La Casa de Panchita. Y usted, ¿qué
hará para luchar contra estas prácticas inhumanas?
Wilfredo Ardito Vega
Convenio La Insignia /
Rel - UITA
