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Históricamente
excluidas de toda política pública, las mujeres amazónicas
presentaron ante el Poder Legislativo peruano los problemas
prioritarios que enfrentan referidos al ejercicio de sus derechos al
territorio, la salud, la educación, la justicia, la violencia, la
economía y la infraestructura. El Estado y la sociedad peruana deben
responder a sus demandas desde un enfoque intercultural.
Las
lideresas amazónicas, ataviadas con sus trajes típicos y acompañadas
por los lideres de sus comunidades, que llegaron a la capital
peruana desde la selva central del Perú con el apoyo del
Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristán,
Mujeres Ashaninkas y Nomatsiguengas de la Selva
Central, mujeres Awajun del Alto Marañon representantes de
poblaciones históricamente excluidas del ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos, presentaron sus demandas y propuestas al
Congreso de la República del Perú en la Audiencia Pública “Situación
de las Mujeres Indígenas Amazónicas y propuestas de cambios
elaboradas por las mujeres”.
Según Ivonne
Macassi, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la
Mujer del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, “Para los
pueblos indígenas el territorio es fundamental, por eso las mujeres
se preocupan por su conservación y defensa, y demandan una adecuada
aplicación de las normas nacionales e internacionales,
principalmente del Convenio 169 de la
OIT”.
El
muro de la educación
“La falta de
acceso a la educación es otro problema gravitante en la Amazonia,
donde la tasa de analfabetismo femenino fluctúa entre el 76,3 por
ciento para la población Nomatsiguenga, el 54,2 por ciento
para la Ashaninka, 38,4 por ciento en la Kakinte y
73,9 por ciento en el caso de la Awajun. A ello hay que
sumarle las fuertes debilidades del sistema educativo nacional y la
falta de una política intercultural adecuada para atender las
demandas de las poblaciones indígenas”, detalló Macassi.
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Para los
pueblos indígenas el territorio es fundamental, por eso
las mujeres se preocupan por su conservación y defensa,
y demandan una adecuada aplicación de las normas
nacionales e internacionales, principalmente del
Convenio 169 de la OIT |
El Convenio 169,
suscrito y ratificado por el Congreso Peruano hace 17 años, contiene
los concepto básicos de respeto y participación de las comunidades
nativas y postula: “el respeto de las culturas, formas de vida e
instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta
y participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que los
afectan”.
“Siempre hemos
sido excluidas y discriminadas.
Tenemos derecho a una atención
intercultural bilingüe como lo
establece el convenio 169 de la OIT, pero el personal del sector
salud y los profesores, en su mayoría, sólo hablan castellano”,
denunció en la Audiencia Pública Maritza Casancho Rodriguez,
comunera del Sector Casancho de la Comunidad San Ramón de Pangoa,
ubicada en la parte sur-este del departamento de Junín.
Ante esta
problemática las mujeres demandaron la implementación de una
educación intercultural bilingüe que ponga fin al racismo y la
exclusión que siguen caracterizando al país, y la realización de
campañas de alfabetización para las mujeres adultas en las
comunidades, en coordinación con los sectores de Educación, Salud y
el Ministerio de la Mujer, entre otras acciones.
Un
genocidio silencioso
La exclusión
también se expresa en los sistemas de salud. Casi la mitad (49,9 por
ciento) de las comunidades indígenas cuenta con algún tipo de
establecimiento de salud, pero sólo el 45,5 por ciento de ellos
tiene botiquines adecuados para atender emergencias.
La mitad de los decesos ocurren
antes de los 42 años, siendo que el promedio nacional de vida es de
62 años.
Para enfrentar
esta dramática situación, las Mujeres Indígenas exigen el incremento
de recursos de salud para sus comunidades, campañas de promoción de
los derechos sexuales y reproductivos, la incorporación de la
medicina tradicional dentro del sistema de salud, la sensibilización
y capacitación del personal de salud para brindar una atención con
calidad y calidez en el marco del convenio 169 de la OIT.
Al dirigirse al
auditorio -compuesto por representantes de instituciones y
organizaciones de mujeres, representantes de Ministerios y
organizaciones del Estado-, Claudia Alegría Potsoteni,
secretaria de Economía de la Federación Regional de Mujeres
Ashaninkas, Nomatsiguengas y Kakintes (FREMANK), miembro de
la Comunidad San Miguel de Otica, demandó la capacitación y
sensibilización de su comunidad para enfrentar la violencia
familiar.
Violencia intrafamiliar y narcopoderes
“Pedimos la
capacitación de toda la comunidad: mujeres, hombres, adolescentes,
niñas y niños sobre los derechos de las mujeres y sobre el grave
problema que significa la violencia. Las autoridades y los jefes
también deben ser sensibilizados, y en su caso, además deben ser
capacitados sobre las leyes y acuerdos nacionales e internacionales
para que puedan aplicar bien la justicia. Nosotras no luchamos en
contra de nuestros compañeros hombres, lo que queremos es equidad e
igualdad de oportunidades”, explicó la dirigente amazónica.
Según el Centro de Emergencia Mujer
de Satipo, entre enero y octubre de 2010 se recibieron 314 denuncias
de violencia familiar y sexual, pero es muy grave que los
funcionarios que atienden este servicio no conozcan las lenguas
nativas ,
a lo que se suma que los enfoques de atención no incorporan la
diversidad y la cosmovisión de la mujer amazónica sobre la violencia
y la injusticia.
Sobre los efectos del conflicto armado que afectó al Perú
entre la década de los 80 y 2000, tema del cual se habla poco,
Johnatan Sharete Quinchoker, presidente de la Organización Campa
Ashaninka del río Ene (OCARE) expresó su preocupación por las
víctimas de la violencia política y exigió que sean beneficiarios
del Plan Integral de Reparaciones.
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Durante la década de
los 80 los terroristas llegaron a nuestra comunidad y se
llevaron a muchos jóvenes causando gran dolor a las
madres que sufrieron por su partida. Nosotros no
queremos violencia, pero ahora el narcotráfico es un
gran problema porque crece día a día |
“Durante la
década de los 80 los terroristas llegaron a nuestra comunidad y se
llevaron a muchos jóvenes causando gran dolor a las madres que
sufrieron por su partida. Nosotros no queremos violencia, pero ahora
el narcotráfico es un
gran problema porque crece día a día. Las mujeres indígenas temen
por sus hijos, porque pueden ser captados o secuestrados para que
trabajen en los cultivos de coca”,
explicó.
En plena Selva
Central, en la zona del Valle del río Apurímac y Ene, colindante con
los territorios asháninkas, subsisten los últimos baluartes de
Sendero Luminoso en alianza con grupos de narcotraficantes.
Se estima que
en la zona hay unas 17.000
hectáreas de hoja de coca que producen
anualmente 160 toneladas de cocaína,
según la Oficina Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito (ONUDD).
Por su parte,
David Juan Chanqueti Chumpate, jefe de la Comunidad Alto
Kiatari, ubicada en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo,
señaló que el gobierno de turno no presta atención a las comunidades
indígenas del país, sin embargo, “Me siento contento porque por
primera vez hay una reunión interétnica en el Congreso de la
República para presentar las propuestas de las mujeres”, afirmó.
La
audiencia pública se desarrolló el 29 de abril, en el marco del
Proyecto “Acciones para Promover el Ejercicio de los Derechos
Humanos de las Mujeres Indígenas Amazónicas en la Provincia de
Satipo (Junín)”, implementado por el Centro de la Mujer Peruana
Flora Tristán con el apoyo de la Cruz Roja Española.
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