Nicaragua registró, sólo en el primer semestre de este año, 39 casos de asesinatos brutales de mujeres, el llamado femicidio. Los datos fueron extraídos de noticias de periódicos del país y compilados por la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV). A pesar de la alta incidencia de casos, la mayoría de continúa sin castigo para los responsables, ya que el Estado no posee medidas más rigurosas para combatirlos.

En total, el 31 por ciento de las mujeres fueron asesinadas con arma de fuego, con disparos en la cabeza y en el corazón. El 20 por ciento de los casos estuvo relacionado con el abuso sexual contra menores de 10 años y con violaciones de adolescentes. El 13 por ciento de los asesinos mataron a sus víctimas a puñetazos o utilizando armas blancas, como cuchillo, facón o machete y navaja.

Para la organización, falla el Estado por negligencia, capacidad técnica, disposición de recursos económicos y de materiales destinados a aclarar y enjuiciar a los asesinatos. Falta voluntad política del Estado y protección a la vida de las mujeres, se criticó.

El organismo ironizó al decir que el país quiere alcanzar a los tres países de América Central con mayor índice de asesinato de mujeres: Honduras, El Salvador y Guatemala.

En total, cuatro comités hicieron recomendaciones al gobierno nicaragüense sobre cuestiones ligadas al género: el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés); el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Comité contra la Tortura.

Los comités también recomiendan que el Estado nicaragüense revise la legislación referente al aborto y suprima de ella los puntos en que castiga a las mujeres que se someten a este procedimiento. El gobierno debe ofrecer "servicios de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones peligrosas y se reduzca la tasa de mortalidad materna e infantil".

Los organismos pidieron, además, garantías para las mujeres víctimas de violencia, como el acceso a medios inmediatos de reparación, protección, apoyo y asistencia jurídica. Las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas y de ascendencia africana son citadas como los grupos más vulnerables a la violencia de género.