Por lo general, las expectativas y normas ampliamente aceptadas en una sociedad acerca de la conducta, el rol y las características masculinas y femeninas, resultan en un menor acceso de las mujeres a los recursos económicos y a la autoridad para tomar decisiones, lo cual resulta en un balance desigual en las relaciones de género que favorece a los hombres. Según el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población titulado “El Estado de la Población Mundial 2002”, a nivel mundial, el número de mujeres que viven en la pobreza es mayor que el de hombres, y esta disparidad ha aumentado en el pasado decenio, además de que se están ampliando las disparidades de género en materia de salud y de educación entre los pobres.

En América Latina la situación no es muy diferente, aunque existen particularidades que vale la pena analizar. El pasado 25 de agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), presentó su informe anual sobre el panorama social de la región, que en esta edición dedica un capítulo a la relación entre Pobreza y Género. El principal hallazgo de dicho estudio es que las mujeres latinoamericanas, por contra a lo que pasa en el resto del mundo en desarrollo, tienen un mayor nivel de educación que los hombres, pero al igual que en el resto del globo, son más pobres.

De acuerdo con este documento, las latinoamericanas han alcanzado niveles de escolaridad superiores a los hombres y las mujeres activas tienen, en promedio, más años de instrucción. Pero ellas sufren con mayor severidad el desempleo, la discriminación salarial y las restricciones de tiempo. Durante los años noventa, la tasa de actividad económica de las mujeres creció a un mayor ritmo que la masculina. Pero mientras las tasas de desempleo masculino se incrementaron en 2,9 puntos porcentuales entre 1990 y 1999, las de las mujeres lo han hecho en 6,1%. Esto resulta en que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en los hogares pobres como en los de mayor ingreso. Aunado a esto, los hogares monoparentales, encabezados en su mayor parte por mujeres, se ven afectados también por otras desventajas vinculadas con la falta de valoración del trabajo doméstico no remunerado, que no recibe reconocimiento social.

En los hogares en los que las mujeres cuentan con ingresos propios, su participación significa la base del sustento familiar, de hecho, según los análisis realizados, la pobreza aumentaría en 10 puntos por lo menos en 8 países de la región si no se contara con su aporte monetario. Este hecho contrasta con que el porcentaje de las mujeres sin ingresos propios es el doble en las zonas urbanas y el triple en las rurales que el de los hombres en la misma situación.

Además, el informe señala que en la mayoría de los países latinoamericanos se observa una  “lenta y volátil evolución de la participación de las mujeres tanto en puestos electivos como en aquellos de decisión política”. Ante esta evidencia, se muestra que los gobiernos deben formular medidas de acción positiva que garanticen a las mujeres el ejercicio de sus derechos, su acceso a los recursos productivos y que eliminen toda forma de discriminación en el mundo laboral y político como condición indispensable para superar la pobreza. Por otro lado, las políticas contra la pobreza deben fomentar la armonización de las tareas domésticas y reproductivas con la vida laboral de hombres y mujeres, incluyendo desde servicios de cuidado infantil hasta permisos parentales que favorezcan la participación masculina en la vida familiar.

Desafortunadamente, existen pocos programas regionales que incorporen este tipo de enfoque en sus proyectos. Por poner un ejemplo, el grandilocuente Plan Puebla - Panamá, concebido como el “eje” del desarrollo del sur - sureste de México y los países del Istmo Centroamericano, no incorpora ningún elemento para la consecución de la equidad de género y en su formulación no se mantuvo ningún acercamiento con organizaciones de representación de la mujer. Cabe mencionar que los comisionados nombrados por cada país para integrar la Comisión Ejecutiva del Plan son todos hombres.

Jorge Coarasa

Economista mexicano

Agencia de Información Solidaria

19 de setiembre de 2003