Los abusos cometidos tanto por la Policía Nacional, como por
el ejército, incluyen golpes y manoseo en vagina, busto y glúteos,
como amenazas de violación e insultos con connotaciones sexuales
(prostituta o perra).
El mensaje que dan los represores, conforme a los testimonios
recabados por SEMlac es que "esto te pasa por no estar en tu casa
cuidando a tus hijos y tu marido" o "esto es para que aprendas a no
venir a meterte en estas cosas", en referencia a las acciones de la
Resistencia Contra el Golpe de Estado.
Resulta evidente que estos actos se realizan como castigo
ejemplarizante hacia las mujeres, para que vuelvan al mundo privado,
a sus casas, un castigo por haber irrumpido en el mundo público y
formar parte activa de la lucha contra la asonada.
Otra expresión contundente de la violencia contra las mujeres
es la aprobación y publicación en la Gaceta, periódico oficial de la
República, del Decreto 2744, donde el Ministerio de Salud prohíbe
"el uso, venta, comercialización o distribución gratuita de las
pastillas de anticoncepción de emergencia (PAE)", basado en
el criterio de que tiene un efecto abortivo, según un dictamen de
2008 del Colegio Médico citado en el mismo periódico.
Este es, según Regina Fonseca, coordinadora del
Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Centro de Derechos de
Mujeres, "otro golpe a las mujeres, un golpe simbólico para
demostrar que los grupos conservadores y fundamentalistas de este
país, tienen control sobre nuestros cuerpos, nuestras decisiones y
nuestras vidas", señaló.
"A todas luces es un acto inconstitucional, no solamente
porque cualquier acto realizado por un gobierno usurpador es nulo,
sino también porque el país ha ratificado convenciones
internacionales, existe un marco legal a nivel nacional e
internacional que protege la salud sexual y reproductiva que se ha
irrespetado por el actual Ministro de facto en la Secretaría de
Salud".
Fonseca
recordó que el titular antes era Presidente del Colegio Médico y
"emitió el dictamen sobre las PAE basado en un estudio
realizado sobre información secundaria, ya que en Honduras no
hay estudios científicos al respecto". El decreto 2744 había sido
vetado por el presidente Manuel Zelaya, quien mandaba no
tomar una decisión sobre el tema sin antes conocer la opinión de la
Corte Suprema de Justicia, organismo que
debía adoptar una resolución en los días en que ocurrió el Golpe de
Estado.
Sin embargo, estas acciones no desaniman a las
luchadoras de la Resistencia. María Rosa López, líder
campesina de la comunidad de Ojo de Agua, Comayagua, afirma que
"esta resistencia tiene rostro de mujer y vamos a seguir luchando
hasta el final, hasta las últimas consecuencias".
Ella cuenta su experiencia: "A mí me detuvieron
el 3 de agosto, cerca de la frontera de Las Manos (Honduras-Nicaragua)
cuando iba a reunirme con la marcha que apoyaba el regreso del
presidente. Nos detuvieron como a 140 personas y nos llevaron a un
retén policial".
"Al día siguiente, llevaron a un comando para que
nos trajera a Tegucigalpa, y nosotras le dijimos: no nos vamos en un
comando porque no somos militares, a nosotras tráiganos un vehículo
civil. Y no nos movimos de allí hasta que nos mandaron el bus",
refiere.
Pese a estas manifestaciones, las violaciones a
los derechos humanos de las mujeres no han pasado en su mayoría por
las instancias de administración de justicia, debido a que
–según
expresan las agredidas– no confían en el sistema de justicia, ni en
la Policía encargada de las investigaciones, ya que representantes
de esta última han violentado sus derechos y son los responsables de
la investigación criminal en el sistema de administración de
justicia hondureña.
