El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

 fortalece la democracia

“El reconocimiento y protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos hará posible un avance en la ciudadanía de las mujeres, principalmente de aquellas que, por su condición de pobreza, no tienen posibilidades de ejercerlos”, afirmó Reyna Concha Renilla, dirigente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Arequipa, durante la presentación del Manifiesto de la Convención por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos.

El evento contó con la presencia de Susana Chiarotti, abogada feminista argentina, integrante del Comité para América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará de la Comisión Interamericana de la Mujer.

Los comentarios al documento estuvieron a cargo de la dirigente de la CGTP –Arequipa, Ismael Vega, representante de Amnistía Internacional– Perú, y Maria Emma Manarelli, del Programa de Estudios de Género de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Manifiesto es una declaración de principios e intenciones, que expresa los nuevos paradigmas de las relaciones entre los géneros en el contexto de los cambios económicos, sociales y culturales ocurridos en el mundo y que plantean contradicciones y desafíos a enfrentar en una apuesta por afirmar la democracia.

Concha afirmó que desde hace algunos años en su central se está trabajando el tema de género, con el propósito de hacer visible la problemática de las trabajadoras dentro del movimiento sindical.

 “En los centros de trabajo existe el acoso sexual, las empresas agroexportadoras piden a las mujeres certificados de no embarazo para darles trabajo, y las mujeres trabajadoras bajo el sistema de servicio no personales no tienen derecho a la hora de lactancia, el derecho a la maternidad está siendo violado y estos problemas no se tocan a profundidad en las centrales sindicales”, lamentó la dirigente sindical.

Susana Chiarotti al presentar el manifiesto, afirmó que “el cuerpo de las mujeres es un territorio colonizado, porque el Estado y otras entidades, como las iglesias, se toman la atribución de inmiscuirse en nuestra sexualidad y reproducción, sin respetar la autodeterminación a la que tenemos derecho”.

Chiarotti, resaltó que uno de los aportes fundamentales del Manifiesto es ubicar al cuerpo como un ente político donde se expresa la discriminación, traducida en violencia, enfermedad y muertes. “Lo que proponemos desde las mujeres es recuperar la autonomía de ese territorio enajenado para ejercer nuestro derecho a la igualdad, la libertad y el placer”.

Asimismo dijo que en el contexto de la globalización neoliberal en que vivimos, los fundamentalismos religiosos y del mercado imponen su dictadura sobre los cuerpos de las personas, menoscabando su realización personal y social.

Ismael Vega, coincidió en la necesidad de avanzar hacia el reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y manifestó que su organización ha tomado posición a favor de que los Estados garanticen estos derechos a través de políticas que contribuyan a erradicar la violencia de género, y a proporcionar amplia información y medios para que las personas puedan practicar su autonomía en estos aspectos de su existencia.

Explicó que la despenalización del aborto y su acceso en caso de violación sexual o de malformación congénita del feto, son medidas que sin duda contribuirán a que las mujeres puedan hacer realidad sus derechos.

Por su parte, la académica María Emma Manarelli consideró que el Manifiesto es un documento histórico, que recoge los anhelos y expectativas de autonomía y plenitud de diferentes grupos de la sociedad cuyos derechos son conculcados por fuerzas que pretenden seguir tutelando la moral pública.

¿Por qué una Convención por los derechos sexuales

y los derechos reproductivos?

En Perú, una de cada cinco mujeres ha sufrido violencia sexual antes de cumplir los 15 años. Durante el 2005, el Instituto de Medicina Legal realizó 22.568 exámenes de integridad sexual a menores de 18 años, es decir, se produjeron 62 casos diarios de abuso sexual hacia niñas y adolescentes.

Cada año mueren 1.800 peruanas por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en el año 2004, la tasa de mortalidad materna fue de 185 por cada 100.000 nacidos vivos, lo que representa la tercera tasa más alta de América Latina. Esta tasa se eleva a 448 por 100.000 nacidos en las zonas rurales.

La encuesta señala, además, que el 12,7% de adolescentes entre 15 y 19 años ya es madre o está embarazada y que el 55% de estos embarazos no fue deseado.

Esta realidad, probablemente, responda a la falta de una política coherente de educación sexual en la escuela pública y a que no se cuenta con servicios diferenciados de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes, con lo que esta población se enfrenta a riesgos como embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.

La Campaña por una Convención de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos se inició en 1999, impulsada por CLADEM, con el objetivo de formular y aprobar en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, una Convención que defina y proteja los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

La violación a estos derechos se expresa en discriminación, frustración, enfermedad y muerte, como lo demuestran las altas tasas de embarazos no deseados, mortalidad materna, abortos inseguros, el incremento de casos de VIH/SIDA entre mujeres y jóvenes, y los crímenes de odio contra personas con orientación sexual diferente.