Continúan los paros y movilizaciones que reclaman atención a las demandas del agro. La Federación Departamental de Campesinos de Puno paró dos días reclamando el reflotamiento del sector agropecuario y el cambio de las autoridades que intentan imponer unilateralmente los puntos de vista del régimen en la Mesa de Concertación. Asimismo, en Ancash, los campesinos demandaron asistencia técnica y financiamiento para que sus productos ingresen a los mercados. En el Alto Huallaga, Valle de Monzón y Padre Abad, 10 mil campesinos pararon 48 horas, exigiendo el cese de la erradicación y fumigación de cocales. En el valle del Apurímac y Ene se convocó a un paro en rechazo a lo mismo. Cae el precio del cacao y del café, razón que induce al cultivo de la hoja de coca. ¿Cómo logran entonces la sobrevivencia de sus familias sin cultivos alternativos?

La penosa situación por la que atraviesa el agro no es fruto de la fatalidad. Es producto del abandono permanente del Estado, de la falta de fuerza política del sector y de los programas económicos neoliberales que nos someten a la competencia desleal de productos agrarios procedentes de otros países donde sí se aplican políticas proteccionistas sin que nadie se rasgue las vestiduras. El neoliberalismo promovió la privatización de servicios básicos para el desarrollo rural. Privatizó a precio irrisorio -y en oscuras operaciones- las tierras públicas, vaticinando lo que se pretende en materia de aguas y bosques, y marginando a los campesinos sin tierras. Socavó la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del medio ambiente. El desarrollo rural agoniza por falta de apoyo. El Estado, que dispendió años atrás casi 1.000 millones de dólares en el salvataje bancario, hoy asigna apenas 30 millones de dólares al AGROBANCO, pues el oligopolio bancario reclama exclusividad para continuar haciendo nada. El actual gobierno ofrece más de lo mismo. Convoca a mesas de concertación que son un diálogo de sordos, y acaba de conformar el Consejo Nacional de Concertación Agraria, pero sigue aplicando políticas fracasadas. Pero lo más grave es que en el proyecto de Constitución que se debate en el Congreso, el tema agrario se ha reducido a un solo artículo.

Ante esto, en nuestra propuesta de Régimen Agrario y derechos de las Comunidades Campesinas y Nativas en la nueva Constitución planteamos una política de Seguridad Alimentaria, ligada a un proyecto democrático y descentralista. Apostamos por el derecho de los pueblos a definir sus políticas agrarias, de empleo, pesqueras, alimentarias y de tierras, en forma ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas para su desarrollo. Demandamos priorizar la producción de alimentos para el mercado doméstico y local, basada en explotaciones campesinas y familiares diversificadas y en sistemas de producción ecológicamente sustentables y prohibiendo el latifundio. Deben asegurarse precios justos a los campesinos, protegiendo el mercado interno de las importaciones subsidiadas de terceros países. La promoción de mercados locales y productores no es contradictorio con el estímulo a la producción para la exportación. Debe promoverse el acceso de los y las pobres a la tierra, al agua, a los bosques, a la pesca y otros recursos productivos indispensables, pero sobre todo la agroindustria para el desarrollo descentralizado y la generación de empleo. 

Autor:

Javier Diez Canseco
La República. Perú, 3 de julio de 2002

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