Aunque la Contraloría General de la República -en su informe Nº 31.356 del 16 de junio- en estricto rigor no se pronunció sobre la Anticoncepción de Emergencia (AE) o “píldora del día después”, la ciudadanía entendió lo contrario. El tema había sido puesto en conocimiento del organismo por la Asociación Chilena de Municipalidades y algunos abogados de extrema derecha tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de abril de 2008 que declaró “inconstitucional” la entrega de la píldora, pues algunos municipios siguieron entregándola gratuitamente.

Contraloría señaló que debía “abstenerse de emitir pronunciamiento” pues el asunto “excedía su ámbito de competencia”. Pero aclaró que la sentencia del TC tiene “fuerza obligatoria para todos los organismos, instituciones y funcionarios que integran la Red Asistencial del Sistema Nacional de Servicios de Salud”. Nuevamente los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, y la discriminación, están en el tapete. La “píldora” se vende en las farmacias y las mujeres que sí tienen recursos económicos pueden tomar decisiones y libremente comprarla, mientras las mujeres pobres o “vulnerables” no pueden decidir ni planificar el nacimiento de sus hijos, no pueden acceder a ella en los servicios de salud ni pueden ejercer sus derechos reproductivos y sexuales.

“El pronunciamiento de la Contraloría vuelve a situar en la discusión pública la distribución de la anticoncepción de emergencia, en relación con la decisión del TC. El tema se ha mantenido vigente desde 2001 y parecería que nunca quedará clausurado.

La decisión del TC, ampliamente rechazada desde distintos espacios, afecta sólo la política pública contenida en las Normas Nacionales de Regulación de la Fecundidad, en lo referido a la anticoncepción de emergencia y no vincula a los privados que tenían registros vigentes del medicamento. ¿Cómo resolver tamaña inequidad?, pues, las mujeres con recursos podemos comprar aquello que se prohíbe para el sistema público de salud”, dice Lidia Casas, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

La Asociación de Municipalidades y el abogado de extrema derecha Jorge Reyes llevaron el tema ante la Contraloría, en representación de los diputados derechistas.

“Lo interesante no era un pronunciamiento acerca de las facultades que tienen los municipios y cómo se entiende la red asistencial de salud, sino el efecto que querían darle a la decisión del TC: impedir y cancelar de oficio los registros sanitarios para los medicamentos existentes, derogar la inclusión de la AE en la nómina de medicamentos obligatorios para las farmacias y derogar la Guía Clínica sobre manejo de violencia sexual de 2004. Ninguno de estos temas se planteó en el requerimiento”, agrega Casas.

En estos días, la Concertación y la Alianza por Chile se acusan mutuamente de “doble estándar”. La autodenominada Red de Parlamentarios por la Vida -integrada por representantes de la Alianza y algunos de la Democracia Cristiana- han señalado que no apoyarán un proyecto de ley anunciado por el gobierno, que busca asegurar la distribución de la píldora. Y aunque la derecha y los sectores más recalcitrantes, ligados a la Iglesia Católica, han mostrado sus garras, los candidatos presidenciales, el oficialista Eduardo Frei, y el derechista Sebastián Piñera, han señalado que están de acuerdo con la entrega de la píldora.

La autodenominada Red de Parlamentarios por la Vida nació en 2006 para hacer frente, según ellos, a los proyectos que “atenten contra la vida”. Sin embargo, se excluyeron de pronunciarse sobre la pena de muerte, que aún persiste en la legislación chilena, y violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.

Según el diputado Jorge Sabag, entre 2003 y 2006 la natalidad aumentó en mayor porcentaje en las adolescentes de entre 16 y 19 años, lo que en su opinión indica que la distribución de la píldora “no ha sido buena como política pública, pues no ha prevenido, el embarazo adolescente”.

Por su parte, la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) demandó urgencia para el proyecto de ley y exigió la distribución gratuita de la píldora. Según el gremio, la píldora “es un anticonceptivo más concentrado”, pero “es uno como cualquier otro”. Y agrega, “de hecho, con una mezcla adecuada de distintos anticonceptivos se logra el mismo efecto”.

“Hemos visto noticias recientes de varias mujeres, todas pobres, que han arriesgado su vida en abortos clandestinos e inseguros, o han abandonado e incluso matado a sus hijos. Ésa es la realidad de los embarazos no deseados, muchas veces relacionados con pobreza, abandono, violencia, desinformación y falta de oportunidades para vivir una vida digna”, dice Selma Núñez, dirigente de FENPRUSS.

“Resulta despreciable el discurso que oculta que las mujeres con recursos sí pueden optar tanto a la anticoncepción de emergencia como a abortos seguros, sin ser condenadas de ninguna forma ni mucho menos encarceladas, remarcando la histórica inequidad e injusticia social que prevalece en nuestro país”, agrega.

Para el gremio, el pronunciamiento de Contraloría reafirma la inequidad para los beneficiarios de los sistemas de salud que deberán comprar el fármaco cuando lo necesitan. Según Claudio González, presidente de FENPRUSS, “la ciudadanía y los profesionales de la salud estaremos atentos a cómo votan los diversos actores políticos, y esperamos que el gobierno le dé toda la celeridad posible a esta discusión del proyecto de ley”.

El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami le pidió a Frei y a Piñera “decir la verdad” sobre los derechos sexuales y reproductivos, instándolos a legislar: “Hay dos candidatos que están comportándose de una manera que puede rayar en la mentira. Es muy jodido decir estamos dispuestos a legislar y cada vez que hay sesión no se avance un milímetro en estas materias. Son candidatos que hacen campaña con promesas pero una vez que están en el gobierno, gobiernan con explicaciones. Avancemos a la acción. Hoy el Parlamento podría perfectamente haber resuelto el problema al cual están confrontadas las políticas públicas, esto es, un fallo discriminatorio -refiriéndose a la píldora- contra las mujeres más pobres”.

Los diputados de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), muchos de ellos miembros del Opus Dei y Legionarios de Cristo, entre otras sectas, han sido los más recalcitrantes opositores a la distribución gratuita de la Anticoncepción de Emergencia.

El principal promotor de la presentación de los 36 diputados fue el diputado UDI José Antonio Kast, quien señaló que “el gobierno debería acatar el fallo del Tribunal Constitucional, respetar la interpretación de la Contraloría y no levantar temas electorales”.

La presidenta Michele Bachelet decidió presentar una “solicitud de reconsideración” ante la Contraloría e impulsar un Proyecto de Ley que asegure la distribución gratuita del fármaco en consultorios.

Según la vocera de gobierno, Carolina Tohá, “Es necesario establecer de manera clara e indiscutible el derecho de todas las personas a decidir qué tipo de sistema anticonceptivo usan y el deber del Estado es dar facilidades para que este derecho se ejerza igualmente por todos los ciudadanos”. Por su parte, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, anunció que la norma “contemplará la obligación del Estado de entregar información, educación y orientación a las personas, sobre la prevención del embarazo y las consecuencias de los delitos de violencia sexual contra las mujeres”.