España

Primer paso de Ley de Igualdad

El Gobierno español aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Igualdad, que garantiza una "presencia equilibrada" de mujeres en los procesos electorales y los nombramientos del Ejecutivo y estimula a las empresas para fomentar la presencia femenina en sus consejos de administración.

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Conforme a esta normativa, que pretende acabar con la discriminación de la mujer y lograr que la igualdad legal vaya acompañada de una igualdad real con medidas de acción positiva, en las listas electorales ninguno de los sexos podrá tener menos de un 40 por ciento de representación.

 

De hecho, el Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero es el primer gobierno paritario en España (ocho ministras y ocho ministros), como prometió en la campaña para los comicios generales de marzo de 2004, y la primera vicepresidencia la ocupa una mujer, María Teresa Fernández de la Vega.

 

En pro de la igualdad, el anteproyecto de ley aprobado el viernes 3 contempla, en el ámbito laboral, un permiso de paternidad de ocho días, la mejora de las excedencias para el cuidado de hijos (se considerarán cotizados a la Seguridad Social los dos primeros años) y la nulidad de las represalias que pueda sufrir una mujer por un embarazo.

 

Además, prevé la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación, de manera que la persona acusada deberá demostrar que tiene fundamento la decisión que adoptó, explicó a la prensa el titular español de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

 

La futura ley prohibirá tanto la discriminación directa e indirecta como el acoso sexual o por razón de sexo, que, según Caldera, se sancionará "severamente".

 

Para potenciar la participación de la mujer en la toma de decisiones políticas, la normativa reformará la ley orgánica electoral general y obligará a los partidos a presentar en todos los comicios listas en las que ningún sexo tenga una representación inferior al 40 por ciento ni superior al 60.

 

Se deberá garantizar una representación equilibrada en el nombramiento de titulares de órganos directivos cuya designación corresponda al Consejo de Ministros.

 

El Gobierno español quiere que se logre esa misma paridad en cuatro años en los consejos de administración de las empresas y, para lograrlo, favorecerá en los contratos con la Administración pública a las compañías que, con iguales ofertas, presenten mejores indicadores de igualdad.

 

Caldera confió en que resulten satisfactorios los planes y las medidas de igualdad que, por ley, tendrán que negociar las empresas en sus convenios colectivos y advirtió de que, si no es así, a los cuatro años esa política de estímulos se convertiría en medidas "más drásticas".

 

La norma permitirá a las empresas fijar medidas para la preferencia de la mujer en contrataciones y ascensos, cuando esté infrarrepresentada.

 

Destacan también las medidas a favor de la conciliación familiar y laboral, como el derecho a la adaptación flexible de la jornada.

 

La futura ley pretende acabar con la tradicional discriminación de las mujeres, que en España ganan en torno al 30 por ciento menos que los hombres, el doble de la diferencia salarial en la UE.

 

Además, sus tasas de actividad y ocupación se sitúan diez puntos por debajo de la media europea, según estadísticas de la Unión Europea.

 

En el ámbito político, las mujeres ocupan el 36 por ciento de los 350 escaños del Congreso de los Diputados (cámara baja del Parlamento español), mientras en el Senado 61 de sus 258 miembros son mujeres, y sólo una de ellas encabeza un Gobierno regional, Esperanza Aguirre en Madrid.

 

EFE

6 de marzo de 2006

 

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