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Las
mujeres en Chile no podrán acceder más a tradicionales métodos anticonceptivos
como el dispositivo intrauterino (conocido como la “T de cobre” o DIU) o las
píldoras anticonceptivas que contengan levonorgestrel, además de la Píldora de
Anticoncepción de Emergencia (PAE).
Esta prohibición quedó establecida en el fallo del Tribunal
Constitucional que se filtró a la prensa el pasado 2 de abril. ¿La razón? Un
recurso presentado por parlamentarios y parlamentarias de sectores
conservadores, tendiente a declarar inconstitucionales las Normas Nacionales de
Regulación de la Fertilidad, acogido por el Tribunal en estrecha votación de
cinco a cuatro.
Desde hace un año se encontraba en debate el recurso
presentado por 36 legisladores de derecha, que se denominan Pro Vida y señalan
que las normas sobre salud sexual y reproductiva, vigentes desde septiembre de
2006, serían inconstitucionales, pues avalarían métodos abortivos como la PAE,
el dispositivo intrauterino y las pastillas que contengan levonorgestrel. Esta
arremetida conservadora se impulsó desde que, en ese mismo año, fuera autorizada
la distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia en los consultorios
públicos de salud chilenos, a todas las mujeres que la solicitaran desde los 14
años en adelante y sin autorización de sus padres.
Frente a la nueva resolución, que se oficializará el 22 de
abril y afectará a 3.358.196 chilenas, existen variadas reacciones, sobre todo
desde el movimiento de mujeres, que ya estaba realizando movilizaciones para
hacer sentir su descontento con el fallo. El Movimiento en Defensa de la
Anticoncepción, constituido en marzo, representa la voz del descontento de las
chilenas en rechazo al control que, a través de este fallo, se quiere ejercer
sobre sus cuerpos y su derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.
Adriana Gómez, vocera del movimiento, comentó a SEMlac que “Chile
ha retrocedido medio siglo respecto a las políticas de salud reproductiva. Las
mujeres no podrán acceder a un derecho humano básico: decidir sobre su cuerpo,
pues un grupo de parlamentarios y un grupo de jueces así lo decidieron”.
Sobre las consecuencias de esta prohibición Gómez se
preguntó: “¿Qué sucederá ahora en un país donde ya existía un alto porcentaje de
embarazos no deseados o inoportunos? ¿Cómo controlarán su sexualidad y la
reproducción las mujeres que van a los consultorios y que un porcentaje
mayoritario preferían la T de cobre, por su alta eficacia, durabilidad y escasos
efectos colaterales? ¿Se esconderán estas mujeres de los controles regulares,
por temor a que se les retire la T?” Según estudios dados a conocer por la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, al no existir estos
métodos anticonceptivos la tasa de abortos podría alcanzar la cifra de 275.000
al año, superando a la cantidad de nacimientos. Frente al fallo, el movimiento
de mujeres prepara grandes movilizaciones en busca de revertirlo y llamar la
atención de la opinión pública ante este nuevo atropello a los derechos humanos
femeninos y a la soberanía que reclaman sobre sus propios cuerpos.
Patricia Cocq
SEMlac
8 de abril de 2008
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