"Si no termina el cupo de trabajo que le fue asignado, deberá continuar al día siguiente y, dado que trabaja a destajo, recién entonces le pagarán su ‘jornada’". Si todo sale bien, percibirá el equivalente de 35 dólares estadounidenses (32 euros) por un mes de trabajo. Los supervisores son todos hombres y el chantaje sobre el salario forma parte del arsenal que se utiliza en el acoso sexual. En las plantaciones de té, la mayoría de los niños que viven con sus madres no conocen a sus padres biológicos.

"Irónicamente, los empleadores se muestran inicialmente reticentes a contratar mujeres con responsabilidades familiares y es habitual que antes de contratarlas las sometan a pruebas de embarazo..." Testimonios como el de Phillipina Mosha, sindicalista de las plantaciones de Tanzanía, jalonaron los cuatro días de debates del coloquio sobre el trabajo decente en la agricultura que llevó a cabo en Ginebra el mes pasado la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT. Su compañera de Zimbabwe, Gertrude Hambira, habló de "la tensa situación que reina en su país y que coloca a los sindicatos de trabajadores agrícolas en primera línea". La supuesta reforma agraria que promueve el gobierno originó un estado de guerra en las explotaciones agrícolas, donde los nuevos propietarios hacen que impere el terror. En el sector agrícola trabajaba la mitad de la población activa pero la mayoría de los campesinos fueron despedidos y tuvieron que irse de los lugares donde vivían. "Quienes se oponen a esta ‘revolución’ son considerados enemigos. Se los persigue como si fueran animales..."

600 sindicalistas asesinados

En Colombia, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) perdió seiscientos miembros desde 1980. Todos ellos fueron asesinados. Cinco días antes de salir hacia Ginebra, donde brindó su testimonio, las autoridades informaron a Guillermo Rivero Zapata que las medidas de protección de que gozaba habían sido levantadas. "Me privan de protección para que deje de sindicalizar trabajadores", denunció ante la tribuna de la OIT Guillermo Rivero, más decidido que nunca a continuar su lucha. Una tarea de Sísifo. En Colombia, al igual que en muchos otros países en desarrollo, en los últimos años aumentó desmesuradamente la cantidad de pobres del sector rural. Entre 1994 y 2000, el índice de pobreza de la mano de obra agrícola pasó de 65 a 80 por ciento. En el curso de cinco años, los salarios bajaron un 15 por ciento. Una delegada denunció que se dispone de pruebas de que en otros lugares de América Latina se colocan inyecciones a las mujeres para esterilizarlas durante el período de cosecha. Esta mirada al mundo no estaría completa sin las informaciones, igualmente abrumadoras, que proporcionaron los delegados de Asia y Europa occidental y oriental.

Las mujeres en primera línea

Según un informe que se distribuyó en el coloquio, la frecuencia del trabajo infantil y la discriminación de las mujeres (que actualmente representan en ese sector la mitad de la mano de obra), constituyen una seria preocupación para el sector agrícola de Asia. Los porcentajes de la población activa que trabaja en este sector van desde el 80 por ciento en Bangladesh hasta el 14 por ciento en Malasia. Un indicio: en todos los lugares, la parte que genera la agricultura de los ingresos nacionales es inferior a la proporción de trabajadores y trabajadoras que trabajan en ese sector. Lo bajo de los ingresos se ve reforzado por sistemas de reparto muy injustos, explicó A. Navamukundam, Secretario General del Sindicato de Plantaciones de Malasia. Los portavoces de los hombres y mujeres que tan duramente trabajan en el campo no dejaron de mencionar las "distorsiones" del mercado agrícola que han dado de qué hablar a los negociadores y a los periodistas que estuvieron en Cancún (México), donde unos días antes del inicio del coloquio de la OIT se esfumaron las esperanzas de un nuevo acuerdo multilateral para ese sector.

Después de Cancún

Decepcionados por el fracaso de Cancún, los participantes del coloquio hicieron un llamamiento en pro de un acuerdo multilateral donde se tome en cuenta el destino de los pequeños agricultores y de los asalariados y asalariadas de la agricultura, especialmente en los países cuyas economías dependen de las exportaciones y que no pueden competir frente a la agricultura subvencionada del Norte. Guillaume Attigbe (Benin), miembro del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT, abogó por los diez millones de trabajadores africanos cuyos ingresos por el algodón que producen se ven en peligro por la competencia del algodón subsidiado de los Estados Unidos o Europa y que, como consecuencia, se vende netamente más barato en los mercados internacionales.

"Las subvenciones que los Estados Unidos y Europa hacen a las exportaciones agrícolas destinadas a los países del Sur equivalen a otorgar dos dólares diarios por cada vaca de los países industrializados, mientras que los trabajadores agrícolas del Sur a veces tienen que vivir ¡con menos de un dólar diario!", fustigó Leroy Trotman (Barbados), portavoz de los Trabajadores en el seno de la OIT, reclamando que esta organización lance un programa urgente sobre el trabajo decente en la agricultura y –como también lo pidió el representante de la Confederación Mundial del Trabajadores– conseguir que la OIT tenga voz en las tratativas sobre el comercio internacional, en el mismo nivel que la OMC, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Los países en transición tampoco se salvan de las incoherencias del mercado mundial. En Rusia, un delegado señaló que la mantequilla de Nueva Zelandia cuesta menos que la mantequilla que se produce localmente y que el cerdo que se importa de Dinamarca parece haber reemplazado a la carne autóctona en los puestos de venta. El representante sindical continuó diciendo que, como resultado de esta situación, nos encontramos frente a un "intercambio": los países industrializados nos envían productos más baratos, nosotros les enviamos emigrantes. Ucrania, que solía ser el granero de trigo de Europa oriental, perdió durante la transición 5 millones de empleos. El índice de desempleo se multiplicó por 29. Los salarios que se pagan en los centros urbanos lindan con la miseria. En el campo son tres veces más bajos.

Haciendo uso de la palabra en el coloquio de trabajadores, el Director General de la OIT, Juan Somavia, observaba que, "resumiendo, quienes producen los alimentos del mundo a menudo no ganan suficiente para poder poner comida en la mesa familiar. Además, constituyen la mayoría de los denominados trabajadores pobres".

Si la comunidad internacional realmente tiene la intención de combatir e inclusive de erradicar la pobreza o, en todo caso, de reducirla a la mitad para el año 2015, entonces el sector rural debe pasar a ser prioritario. "Tenemos que luchar para tener empleos e ingresos sostenibles y actividades que produzcan esos ingresos. Es necesario promover oportunidades reales y no caridad", enfatizó el Sr. Somavia.

¿Pero cómo se llegó a esto? El encargado de la única agencia tripartita de las Naciones Unidas, considera que "en el actual modelo de mundialización se trata al trabajo como una mercancía. Y no lo es. Ese modelo es injusto y no podrá resolver los problemas." Esa opinión la comparte Ron Oswald, Secretario General de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, la Agricultura y Afines (UITA), la mayor organización de trabajadores agrícolas, dado que el sector agrícola es muy difícil de sindicalizar. "Es un hecho que el creciente control de las empresas sobre el sector es uno de los principales factores que contribuyen a los numerosos déficit de trabajo decente existentes en la agricultura", señalaba Ron Oswald. Estima que el sistema agrícola que predomina actualmente "favorece los modelos de producción no sostenibles en los planos social, económico o medioambiental".

Monopolio de la producción

El documento de trabajo que se preparó para el coloquio da una idea del control que ejercen en todo el mundo las empresas transnacionales sobre el sistema alimentario mundial y sobre las políticas agrícolas y alimentarias. En el mismo se señala, por ejemplo, que las diez empresas más grandes del sector agroquímico controlan alrededor del 80 por ciento del mercado mundial, estimado en 32.000 millones de dólares. Dos empresas nada más distribuyen el 80 por ciento de los cereales del mundo. Cinco empresas controlan las tres cuartas partes del comercio de la banana, tres empresas encabezan los cuatro quintos del comercio del cacao y otras tres controlan la misma proporción del comercio del té. Las cinco grandes empresas mundiales que torrefactan el café se reparten nada menos que 1.000 millones de dólares de volumen de negocios y manejan el comercio de la mitad del café que se produce en todo el mundo.

Sin embargo, a pesar de que las ganancias de las empresas aumentan, los precios nacionales que se pagan a los productores disminuyen sin cesar. Ann Herbert, especialista de la OIT en agricultura, subraya los contrastes. "En 1970, el kilo de café de la variedad cafetos arábico se compraba al productor a 400 centavos de dólares pero hoy en día se lo paga 142 centavos. El kilo de café instantáneo, que al campesino se paga 0,14 dólar, se vende en las góndolas de los supermercados a 26 dólares." Como es natural, la caída de los precios de las materias primas repercutió de manera aún más marcada en los salarios de los trabajadores agrícolas y en sus condiciones de vida y de trabajo.

Ricardo Yaque comenzó a trabajar en 1996 en las plantaciones de cítricos de Uruguay. Muy pronto pasó a participar en la organización y en el renacimiento del sindicato de trabajadores rurales (SUDORA) (nombre muy a propósito), en Salto, una ciudad portuaria sobre el río Uruguay. Consiguió inclusive sindicalizar las plantaciones de la familia Caputto, lo que sus compañeros de la región consideran un verdadero logro,. En Ginebra, Ricardo se convirtió en el portavoz de los trabajadores de las plantaciones a quienes ahora representa como Secretario General de SUDORA. No obstante, no olvidó las condiciones de trabajo imperantes en las plantaciones, “la camisa especial que se viste en la cosecha de naranja y que se llena con 60 a 70 kilos de fruta que luego hay que llevar, corriendo para no perder tiempo, a quienes en un extremo del terreno compran la producción tras haberla pesado. Se nos paga por kilo. El trabajo es físicamente agotador y la mayoría de quienes efectúan la tarea tienen que dejarla a los 45 o 50 años porque están extenuados, una edad demasiado temprana para tener derecho a jubilación”. Habla asimismo de la represión antisindical que se sufre en ese sector.

Déficit de libertad sindical

Los participantes del coloquio sobre el trabajo decente en la agricultura opinan que el déficit en materia de libertad sindical constituye la causa de muchos de los problemas de los trabajadores de ese sector. En muchos países de América Latina –cuenta María Moya Hinojosa, de la confederación campesina de Chile–, la mayoría de los subcontratistas que toman trabajadores prestan muchísima atención a no contratar personas sindicalizadas. Un sondeo que la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) llevó a cabo en vísperas del coloquio fue elocuente: 52 por ciento de las organizaciones de unos 25 países afirmaron que sus funcionarios o miembros habían sido objeto de hostigamiento. El peligro de perder el empleo es habitual. Los despidos también. La discriminación de los militantes sindicales es manifiesta y las autoridades a veces también toman parte en la misma: el 16 por ciento de las organizaciones interrogadas hablaron de arrestos de sindicalistas. En Colombia, país que tiene el triste récord mundial de asesinatos de sindicalistas, fueron asesinados dirigentes sindicales, lo mismo que en Bolivia y en Brasil. En un informe de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) se señala que en este último país entre 1988 y 2002 fueron asesinados 1.599 dirigentes rurales y 71 sindicalistas campesinos. En 2002, hubo 16 asesinatos de trabajadores rurales y 73 militantes sindicales fueron objeto de amenazas. Las encuestas oficiales sobre esos crímenes, en el mejor de los casos no avanzan, en el peor, terminan quedando sin efecto. En 2002, unos cien miembros de la policía militar brasileña, acusados de haber estado implicados en la matanza de 19 campesinos de Eldorado dos Carajás en 1996, finalmente fueron todos absueltos.

El diálogo social, una inversión

"Lo que tanto gobiernos como empresas deben comprender es que cuando se deniega la libertad sindical es el país el que se empobrece ya que desaprovecha los recursos más valiosos de que dispone para su desarrollo, es decir, la capacidad de los hombres y de las mujeres de entablar un diálogo tripartito productivo con el que podrían encontrar soluciones pacíficas para los problemas económicos y sociales que los aquejan." Esas palabras, pronunciadas por el Director General de la OIT, hicieron blanco en una audiencia de sindicalistas pero también de representantes de organismos internacionales, de organismos especializados de las Naciones Unidas, de instituciones financieras e inclusive de empleadores.

Si bien estos últimos no eran numerosos (el coloquio estaba destinado en particular a los sindicalistas), el representante de la multinacional Chiquita, George Jaksch, invitado a participar en el debate sobre el diálogo social, no desmintió la afirmación del Director General. "No podemos pensar en que un negocio sea rentable sin una buena reputación en materia de derechos humanos. Las buenas relaciones sociales tienen un efecto directo sobre la rentabilidad y la sostenibilidad de una empresa", declaró el Sr. Jacksch. No cabe duda de que la elección de Chiquita para invitarla al coloquio no fue un hecho anodino. Esa multinacional, que emplea a más de 20.000 personas (muchas de ellas sindicalizadas) principalmente en América Latina, inició en 1988 un esfuerzo de "responsabilidad social de las empresas". Esta noción no ha disipado aún todas las sospechas de las organizaciones sindicales pero permitió que la UITA abriera una brecha en el sector bananero puesto que desembocó en la firma del primer acuerdo marco mundial del sector bananero, precisamente entre la UITA y Chiquita. En dicho acuerdo, Chiquita se comprometió a respetar las ocho normas fundamentales de la OIT (que tratan sobre la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva, la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzoso, la no discriminación en el empleo y la ocupación y la igualdad de remuneración).

La empresa también reconoce en el acuerdo su responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo y se compromete, junto con sus interlocutores sindicales, a obrar en pro de mejores condiciones de trabajo (además de la UITA, firma el acuerdo el comité de coordinación de los sindicatos de trabajadores de las plantaciones de bananas de América Latina, COLSIBA).

Que eso no constituye para nada un lujo queda claro cuando se sabe que el sector agrícola tiene el triste récord mundial de cantidad de víctimas fatales debidas a accidentes de trabajo: 170.000 muertes por año. Según el documento de trabajo que se distribuyó en el coloquio, el aumento de la productividad en la agricultura, la aceleración de los ritmos de producción y las evoluciones tecnológicas tienen marcada incidencia en la seguridad y la salud de los asalariados agrícolas. Actualmente, la intoxicación con plaguicidas constituye un riesgo laboral grave en ese sector. La Organización Mundial de la Salud estima que la cantidad total de casos se situaría entre 2 y 5 millones por año, de los cuales 40.000 son mortales. Obviamente, en el coloquio de la OIT se habló mucho de ello. Hubo quien no dejó de manifestar su estupefacción cuando el sindicalista sueco Sven-Erik Pettersson se refirió a la posibilidad de que el paraquat, un poderoso plaguicida, fuera retirado de la lista de productos prohibidos por la Unión Europea. No cabe duda de que en Ginebra se escuchó el llamamiento del Sr. Pettersson para que se lleve a cabo una campaña sindical reclamando que se mantenga la prohibición. "No hay plaguicidas seguros", señaló el delegado malasio Navamukundam.

En todo caso, la salud y la seguridad en el sector de la agricultura es un tema que reviste prioridad para la OIT. En septiembre de 2003 entró en vigencia un convenio internacional sobre ese tema, adoptado en 2002. Dicho convenio (núm. 184), que hasta ahora fue ratificado por tres países, permite, entre otras cosas, que los trabajadores se nieguen a efectuar una tarea que estimen puede ser perjudicial para su salud. En el curso del coloquio y en las conclusiones que se adoptaron en el mismo, los representantes de las organizaciones sindicales hicieron hincapié en el vínculo fundamental existente entre el Convenio núm. 184 y el Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (núm. 182), adoptado dos años antes. En efecto, en el documento de trabajo se estima que para los niños que trabajan en la agricultura, la lucha pasa por la promoción del Convenio núm. 184, cuyo artículo 16 estipula en 18 años la edad mínima para la ejecución de un trabajo que, por su naturaleza y por las condiciones en las que se lo lleva a cabo, puede ser perjudicial para la seguridad y la salud de los adolescentes. Por otra parte, el trabajo infantil es endémico en la agricultura y los menores están allí a menudo expuestos a las "peores formas". Esto es verdad a tal punto que todos los años en el campo mueren doce mil chicos. La situación de explotación en la que se encuentran cada vez más mujeres no deja de afectar a sus hijos, como es de suponer.

Feminización, precarización y migraciones

Feminización de la mano de obra y precarización del empleo, con cada vez menos puestos de trabajo permanentes y con un aumento de la mano de obra ocasional y temporera... la agricultura se ha convertido también en un sector donde se explota a la mano de obra migrante, con los consecuentes abusos y discriminación. Todas las organizaciones sindicales agrícolas parecen tener esta misma preocupación, ya sean del Norte o del Sur y, sobre todo, parecen coincidir en la necesidad de hacer marcar el paso a las hordas de intermediarios cada vez menos escrupulosos que en ciertos países se asemejan tanto a las redes mafiosas que se las puede confundir con ellas. Salarios míseros, condiciones de trabajo deplorables y presión para disminuir las disposiciones negociadas por los sindicatos en los convenios colectivos, en la vida cotidiana del trabajador migrante se puede ver toda la gama de los distintos déficit de trabajo decente en la agricultura.

A todos les concierne, hombres y mujeres

Si bien la situación de los trabajadores agrícolas es una cuestión que atañe a las organizaciones sindicales, las que en Ginebra adoptaron un verdadero plan de campaña, también concierne por supuesto a los empleadores y a los gobiernos, los cuales deberían facilitar y promover el surgimiento de un verdadero diálogo social basado en la libertad sindical. En realidad, la situación de esos trabajadores nos concierne a todos. Se sabe, por ejemplo, que para que los campesinos y sus familias no pasaran hambre, bastaría con reducir los márgenes de beneficio de quienes, todo a lo largo de la cadena, se reparten los frutos del sudor de los campesinos

Marni Pigott

Luc Demaret

31 de octubre de 2003