Perú

Mujeres que no existen

El pasado 29 de abril se firmó un Convenio de Cooperación entre la

Rel-UITA y la Casa de la Mujer Peruana Flora Tristán(1). En esa oportunidad entrevistamos a Ivonne Macassi (Coordinadora del Programa de Derechos Humanos) y Elena Villanueva (Coordinadora del Programa de Desarrollo Rural).

 

-¿Cuál es la situación actual y qué problemas padecen las mujeres rurales del Perú?

Ivonne Macassi - La situación de las mujeres rurales tiene algunas diferencias específicas en relación con otros grupos de mujeres del país. En general, la situación de las mujeres en el Perú es sumamente precaria, hay una fuerte discriminación que persiste a pesar de todos los esfuerzos que como movimiento de mujeres hemos realizado. Si bien es cierto que hay muchos avances a nivel normativo, todavía quedan muchos logros por conquistar. En este marco, una de las principales preocupaciones con las que seguimos insistiendo, es la dificultad de acceso a determinados recursos productivos, sociales e institucionales.

 

Las mujeres rurales tienen muchísimas más dificultades que otros grupos de mujeres. Las mujeres rurales tienen el doble de dificultades a aquellos accesos. En analfabetismo tienen el más alto porcentaje, en términos de salud son a las que menos se les atiende, en términos de justicia las que menos acceso tienen a la misma. ¿Todo esto en razón de qué? Por un lado, las políticas en nuestro país están diseñadas y pensadas para las mujeres de zonas urbanas, por ello en el diseño e implementación de dichas políticas no se tiene en cuenta la situación específica de las mujeres rurales. Una de las razones es la ausencia del Estado en gran parte de los territorios en los cuales viven las mujeres rurales. Por otro lado, habiendo un esfuerzo inicial de articularse ellas mismas en sus organizaciones, aun no están vinculadas a otro tipo de organizaciones.

 

También ha tenido que ver en el poco acceso a esos tres tipos de recursos la violencia política padecida durante 15 años. Ello está refrendado en lo que es el informe de la Comisión de la Verdad, todo un análisis de la realidad peruana, que específicamente en el caso de las mujeres, señala que la violencia política afecta a siete departamentos de los 25 existentes. Y en esos siete están justamente las zonas rurales pobres, donde la población es mayoritariamente campesina y donde las que han sufrido con mayor efecto la violencia política, con sus consecuencias económicas, de acceso a la justicia y de acceso a recursos sociales, son las mujeres.

 

A partir de un trabajo más sostenido de nuestra Institución a través de la Red de Mujer Rural hemos ido rescatando algunos derechos que tienen las mujeres. Una de las primeras campañas que hicimos fue sobre el acceso al recurso tierra y en última instancia el acceso al documento de identidad. El recurso de acceso a la tierra porque en el país se estableció un proyecto especial de titulación de tierras en el cual, en principio, no intervinimos porque vimos que el programa se aplicó. Pero nos llamó la atención que en las primeras titulaciones que se daban en algunas zonas no aparecían las mujeres, siendo un proyecto especial donde el Estado como tal aplicó muchísimos recursos.

 

En el Departamento de Cajamarca realizamos un diagnóstico el cual determinó que el 40 por ciento de las productoras directas de las tierras eran las mujeres, sin embargo las mujeres tituladas resultaron menos del 10 por ciento del total de los que habían recibido el título. Entonces, hicimos un análisis de la Ley que promocionó la titulación de tierras y vimos que a nivel normativo no había discriminación. La ley en términos normativos era perfecta, el problema estaba en la aplicación, por lo cual desarrollamos toda una campaña para destacar este elemento de discriminación al momento de aplicar la ley, por otro lado, con una capacitación específica a los que aplicaban la norma –a los operadores digamos– logrando una reglamentación de la ley para que no hubiera ese tipo de discriminación. Ese tipo de campaña piloto luego fue desarrollada en las demás regiones.

 

Y en el caso último, a propósito de la intervención en la titulación de tierras, surgió un segundo problema que no había sido evidenciado ni por nuestro movimiento de mujeres ni tampoco desde el Estado, y que era la indocumentación. Pese al esfuerzo acumulado de quererlas titular no podían, porque no tenían documento de identidad. Allí surge la segunda campaña, a partir de un diagnóstico que se realiza desde Flora Tristán.

 

-¿Qué es la Red de la Mujer Rural?

Elena Villanueva - La Red Nacional de la Mujer Rural es un proyecto impulsado desde el Programa de Desarrollo Rural en sus primeros años de intervención en las diferentes regiones del país. Por su nombre lo asocian como si fuera una red al estilo típico, pero se trata de un proyecto orientado a la promoción del trabajo con las mujeres rurales, con las promotoras y promotores de diferentes instituciones, centros de desarrollo y ONG´s que orientan un trabajo directo con las organizaciones de mujeres rurales. La preocupación del Programa y de Flora Tristán ha estado inicialmente en apoyarlas y asesorarlas en contenidos y metodologías de trabajo a fin de que estas promotoras profesionales, técnicas, desarrollen con calidad y eficiencia el trabajo de promoción y capacitación, pero que también incorporen las necesidades y las demandas de las mujeres en los proyectos de capacitación y en los proyectos de desarrollo. A partir de este trabajo que se inicia con el Proyecto con la Red Nacional de Mujer Rural se va generando todo un proceso de acumulación de información, de capacitación a estas promotoras, pero también de ir colocando la problemática de la mujer rural en las diferentes regiones del país en la perspectiva de que nosotras, como Institución feminista y política también promueva, a partir de las demandas de las mujeres, políticas en favor de las mujeres rurales. Esto lo intentamos llevar adelante en el marco de dos ejes principales promovidos desde el Programa de Desarrollo Rural: el acceso de las mujeres a los recursos productivos y a la ciudadanía de las mujeres rurales, eje en el cual se enmarca esta campaña piloto.

 

En el proceso se han ido construyendo también espacios regionales sobre la base de las promotoras que trabajan en las diferentes instituciones, espacios regionales a los que denominamos Redes Regionales para el Trabajo de la Mujer Rural. En algunas zonas donde ya había un espacio conformado para el impulso y la promoción de los derechos de las mujeres rurales, como mesas o coordinadoras de trabajo, lo que hemos hecho es aportar a su consolidación en la perspectiva que sean espacios de autoformación, pero también espacios autónomos con capacidad de propuesta y vigilancia para los derechos de las mujeres rurales en sus regiones.

 

En nuestro país el tema rural y en específico la problemática de la mujer rural en Lima, no es un tema que convoque. Es como que la problemática fuera desde Lima hacia fuera. Colocar en el debate, en la agenda pública, algún tema vinculado a este grupo importante y significativo de nuestro país es difícil, así como conseguir aliados. Sin embargo, creo que a partir de este soporte, de esta construcción hecha en las provincias, la confianza lograda en las mismas mujeres, el entrar a trabajar a partir de una propuesta de una institución seria, sostenida y concreta, hemos conseguido la confianza de aliados, en algunos casos estratégicos como la Red, en otros casos alianzas con autoridades y con las mismas representantes de las instituciones de provincias, que nos han respaldado para el desarrollo de iniciativas como esta que hemos impulsado recientemente. En ese sentido también lo que mencionó Ivonne me parece importantísimo, un problema de indocumentación que estaba allí pero escondido que viene de años atrás y que no lo vio nadie y cuando nosotras lo presentamos dijeron, ¡ah ahí estaba!

 

El tema lo colocamos en las agendas regionales, donde la opinión pública y los medios de comunicación le dan amplia cobertura, por ejemplo en Cuzco, en una conferencia de prensa contabilizamos entre 40 y 50 medios de comunicación cubriendo la actividad. Acá en Lima también, y nos parece muy bien que los principales medios de comunicación del país presenten el problema de la indocumentación, pero que sea sobre la base o el fundamento de la problemática de la mujer rural. Y esto ha sido muy interesante porque evidencia que este problema de indocumentación en las zonas rurales es mucho más grave, más pronunciado, y en las zonas verdaderamente pobres las más afectadas son las mujeres.

 

Otra sorpresa es que no hay datos ni cifras oficiales que den cuenta de la envergadura de este problema, está excluido, es invisible. Entonces, para poder fundamentar alguna propuesta ante esas barreras, tuvimos que levantar información y nos encontramos con una institución que es el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), institución encargada de otorgar el Documento Nacional de Identidad (DNI) con quien firmamos un convenio estableciendo el compromiso de elaborar fichas de levantamiento de información para saber dónde están, quiénes son, cuántas son. Para tener así una aproximación, una muestra, que fundamentara y argumentara la iniciativa y la propuesta de ley que tiene como autora a Ivonne Macassi en coordinación estrecha con el Programa de Derechos Humanos, nosotras le damos el soporte, el contenido, porque para llevar cualquier propuesta una tiene que ir con base, con fundamento y con las cifras claras.

 

Comprometimos al RENIEC para que la elaboración de los resultados del levantamiento de datos saliera desde allí, para darle así oficialidad a la información. Los primeros resultados, y para nuestra sorpresa, fue que una de las grandes barreras que limitan a que la mujer llegue a cumplir la cadena de la documentación es que, según una muestra reciente, 48 por ciento no tienen partida de nacimiento, eso significa que la persona no existe legalmente, esa mujer puede morir y acá no pasó nada, es invisible para el Estado.

 

La otra sorpresa fue que un 82 por ciento no contaba con la Libreta Militar. Hasta el 3 de agosto de 2004 la Libreta Militar era el documento requisito para obtener el DNI. Sin esa libreta no podías sacar tu DNI. Como institución hemos identificado muchas barreras, el factor económico, los factores culturales, el machismo imperante, las distancias, la geografía, la falta de información, varias barreras. Pero surgía esa otra gran barrera que debíamos atacar y entrar a negociar, influir en el Estado para que cambie o elimine esta gran barrera. Y ahí es donde se formula la iniciativa que Ivonne puede explicar mejor.

 

-¿Terminó eliminándose ese requisito?

-I.M. - Para un país como el nuestro hay una cuestión fundamental que también se puede aplicar al resto de la región. Perú es un país muy militarizado, en el sentido que por ejemplo no te basta tu documento de identidad, tu cédula, tu DNI, sino la exigencia de la Libreta Militar, con un control clave de las Fuerzas Armadas. Al hacer este planteamiento en el Congreso de la República todas las instituciones de DDHH se dan cuenta que, a propósito de la ampliación de la ciudadanía de las mujeres rurales, se logra que para todos los ciudadanos y ciudadanas de este país ya no sea obligatorio. En el Ejecutivo el único que protesta ante esta nueva ley es el Ministerio de Defensa. Entonces, hay un salto cualitativo en la desmilitarización de la ciudadanía con haber logrado esta norma.

 

Por otro lado, y también hay que ponerlo como marco, en el País hace tres años que estamos iniciando un proceso de descentralización que nosotros consideramos que no lo para nadie. A diferencia del primer intento, que fue en el primer gobierno de Alan García, ahora para participar dentro de los diversos espacios que ya se han creado a propósito de la descentralización, las mujeres necesitan estar documentadas. Además estamos fomentando, porque la documentación es una primera parte, la formalización de las organizaciones. Ahí entran las organizaciones de mujeres rurales, las organizaciones de mujeres indígenas amazónicas, las organizaciones urbanas marginales y demás. Paralelamente a la campaña de documentación estamos iniciando institucionalmente la campaña de Formalización de las Organizaciones Sociales de Mujeres, en este caso de las mujeres rurales, de las mujeres urbanas, de las mujeres indígenas amazónicas. Yo creo que el logro de esta iniciativa tendrá un efecto dominó todavía imprevisible. Nosotras consideramos que obviamente va a posibilitar mayor participación, que es otro de los temas, hay acá una baja participación de la población femenina en los espacios de toma de decisión, en especial de las mujeres rurales. Tenemos ahora una representación política ante el Congreso de la República que no alcanza el 13 por ciento. A nivel de gobiernos locales tenemos entre el 8 y 9 por ciento y solamente en la Regidora que sube al 7 por ciento a partir de la Ley de Cuotas, nada más. La representación política es mínima y las mujeres rurales no existen. Tenemos una mujer rural en el Parlamento.

 

-¿Con qué documento votan ustedes?

-Con el DNI. Y estamos en un año preelectoral y paradójicamente este año se celebran los 50 años del derecho al voto de las mujeres.

 

-Elena, ¿a qué te referías cuando manifestaste que la de ustedes es, además de una organización feminista, también política?

-Es que precisamente al plantear iniciativas, demandas y propuestas ya estamos haciendo política para un cambio. Para el cambio favorable de la situación de las mujeres y precisamente todas las actividades de nuestra institución se basan en un accionar efectivo, pero que a partir de ese accionar acumulamos elementos que fundamentan nuestras propuestas para hacer una presión y participación política. Porque si no hay cambio legislativo en las esferas mayores, poco o nada podremos avanzar. Es duro, pero creo que esa es la esencia de nuestra misión, es bien parecida a una organización sindical. Combatir las causas estructurales que restringen la ciudadanía de las mujeres, esa es la misión institucional. Nosotras efectivamente siempre mencionamos que no somos una ONG técnica, somos una Organización No Gubernamental política-feminista y no técnica. Por eso la alianza con una organización tan importante como la UITA es clave en todas estas propuestas porque no la deja solamente a nivel nacional donde nosotras podemos hacer todos los esfuerzos ya que este problema afecta también a las demás mujeres de la región, y ahí nosotras tenemos un límite.

 

 

Enildo Iglesias

© Rel-UITA

18 de mayo de 2005

 

 

1 La firma del Convenio permitirá, en el transcurso del presente año, la implementación del Programa “Perú: Mujeres rurales y su derecho a la identidad en la construcción de una agenda regional”.

 

 

   

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