Los homicidios, torturas y violaciones cometidos durante 1994 en Ruanda constituyen una de las peores tragedias de derechos humanos del siglo XX.

Un genocidio que tuvo lugar en el contexto del conflicto que enfrentó a las fuerzas gubernamentales ruandesas, hutus, y el grupo tutsi, Frente Patriótico Ruandés (FPR), hoy en el gobierno. Como resultado de este enfrentamiento, aproximadamente 1 millón de ruandeses fueron asesinados. El FPR subió al poder tras su victoria militar en 1994 y ratificó su permanencia en el gobierno en las elecciones de 2003.

Paralelamente, en estos últimos 10 años en Burundi se desarrolla un conflicto armado en el que ya han muerto cerca de 300.000 personas, la mayoría civiles en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas gubernamentales y los grupos políticos armados de oposición.

En ambos países se han producido desplazamientos de cientos de miles de personas a lugares supuestamente más seguros dentro del país o a países vecinos donde se extienden y se complican los conflictos armados como es el caso de la República Democrática del Congo, donde existen grupos armados apoyados por Ruanda y Burundi, algunos de los cuales se disputan las minas de columbita y tantalio, minerales necesarios para las industrias de las nuevas tecnologías.

La comunidad internacional tiene una gran responsabilidad en los conflictos de esta región de los Grandes Lagos tanto por los intereses que allí se juegan en cuanto a la explotación de los recursos naturales como por la omisión de su responsabilidad en el control del tráfico de armas y en evitar el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en el año 1994.

En abril de 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reconoció su responsabilidad por no haber evitado el genocidio y lo definió como "un fracaso de las Naciones Unidas en su conjunto". Efectivamente las tropas de las Naciones Unidas se retiraron de las zonas de las matanzas en los primeros días del conflicto.

El motivo de preocupación de la comunidad internacional respecto a estos países debería ser hoy las secuelas de ese genocidio y de la guerra posterior al mismo en Ruanda y de la guerra aún en curso de Burundi. Dentro de estas secuelas adquieren especial dimensión las que afectan a los eslabones más débiles de la sociedad: las mujeres y los niños.

Todas las partes beligerantes en estos dos países han empleado la violencia sexual contra las mujeres como un arma bélica para aterrorizar a la población civil, degradar y humillar. En Ruanda son responsables de estas violaciones las fuerzas armadas que durante el genocidio respondían al Movimiento Republicano Nacional para la Democracia y el Desarrollo y su aliado, la Coalición para la Defensa de la República, ambos hutus, pero también utilizaron sistemáticamente la violación como arma de guerra el Frente Patriótico Ruandés, tutsi, que conquistó el poder después del genocidio. En Burundi la mayor parte de los responsables son miembros de las fuerzas armadas burundesas, grupos políticos armados de oposición y bandas delictivas armadas.

En 1996 un informe especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimaba entre 250.000 y 500.000 las mujeres que fueron violadas durante el genocidio de Ruanda, una cifra extrapolada del número de embarazos que hubo a consecuencia de las violaciones. La Asociación de Viudas del Genocidio (AVEGA), estimaba que el 70% de las mujeres que sobrevivieron contrajeron SIDA y el 80% permanecen "severamente traumatizadas". En 2003, las ONG de derechos humanos y ayuda humanitaria nacionales e internacionales y los organismos internacionales informaron de un aumento alarmante del número de casos de violaciones de mujeres en el conflicto armado de Burundi. El SIDA y otras enfermedades de trasmisión sexual ha afectado a las víctimas de tales violaciones.

La inmensa mayoría de los violadores, ya sean soldados gubernamentales, miembros de los grupos políticos armados de oposición o particulares no han comparecido ante la justicia y raramente son perseguidos o juzgados.

Muchas de las mujeres violadas en estos 10 últimos años murieron y solamente unas pocas recibieron tratamiento retroviral prolongado. La mayoría no ha tenido acceso a alimentos suficientes para ellas y sus familias. A todo lo anterior se suma la estigmatización que sufren por haber sido violadas y haber contraído el virus del SIDA: son vistas como "inmorales" e "improductivas". Incluso en sus propias familias son tratadas, muchas veces, con el mismo desdén porque se considera, falsamente, que todos los miembros portan el SIDA.

La enfermedad, la pobreza y la marginación de estas mujeres las vuelven vulnerables a todo tipo de abusos incluida la violación sexual. Sus hijos también son vulnerables y tienen dificultades para conseguir alimentos o acudir a la escuela. Cuando quedan huérfanos tiene dificultades para reclamar sus derechos y herencias quedando muchas veces sin cobijo y sin protección contra la violencia. Además, es sabido que todos los grupos armados reclutan niños para sus milicias.

Estas condiciones dramáticas de las mujeres en Ruanda y Burundi se inscriben en un contexto de empobrecimiento generalizado como consecuencia de la guerra. La población es incapaz de pagar un tratamiento adecuado para paliar los efectos del SIDA. Los servicios públicos de salud cuentan con pocos médicos, escasa dotación y hay poblaciones que viven alejadas de los mismos o en zonas de conflicto.

Por sorprendente que pueda parecer, estos países son objeto de presión por parte de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para que limiten la atención médica gratuita. En 2002, coincidiendo con el momento en que la población de Burundi estaba más necesitada de atención médica adecuada asequible, el gobierno del país estableció una política de recuperación de costes en los centros de salud, es decir, los pacientes tenían que pagar los servicios médicos proporcionados. Si no fuera por la ayuda de las organizaciones humanitarias muchos habitantes de Burundi y Ruanda no tendrían acceso a ningún tipo de servicios.

La dejación de responsabilidades de la comunidad internacional en la zona de los Grandes Lagos durante el genocidio y las guerras en estos últimos 10 años puede agravarse si se desentiende de las secuelas que persisten y que afectan sobre todo a las cientos de miles de mujeres violadas y portadoras de VIH sin que puedan tener acceso al tratamiento gratuito retroviral.

La observación general 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales indica claramente la obligación contraída por los Estados Partes en el Pacto de "reconocer el papel fundamental de la cooperación internacional y cumplir su compromiso de adoptar medidas conjuntas o individuales para la plena efectividad al derecho a la salud. A este respecto, se remite a los Estados Partes a la Declaración de Alma Ata, que proclama que la grave desigualdad existente en el estado de salud de la población, especialmente entre los países ricos y los países pobres, así como dentro de cada país es política, social y económicamente inaceptable y, por tanto, motivo de preocupación común a todos los países... Análogamente, los Estados parte tienen la obligación de velar porque sus acciones, en cuanto miembros de organizaciones internacionales, tengan debidamente en cuenta el derecho a la salud. Por consiguiente, los Estados Partes que sean miembros de instituciones financieras internacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, deben prestar mayor atención a la protección del derecho a la salud influyendo en las políticas y acuerdos crediticios y las medidas internacionales adoptadas por esas instituciones.

Más allá de los programas de cooperación a los que obligan los pactos internacionales, la comunidad internacional debería estar con la frágil situación de las mujeres de Ruanda y Burundi, víctimas de la guerra y la injusticia.