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México
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A no perder de
vista el origen de agresión a Lydia Cacho
La explotación sexual comercial infantil en Cancún es el delito
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El asunto fundamental de las agresiones contra la periodista
y defensora de los derechos humanos,
Lydia Cacho,
es la explotación
sexual comercial infantil en Cancún,
puntualizó la diputada Angélica de la Peña Gómez.
La
Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia
y Familias de la Cámara de Diputados, se pronunció por
evitar que se “tienda una cortina de humo que esconde el
verdadero problema” que denuncia la periodista.
Se sumó al
llamado de la sociedad, para señalar el verdadero problema,
que es el delito de la explotación sexual infantil que “se
mantiene impune”.
Recordó que
en la investigación realizada por la periodista Lydia Cacho
publicada en su libro “Los
demonios del Edén”, denuncia a las redes de
prostitución y a diversos empresarios y funcionarios que
desgraciadamente en cualquier momento pueden coptar a una
niña o niño, a través del Internet, en la calle o fuera de
la escuela.
La
respuesta de las autoridades hacia el trabajo de Lydia Cacho
y de los medios de la comunicación, evidencian el grado de
corrupción e impunidad de los órganos de procuración e
impartición de la justicia.
La Red
Nacional de Organismos Civiles de derechos Humanos, Todos
los Derechos para Todas y Todos, integrada por 54
organizaciones, demanda que el poder público no se siga
ejerciendo en secreto.
Luego de
analizar el contenido de las llamadas entre el empresario
Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín la Red
exigió que la Procuraduría General de la República abra un
proceso de investigación tanto del gobernador como de los
funcionarios públicos involucrados y el empresario Kamel
Nacif, en función que la gravedad de los hechos.
Demandaron
que se garantice la seguridad de las menores que dieron su
testimonio para descubrir las redes de prostitución y
pornografía infantil.
Organizaciones de Derechos Humanos, Civiles y Sociales como
las de Equipo Pueblo A.C, Alianza Cívica, Católicas por el
Derecho A decidir, INSYDE Social, Centro de Derechos Humanos
“Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., y Sin Fronteras IAP
.demandaron al Estado Mexicano la seguridad de la periodista
Lydia Cacho.
De igual
forma, se pronunciaron porque el gobierno Mexicano cumpla
cabalmente los compromisos internacionales adquiridos en
materia de Derechos Humanos.
Los recientes atentados en contra de periodistas son una
muestra clara de que a pesar de los compromisos adquiridos,
no existe garantía a la libertad de expresión ni a la vida,
expresaron
Gladis
Torres
CIMAC
17 de
febrero de 2006
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