«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.»

-Declaración Universal de Derechos Humanos-

Desde que nacen hasta que mueren, tanto en tiempo de paz como en la guerra, las mujeres se enfrentan a la discriminación y la violencia del Estado, la comunidad y la familia. El infanticidio femenino priva a innumerables mujeres de la vida misma. Cada año, millones de mujeres sufren violaciones a manos de sus parejas y de familiares, amigos, desconocidos, empleadores, compañeros de trabajo, agentes de seguridad y soldados.

Entre las víctimas de la violencia en el ámbito familiar hay mujeres, niños y hombres, pero son las mujeres y las niñas quienes la sufren muy mayoritariamente. Durante los conflictos armados, la violencia contra las mujeres suele usarse como arma de guerra para deshumanizarlas o para perseguir a la comunidad a la que pertenecen.

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o económico; se da en todas las sociedades y sin distinción de posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia impiden a las mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos.

La causa subyacente de la violencia contra las mujeres es la discriminación, que les niega la igualdad respecto de los hombres en todos los aspectos de la vida. La violencia tiene su origen en la discriminación y a la vez sirve para reforzarla.

La violencia contra las mujeres no es "natural" ni "inevitable". Es una expresión de normas y valores históricos y culturales concretos. Las instituciones sociales y políticas fomentan la sumisión de las mujeres y la violencia contra ellas. Para explicar o excusar esta violencia pueden invocarse ciertas prácticas culturales y tradiciones, especialmente las que tienen que ver con ideas de pureza y castidad.

La pobreza y la marginación favorecen la violencia contra las mujeres, y también son consecuencias de ella. En todo el mundo se da una mayor incidencia de la pobreza entre las mujeres que entre los hombres, su pobreza es más profunda que la de ellos y el número de mujeres que son pobres va en aumento. El analfabetismo y la pobreza limitan gravemente la capacidad de las mujeres para organizarse a fin de luchar por conseguir cambios. Cuando los efectos negativos de la globalización dejan cada vez a más mujeres atrapadas en los márgenes de la sociedad, resulta sumamente difícil para esas mujeres escapar de situaciones de abuso y obtener protección y resarcimiento.

Las jóvenes son a menudo víctimas de agresión sexual no sólo por su condición de mujeres, sino también por ser jóvenes y vulnerables. En algunas sociedades se las obliga a mantener relaciones sexuales en la creencia errónea de que tener relaciones con una virgen cura a un hombre seropositivo o enfermo de sida. La edad no supone una protección frente a la violencia contra las mujeres. Si bien algunas sociedades respetan la sabiduría de las ancianas y les conceden mayor categoría y autonomía, otras abusan de las que son débiles y están solas, especialmente de las viudas.

Las formas de violencia ligadas al género también son endémicas en las sociedades militarizadas o desgarradas por la guerra. En las sociedades con una gran influencia de la cultura de las armas, la posesión y el uso de armas fomenta las desigualdades ya existentes entre los géneros, al reforzar la posición dominante de los hombres y mantener la subordinación de las mujeres. Las disputas violentas en el hogar suelen resultar más letales para las mujeres y las niñas cuando los hombres tienen armas.

Las repercusiones de la violencia contra las mujeres se extienden a sus familias y sus comunidades. Hay estudios que muestran que los niños que sufren violencia tienen más probabilidades de convertirse a su vez en víctimas y autores de actos violentos.

La violencia o las amenazas de violencia crean una atmósfera envolvente de temor que limita la vida de las mujeres, restringiendo su libertad de circulación y su capacidad para participar en la toma de decisiones en el ámbito público y afectando a su nivel de vida.

El control de la sexualidad de las mujeres es un poderoso mecanismo a través del cual los hombres ejercen su dominio sobre ellas. Las que transgreden las normas de feminidad suelen ser duramente castigadas. La acción -o la inacción- del Estado refuerza la capacidad de los hombres de controlar la expresión de la sexualidad y la vida reproductiva de las mujeres.

En algunos países, la discriminación contra las mujeres está en las leyes. Aun cuando éstas no sean discriminatorias, las prácticas de los organismos estatales, la policía y los fiscales a menudo fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. En muchos países, las fuerzas policiales son indiferentes a los actos de violencia contra las mujeres, y el sistema de justicia penal es inaccesible, caro y predispuesto contra las mujeres.

A menos que la mujer tenga pruebas físicas de la violencia que ha sufrido, la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden no estar dispuestos a creerla y ayudarla. Muchas comunidades son cómplices de la disculpa o la aprobación de la violencia contra las mujeres, de modo que consienten tácitamente que el Estado no ponga a sus autores en manos de la justicia.

En ocasiones, los autores de los actos de violencia contra las mujeres son funcionarios, como agentes de policía o miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en muchos casos el perpetrador no es un agente del Estado, sino un particular, un grupo de individuos o una organización. Esposos, familiares, médicos, líderes religiosos, medios de comunicación, jefes y empresas, todos ellos pueden ser responsables de violencia contra las mujeres. Amnistía Internacional cree que estos agentes privados deben respetar también los derechos humanos y que los gobiernos deben ser responsables de hacerles rendir cuentas. Todo el mundo tiene obligaciones básicas con respecto a los derechos humanos.

Habitualmente la comunidad de derechos humanos exige responsabilidades a los gobiernos por no impedir la violencia contra las mujeres y se dirige a ellos para que tomen medidas a fin de proteger sus derechos humanos. Sin embargo, hay además otros muchos grupos cuya actuación incide sobre la vida de las mujeres, y deben rendir cuentas cuando cometen o toleran actos de violencia contra ellas, o cuando incumplen su deber de protegerlas frente a esos actos.

La campaña de Amnistía Internacional para poner fin a la violencia contra las mujeres, que comienza en marzo de 2004, pretende ser una contribución a los esfuerzos que realizan en todo el mundo los movimientos en favor de los derechos de las mujeres. La organización va a colaborar con activistas y grupos en favor de los derechos de las mujeres que se ocupan ya de sacar a la luz distintas formas de violencia y pedir resarcimiento por ellas.

Amnistía Internacional investigará y pondrá al descubierto actos de violencia contra las mujeres y exigirá que estos abusos se reconozcan, se condenen públicamente y se reparen. Amnistía Internacional utilizará el poder y la persuasión del marco de los derechos humanos para hacer campaña por la eliminación de las leyes discriminatorias, poner a los autores de los abusos en manos de la justicia, y lograr que 1.800.000 miembros de todo el mundo ayuden a movilizar a los hombres y las mujeres con el propósito de acabar con la violencia.

La violencia contra las mujeres empobrece a la sociedad desde el punto de vista económico, político y cultural. En términos económicos, la violencia contra las mujeres tiene un enorme coste directo que se refleja en pérdida de horas de trabajo, pérdida de ingresos y costes médicos. El coste indirecto que supone limitar el activo papel que las mujeres pueden desempeñar en el desarrollo de su comunidad resulta incalculable.

Amnistía Internacional