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La irrupción en el panorama nacional dominicano de un
potencial asesino en serie, que habría ultimado en los últimos diez
días a cuatro mujeres, presumiblemente trabajadoras sexuales, agrega
perversidad y dramatismo al problema de la violencia contra las
mujeres en este país donde, pese a esfuerzos innegables, el crimen
contra ellas no cesa
En una población de algo más de ocho y medio millones
de habitantes,
cada 36 horas una mujer ha sido baleada, acuchillada
o ha perecido golpeada solamente en el mes de enero.
Otras han aparecido muertas, con su cabeza machacada,
cual parece ser el modus operandi del asesino de Villa Mella
y Boca Chica, dos poblaciones muy cercanas a la capital dominicana,
a menos de una hora del centro, hacia el este, la primera urbana y
la otra de playa turística.
Aunque detalles morbosos no agregan mayores
elementos, hasta ahora las cuatro víctimas halladas han sido
lanzadas en parajes deshabitados, semidesnudas y con evidencias de
violación, según el dictamen forense, lo que contribuye al clima de
intranquilidad donde, no obstante, hay múltiples matices.
La joven magistrada
Roxanna Reyes, procuradora general adjunta
para Asuntos de la Mujer, asegura a SEMlac que la
disminución del 35 por ciento de los femicidios íntimos, y que un
número importante de las denuncias de las mujeres en el presente, (sean por violencia psicológica y verbal), habla de los avances que se
van logrando. "Las mujeres no esperan a que les den, cuando observan
que eso viene, van y denuncian", precisa.
La jurista, quien lidera el tema desde hace casi
cuatro años en el Ministerio Público, mencionó la expresión "femicidios
íntimos", término muy debatido porque enmascara la real dimensión
del problema, si se considera que mujer muerta es mujer asesinada,
sea en una riña callejera o en el interior del hogar.
En esa lógica, los asesinatos así clasificados
habrían sido 92 el año pasado y los generales 199, mientras que sólo
en enero los primeros fueron 12 y los generales 18.
La doctora
Reyes Acosta
resaltó, sin embargo, "la trascendencia jurídica de que la noción
femicidio esté aceptada en la terminología pública y en los medios
de difusión", pese a no estar contenida en Códigos y leyes de país.
"Sabemos bien cuánto le cuesta a una mujer ir a denunciar, pero
cada una que lo hace está consiguiendo alejar muchísimo la
posibilidad de que ese hombre que la amenaza, que le grita u ofende,
llegue a asesinarla", agregó.
Según la clasificación establecida por la
Procuraduría General de la República, los femicidios generales son
la sumatoria de los femicidios íntimos y los no íntimos,
considerados entre estos los asesinatos cometidos por hombres o
mujeres con quienes la víctima no tenía ninguna relación pasional.
En esta categoría caen robos, riñas, violaciones sexuales y hechos
ocurridos de manera accidental.
Para la Procuradora, uno de los problemas que afronta
en su trabajo es la falta de recursos: "las limitaciones en el
presupuesto hacen que, por más que yo quiera, no pueda ser más
ejecutiva. No puedo exigirles a los Fiscales si no tengo
herramientas que darles, ni cómo cuidarlos y cuidarlas, porque se
necesita pensar también en los riesgos del Ministerio Público",
comenta.
Reyes tiene, por demás, otras insatisfacciones: "el
Ministerio de Salud Pública tiene que acabar de entender que la
violencia es un problema de salud. Hay un protocolo que no se
aplica. Si médicos y psicólogos no hacen su parte, las víctimas
resultan revictimizadas. Y también al Ministerio de la Mujer le toca
hacer más", agrega.
El personal de salud no observa ni aplica
adecuadamente las Normas para el Tratamiento de la Violencia.
La mayoría de los casos que llegan a sus manos no son reportados ni
reciben seguimiento, pese al trauma y las consecuencias que suponen
tales actos para la salud de las mujeres.
Una frustración frecuente entre quienes intentan
frenar la violencia en
República Dominicana
se relaciona con la actuación de los y las juezas que, no pocas
veces, parecen proteger a femicidas y abusadores al propiciarles
impunidad con tecnicismos legales.
La Procuradora General Adjunta para Asuntos de la
Mujer no suscribe ese punto de vista, aunque reconoce que hay
razones en la gente para sustentarlo. Ella cree que "estamos
avanzando como nunca" y elogia la labor de la presidenta de la
Comisión de la Mujer del Poder Judicial,
Eglis Smurdoc,
con quien ha conseguido coordinaciones positivas para la causa que
defienden.
"Poco puede hacer el Ministerio Público cuando se
realizan todos los esfuerzos preparando un caso y luego -so pretexto
de la imparcialidad- los jueces los desestiman y no actúan
consecuentemente, de acuerdo con la Ley. Creo que se ha ido logrando
una mayor sensibilización y se va reconociendo que un caso de
violencia contra la mujer o un femicidio no puede ser visto ni
juzgado como una bronca callejera o como el robo de una cartera…",
argumenta.
República Dominicana tiene desde 1997 una Ley contra
la Violencia Intrafamiliar que no satisface completamente a quienes
entienden el problema, pero ofrece pautas para sanciones
ejemplarizantes. Esas, sin embargo, suelen faltar en la mayoría de
los juicios.
Las denuncias no bastan
Sólo en la capital, Santo Domingo, con una población
total de 913.540 habitantes, las denuncias de este tipo de abusos
llegaron a 6.475 el pasado año. Aunque no se han informado hasta
ahora los datos de 2010, las evidencias hacen presumir que será
superada.
Más allá de las estadísticas, los pasos para que una
mujer consiga una orden de protección -incluida que ella misma haga
la notificación al agresor- son tan tortuosos que no pocas desisten
antes de hacer la denuncia.
Así opina la abogada feminista
Susi Pola, quien participó los
días 15 y 16 de marzo en un encuentro en El
Salvador con la Relatora de
Naciones Unidas para la Violencia contra la mujer. Allí presentó un
tema, justamente, sobre femicidios, sobre lo cual habló en diálogo
con SEMlac.
-Al
conocer de manera directa de las situaciones que viven las mujeres
de otros países de Mesoamérica y el Caribe, ¿cómo valoraría las
realidades dominicanas?
-En lo
que respecta a la violencia contra la mujer, estamos muy mal. Cuesta
trabajo creer que un país como el nuestro, donde hay una legislación
penal específica desde hace más de 12 años; donde el sistema de
atención desde la justicia tiene una estructura mínima; donde la
mayoría de los femicidios por violencia contra la mujer son íntimos;
y donde casi el total de esos crímenes están registrados en la
justicia, tengamos índices altos de impunidad y los asesinatos de
mujeres vayan en incremento.
Hay que
trabajar en la capacitación de los y las servidores y servidoras,
con el registro y las estadísticas; pero, sobre todo, hay que
asegurar una buena asesoría de género, por personas preparadas. Es
imprescindible que la administración del Estado transversalice sus
programas, proyectos y también las evaluaciones con enfoques de
género.
-Pese a que pareciera haber más femicidios por la recurrencia con
que se reflejan en la prensa, algunos criterios autorizados afirman
que no, que la disminución es notable. ¿Usted cómo lo ve?
-No, no
es una impresión, es verdad que van en aumento. Basta con analizar
los datos. Y eso que son los datos oficiales, ¡de un sistema de
registros que aún es ciego al género!
Es
importante que todas las personas que trabajan con las estadísticas
de muerte violenta se capaciten para transversalizar los datos y
para poder utilizar los instrumentos creados, cuyos indicadores para
nada sirven porque nadie los anota cuando recoge a las víctimas.
Debe haber un acuerdo entre las instituciones vinculadas con el
proceso y, en este sentido, en
República Dominicana
falta el aporte de Salud Pública, que no acaba de
enterarse que la violencia contra la mujer es un problema grave de
salud.
Nombrar el problema
En algunos foros expertos se discute si,
conceptualmente, deben considerarse esta violencia y abusos como
"violencia de género", o si, por el contrario, tal calificación
esfumina el hecho y lo mete en un saco que no se corresponde con la
gravedad del crimen, por lo cual se reclama el uso del término
violencia contra la mujer.
Para la académica
Lourdes Contreras, directora del Centro de
Estudios de Género de la Universidad INTEC, "en este, como en
cualquier otro tema, el uso de los conceptos remite a líneas de
pensamiento, enfoques e ideología", asegura a SEMlac.
En su opinión, al no diferenciar los términos de
violencia basada en género y violencia contra las mujeres, tiende a
darse cierta confusión, derivada de "poner en un mismo plano los
conceptos género-mujer, que evade la esencia de que el concepto
género remite a la relación social entre hombres y mujeres, que
jerarquiza lo masculino", agrega.
"Por otro lado, en referencia a la violencia contra
las mujeres, hay un posicionamiento político sobre el poder entre
hombres y mujeres, que de alguna manera ubica la procedencia de las
formas sistemáticas de dominación patriarcal y permite acercarse a
las raíces del problema", comenta a SEMlac.
La profesora, reconocida feminista y militante de
izquierda, cree que hay que hablar de mujeres. "De esa misma manera
vale marcar la brecha entre el uso del término violencia contra la
mujer o contra las mujeres, ya que cuando se explicita 'las mujeres'
se trata de evidenciar las desigualdades de otra naturaleza que
confluyen en su condición y posición, al observarse la cuestión de
clases sociales, origen étnico o nacional, entre otros factores que
también son de mucha importancia".
Es por ello que
Contreras se inclina al uso del término
violencia contra las mujeres, "trascendiendo al tradicional enfoque
de familia", pero además "desde la consideración de que la
transformación, el cambio cultural, imponen el trabajo de prevención
que permita entender por qué y cómo hay que trabajar con los
hombres".
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