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"Más que pensar en cómo
esconder a las mujeres en un refugio, es preciso analizar cómo mejorar la
respuesta destinada a frenar la agresión y mejorar el sistema de protección",
afirma Carmen Beramendi, directora del Instituto Nacional de Mujeres de Uruguay,
cargo que ocupa desde marzo de 2005.
Conocedora de la situación femenina, pues desde hace años
trabaja sobre el tema de violencia doméstica, Carmen fue integrante de la
Comisión Mujeres de la Central única de trabajadores (PIT-CNT),
presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Pesca, diputada por el
actual partido gobernante Frente Amplio y presa política durante la dictadura
que imperó en el país hasta 1984.
-¿Cuáles son los temas que
integran la agenda del Instituto Nacional de las Mujeres?
-Esa
es una tensión permanente cuando se trabaja asociado a programas de
vulnerabilidad extrema. Creo que la opción más importante que hemos hecho es
trabajar en función de que los temas y la agenda de las mujeres pasaran a ser
agenda de gobierno. Contábamos, para ello, con algunos programas gubernamentales
y con un movimiento femenino que había sido capaz de colocar en el Uruguay
los temas de la agenda de las mujeres como asuntos de incumbencia pública.
Cuando el instituto comenzó a funcionar, integró en su agenda, plataforma,
visión y cometidos muchos temas que antes eran propios y exclusivos de las
mujeres organizadas: violencia de género, derechos sexuales y reproductivos,
participación en la toma de decisiones.
Así, diseñamos cuatro programas: violencia basada en género,
transversalidad de género en las políticas públicas, liderazgos sociales y
políticos y uno destinado a las mujeres afrodescendientes y a aquellas
históricamente en desventaja (presas y liberadas, enfermas de VIH).
- Por primera vez en el país
habrá un albergue oficial para mujeres víctimas de violencia,
administrado por el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Cómo piensa encarar
su funcionamiento?
-Recibimos mucha demanda del refugio, pero en realidad yo
creo que se sigue planteando de una manera vieja. Yo viví el absurdo hace tres
años, en España, y me encontré con el contrasentido de tener modelos
impresionantes con mujeres prácticamente presas con sus hijos durante un año, en
programas que las contenían, mientras los hombres campeaban por la calle, a
veces incluso habiendo identificado los refugios, por más secretos que fueran.
Con el tema de la violencia, la demanda siempre será insatisfecha, hagamos lo
que hagamos. La violencia de los hombres hacia las mujeres se recicla, adopta
nuevas formas y, además, es un fenómeno que representa la expresión más brutal
de la discriminación. Mientras haya discriminación, la potencialidad y ejercicio
abusivo de la violencia seguirá existiendo en una sociedad que es vertical y
asimétrica. Más que pensar en cómo esconder a las mujeres, es preciso analizar
cómo mejorar la respuesta destinada a frenar la agresión y el sistema de
protección, anterior incluso al refugio. Frente a una primera agresión, la
reacción inmediata de una mujer es salir corriendo, buscar ayuda y esconderse.
Pero no necesariamente es esa la salida. De repente, es mejor hacer la denuncia,
retirar al hombre.
-Pero ustedes ya tienen la papa
caliente en la mano, ya se les asignó una casa...
-Lo vamos a hacer, pero no le queremos poner el nombre de
refugio, sino hacer una experiencia piloto de estadía breve. La persona llegará
derivada por un servicio de atención especializada. No puede venir directamente
al refugio. A veces, con dos o tres indicaciones, la mujer puede volver a vivir
a su casa, que es lo deseable; en todo caso, que se vaya quien la agrede. Habría
que tender a que fuera el agresor quien estuviera retenido y no la mujer. Es un
cambio de concepción, como se ha hecho en otros países. Nuestra Ley de violencia
doméstica tiene fallas, como la falta de mecanismos para hacer cumplir las
medidas cautelares que la Justicia impone a los agresores. Estos pasan por un
Juzgado, se les dice que no se pueden acercar, pero lo hacen y esto refuerza su
sentimiento de impunidad.
-¿Cuál es la postura del
Instituto de las Mujeres respecto al candente tema de la despenalización del
aborto?
-Yo participé activamente en el proceso de redacción del
anterior proyecto de despenalización del aborto (que naufragó en el Parlamento
en 2004). Como directora del Instituto, tengo una postura de compromiso
personal, político, en el sentido de que debe garantizarse la interrupción
voluntaria, por parte de la mujer, de su embarazo y que además esto debe estar
legislado. Como directora del Instituto, pertenezco a un ejecutivo de gobierno
que nunca me puso una condición, conociendo incluso mi postura. Muchas mujeres,
incluida la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y muchas
directoras, así como otras que están en cargos de representación política en el
ejecutivo de gobierno, firmamos el año pasado una carta pública de apoyo a una
joven que fue procesada sin prisión por practicarse un aborto. Con nuestra
firma, admitimos formar parte de aquellas mujeres que habíamos asesorado a
otras, o abortado también.
Pero, desde el ejecutivo, no puedo promover nada que esté
contra la ley. En Uruguay rige una legislación, hasta tanto se modifique,
que pena el aborto. De cualquier manera, dentro del marco de esa normativa, hay
posibilidades de moverse. Como Instituto, integramos la comisión asesora en
derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de Salud Pública y desde ahí se
puede incidir. Si las mujeres nos consultan pre y pos aborto, las enviamos a
aquellos lugares del grupo de Iniciativas Médicas contra el Aborto en
Situaciones de Riesgo para que las asesoren de manera adecuada.
También, elaboramos "Una guía saludable para nosotras", texto
que generó revuelo porque fue el primero de este tipo promovido por un organismo
público, con desnudos, donde hablamos directamente de los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres y les informamos qué tienen que hacer. Fue
criticada y tuvo resistencias del propio sector salud. Mucha gente la acusa de
ser demasiado explícita, tal vez por los dibujos que ilustran parejas con
diferentes orientaciones sexuales.
-Como muchas mujeres en América
Latina, usted llega a un cargo de gobierno proveniente de su militancia en
organizaciones civiles de mujeres. ¿No tiene miedo de burocratizarse y que la
devore la estructura?
-Una vive en tensión permanente. Tenemos el desafío de tener
una presencia concreta en la vida cotidiana de las mujeres y el de construir una
institucionalidad que dé una respuesta más integral a la temática. La
construcción del Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos
2007-2011, que consagra objetivos, resultados y metas anuales para ser cumplidos
en los distintos ámbitos del país, fue hecho con la participación de miles de
mujeres. Las mujeres nos dejan eso.
-A un año y medio de que
culmine el gobierno de izquierda del presidente Tabaré Vázquez y, por ende, que
finalice su mandato al frente del Instituto, ¿qué escogería para que se
transformara en política pública y trascendiera los próximos gobiernos?
-Me interesaría que se reconociera que la desigualdad no es
un problema sólo de las mujeres, que empiece a procesarse un cambio cultural que
permita entender que la desigualdad es un problema para el Uruguay. El
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos dejará un trazado de una
política, que antes no existía, con marco legal y compromisos aprobados, con una
estructura de funcionamiento que incluye servicios especializados en todo el
país, referentes de género, trabajando a nivel de las alcaldías de todo el país.
Arrancamos ahora con un programa llamado "Calidad con
equidad", que se propone instaurar un sello de calidad vinculado a la igualdad
de oportunidades en las empresas públicas y privadas. En el Ministerio de
Trabajo se instauró un programa, con el objetivo de crear empleos, que consiste
en un subsidio durante un año para las empresas que contraten mujeres. Es un
típico ejemplo de cuotificación y de acción afirmativa, al reconocer que las
mujeres son más desempleadas que los varones y que hay que incentivar su empleo.
Estamos trabajando para que se empiece a desagregar la información por sexo en
todos los organismos y presupuestos, que los organismos comiencen a reconocer y
poner en práctica las metas por la igualdad. Se podrá decir que se están
ejecutando políticas de género cuando se tenga una jerarquía institucional y un
presupuesto que se correspondan y en eso todavía tenemos un deber importante.
Cristina Canoura
SEMlac
4 de junio de 2008
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