Justo al día siguiente del triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales y a dos meses de dejar el gobierno, la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto que promulga la distribución gratuita de la píldora del día después en el sistema público de salud.

 
Bachelet significó que la primera actividad pública, tras las elecciones, fuera "justamente aquello por lo cual hemos luchado tanto tiempo: promulgar esta iniciativa", dijo.

 
La ley fue tramitada tras una fuerte polémica, luego de ser revisada previamente por el Tribunal Constitucional, y recibió dos indicaciones de la senadora Soledad Alvear, tras ser rechazada por la Comisión de salud del Parlamento.

 
Aunque la Senadora, perteneciente a la misma coalición que la Presidenta, aseguró que sus observaciones no tienen por objetivo impedir la distribución de la píldora del día después, sino facilitar su entrega, las organizaciones de mujeres y feministas impulsoras de la ley sienten que esta fue desvirtuada con las indicaciones que se le hicieron.

 
Adriana Gómez, de la Red de Salud de Mujeres de América Latina y el Caribe, señaló a SEMlac que "la indicación deja abierta, una vez más, la posibilidad de que los sectores que antes se opusieron a la PAE y recurrieron al Tribunal Constitucional para que las normas fueran vetadas, lo hagan nuevamente con este texto legal. Más ahora, cuando la derecha será gobierno y sus representantes fortalecerán el discurso autoritario y fuertemente natalista".

Gómez añadió: "Creo que las indicaciones de la senadora Alvear desvirtúan el espíritu del proyecto tal como fue originalmente redactado. Éste apuntaba, justamente, a superar todas las discriminaciones e inequidades en el acceso a la información y atención de salud sexual y reproductiva que durante largos años han caracterizado a este país, y que han afectado especialmente a las mujeres de menores recursos y a la población adolescente.

Sobre la indicación respecto de las menores de 14 años, Gómez indicó que con ello se transgrede la confidencialidad en la atención de salud, un principio ético que debe respetarse.

"Y más aún cuando, frecuentemente, en el ámbito familiar es donde ocurren muchos casos de abuso y violencia sexual contra las niñas y jóvenes, a menudo son los propios padres u otros familiares directos los agresores... ¿Y serán ellos los que recibirán esta información tan delicada y privada? Parece un contrasentido", puntualizó.

La diputada María Antonieta Saa, de su misma coalición pero diferente partido, criticó duramente la arremetida de Alvear, al afirmar que la medida tiene como propósito facilitar la vulneración de la ley por parte de los tribunales, si éstos la consideran abortiva en alguna eventualidad.

Las indicaciones tuvieron el rechazo de otros parlamentarios de la misma Concertación; sin embargo, fueron aceptadas en el texto finalmente promulgado.