Hasta el Congreso de la República de Perú representantes de diferentes organizaciones de mujeres y de derechos humanos se movilizarán para exigir que se garantice en el nuevo Código Penal, la dignidad de las peruanas y rechazar la presión de la iglesia católica sobre los integrantes de la Comisión Revisora del Código Penal Peruano que aprobó preliminarmente la legalización del aborto en casos de violación sexual y de malformaciones congénitas.

La comisión especial revisora del Código Penal Peruano someterá a votación el próximo martes 20 de octubre una reconsideración a la propuesta, de despenalizar el aborto en casos de violación sexual y de malformaciones congénitas, acordada el 5 de octubre, por cuatro votos a favor y dos abstenciones.

El Código Penal contempla una pena privativa de libertad no mayor a tres meses, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.

La reconsideración se ha planteado porque uno de los representantes del Ministerio de Justicia, Ricardo Váscones, votó a favor de la legalización, pese a que el titular del sector se había pronunciado en contra.

Se necesita de mayoría simple para aprobar la reconsideración y de aprobarse, se someterá a votación un nuevo texto, de lo contrario, ésta y las demás modificaciones del Código Penal serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación o si son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.

Paul Flores, coordinador del programa de derechos sexuales y  ciudadanía en salud del centro de la mujer peruana Flora Tristán, afirmó a Sirel que el plantón, a realizarse el próximo martes 20, será una oportunidad para exigir al Congreso “que cumpla con su obligación de garantizar políticas públicas a favor de la población al margen de dogmas religiosos”.

Señaló que "cuando una mujer es violada, sus derechos a la dignidad, a la intimidad, a la autonomía y a la libertad de conciencia son vulnerados y no se la puede obligar a soportar un trauma mayor del que ya sufrió con la violación”.

Asimismo, indicó que la propuesta de la Comisión Revisora del Código Penal se sustenta en el marco constitucional y el derecho internacional de derechos humanos.

“El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en noviembre del 2005, recomendó al Estado Peruano en su resolución a favor de la ciudadana K.L. quien fue impedida por los servicios de salud del Perú a ejercer su derecho a un aborto legal, adopte medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro y que le otorgue a K.L. un recurso efectivo que incluya una indemnización”, recordó Flores.

El Comité de Derechos Humanos estableció que el Estado Peruano, en el caso de K.L. violó el derecho a no ser sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes, en la medida de que se la sometió a soportar el dolor de ver a su hija con deformidades evidentes y saber que moriría en poco tiempo, lo que agravó el dolor y la angustia ya acumulada durante la gestación. El Comité señaló que se debe tener en cuenta no solo el dolor físico sino también el sufrimiento moral.

El derecho a la privacidad también fue violado por el Estado peruano en el caso K.L. ya que se negó a actuar conforme a la decisión de abortar; en la medida de que estaba incursa en un aborto legal, también se le negó el derecho a medidas especiales por su condición de menor de edad, ya que no recibió, ni durante, ni después de su embarazo el apoyo médico y psicológico necesario en las circunstancias específicas de su caso.

“Según el Comité de Derechos Humanos en el caso K.L. Perú, violó el derecho a un recurso adecuado, en la medida de que en este país no existe un mecanismo legal para denunciar las violaciones de derechos humanos como en el caso de la joven”, explicó Flores.

En julio de 2001 K. L. acudió al hospital Arzobispo Loayza cuando se encontraba en el tercer mes de gestación y allí fue advertida que el feto que llevaba en su vientre carecía de cerebro (anencefálico) y no existía ninguna posibilidad de que sobreviviera al momento de nacer y no sólo eso sino que los graves riesgos, que contemplaría llevar a su fin la gestación, pondrían en peligro la salud física y emocional de la gestante.

Los médicos que la trataron le plantearon la posibilidad de realizarse un aborto terapéutico, posibilidad que K. L. medita y acepta, pero cuando ella se acercó al hospital para ser internada se negaron a interrumpir la gestación aludiendo que el aborto era reprimido por ley y fue obligada a llevar a término un embarazo cuyo desenlace fatal se conocía de antemano. K.L. tenía apenas 17 años cuando ocurrieron los hechos.

Según Flores “en el plantón las organizaciones de mujeres exigirán que no se retroceda en estas decisiones que expresan un avance en términos de derechos de las mujeres, además de ser una respuesta frente al aborto clandestino como problema social y de salud pública”. 

Según un estimado estadístico realizado a finales de 2006 en el Perú se practican 371.420 abortos clandestinos cada año. En el 2004, las Direcciones Generales de Salud del Ministerio de Salud (MINSA), reportaron que 42.558 abortos incompletos fueron atendidos a nivel nacional en sus establecimientos; esta cifra refleja el número de mujeres que necesitaron atención a su salud en las dependencias públicas del MINSA por las consecuencias adversas de un aborto inseguro.

La Policía Nacional del Perú registró en el año 2008 a nivel nacional 7.560 denuncias de violación a la libertad sexual, 6.932 fueron contra mujeres, del total de denuncias contra mujeres el 70 por ciento fueron agresiones a mujeres en edad reproductiva (de 14 años a más), sin embargo, este registro es insuficiente pues según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2004, sólo el 15,8 por ciento de las mujeres acude a las comisarías a denunciar.