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Uruguay
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El parlamento uruguayo
estudia legalizar el aborto
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Un
proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva, que
permite la interrupción voluntaria del embarazo durante las
primeras doce semanas de gestación, está a estudio del
Parlamento uruguayo.
Contempla igualmente que todas las mujeres tengan acceso a
métodos anticonceptivos, que haya educación sexual en
escuelas y liceos, y la prevención de enfermedades de
transmisión sexual.
Hace un mes, en Uruguay murió otra mujer por haber ingerido
té de ruda y usado perejil para practicarse un aborto. No
deseaba ni podía sostener el embarazo que estaba cursando,
pero tampoco disponía de medios económicos para pagar los
servicios de alguna de las clínicas clandestinas que lo
realizan en condiciones adecuadas.
El aborto es la primera causa independiente de muerte materna
en este país de poco más de tres millones de habitantes,
donde en 2005 nacieron 47.000 niñas y niños al tiempo que,
de acuerdo con cifras más conservadoras, se produjeron por
lo menos 33.000 abortos. Esto habla de un grave problema de
salud pública y de justicia social.
Por un lado, la falta de educación sexual y de acceso
universal a anticoncepción determina embarazos no
planificados ni deseados. Por otro, son las mujeres más
pobres las que ponen en riesgo su salud y hasta sus vidas en
la encrucijada de traer un hijo o hija al mundo que no
estaba en sus planes ni posibilidades, o abortar de
cualquier manera.
Un Derecho Humano
El proyecto de ley que estudia el Parlamento aborda
integralmente la salud sexual y reproductiva, poniendo a
cargo del Estado informar y formar para ejercer
responsablemente la sexualidad y garantizar condiciones para
planificar la familia. El aborto está previsto como un
derecho de las mujeres en las condiciones que establece la
iniciativa: embarazo no mayor a tres meses - pudiendo
extenderse ese plazo sólo cuando haya riesgos de vida para
la mujer embarazada o se detecten malformaciones en el feto
e intervención de un médico ginecótologo. Fuera de los
términos, el aborto continuará siendo delito pasible de
sanciones penales.
Dentro de un enfoque de derechos humanos, se toma en cuenta
que la protección de la salud sexual y reproductiva
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población en
general y al desarrollo sustentable. Legisladoras y
legisladores comprometidos a impulsarlo están convencidos
de que no sólo no obligará a ninguna mujer a abortar si no
lo desea, sino que producirá una disminución del número de
abortos, como ha sucedido en otros países que legalizaron la
práctica al tiempo que desarrollaron políticas públicas de
anticoncepción y de educación sexual.
Pero lo que sin duda alguna disminuirá en lo inmediato es la
muerte de mujeres como consecuencia de abortos inseguros,
muertes absolutamente evitables en el siglo XXI cuando la
interrupción voluntaria del embarazo realizada en
establecimientos de salud es una de las intervenciones más
seguras. Si se aprueba la iniciativa, todos los servicios de
salud públicos y privados estarán obligados a satisfacer la
demanda de abortos de sus usuarias, siempre que sean
ciudadanas uruguayas naturales o legales o demuestren que
llevan habitando en territorio nacional no menos de 42
semanas.
La Negativa Presidencial
La legalización del aborto es un tema que divide a todos los
partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda. Eso
fue notorio en la anterior legislatura, donde un proyecto
similar al actual alcanzó la aprobación de la Cámara de
Diputados y luego no pasó la revisión del Senado.
Hoy se buscan afanosamente consensos antes de iniciar el
debate, pero a dificultades similares se agrega otro
obstáculo: el presidente de la República, Tabaré Vázquez,
basado en su calidad de médico y en convicciones
personales, se propone cerrarle el camino a cualquier ley
que pudiera aprobarse en tal sentido, ejerciendo el derecho
de vetarla que le concede la Constitución.
El mandatario reconoce que se trata de un asunto que debería
resolver la ciudadanía en última instancia, pero si no
permite que el Parlamento apruebe la ley priva a aquella de
la oportunidad de pronunciarse a su respecto, de acuerdo a
las normas constitucionales vigentes. La última encuesta
realizada por una consultora a nivel nacional en junio de
2006, muestra que el 58% de la población está a favor de
legalizar el aborto, y un alto porcentaje prefiere que tal
decisión sea convalidada por voto directo de ciudadanas y
ciudadanos.
Isabel
Villar
©
Rel-uita
31 de
julio de 2006
FOTO:
argentina.indymedia.org
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