La deuda del agro araña los 2.500 millones de dólares y nadie espera verdaderamente que el sector pueda saldarla. Para algunos no se trata de recobrar el dinero prestado, sino de evitar mayores gastos. La puerta ya está abierta para que salgan muchos y entren nuevos y pocos. |
Carlos Amorín
La crisis del agro es tan vieja como la del propio país. En la década del 50 comenzó un éxodo rural que con altos y bajos es el mismo que continúa en la actualidad. Antes fue masivo, ahora es un goteo con esporádicos incrementos. Pero así como aquel desplazamiento poblacional de mediados de siglo pasado tuvo características de migración interna (a escala uruguaya), en la actualidad ocurre un verdadero proceso de vaciamiento que conduce a la extinción de un sector social. No es exagerado el reclamo que en estos meses hacen escuchar los productores del campo, casi siempre todos entreverados, grandes, medianos y chicos, industriales con familiares, ganaderos con horticultores, y muchas de estas categorías tienen tanto que ver entre sí como bagres con tarariras. Según los censos nacionales de 1985 y 1996, en ese período la población rural disminuyó un 20 por ciento. "Los flujos migratorios continúan concentrándose en Montevideo y su área periférica, Canelones y San José, que absorben en total el 57 por ciento de esa migración interna. Entre 1985 y 1996 abandonaron el área rural 73.326 personas, o sea 20 personas por día durante esos diez años. En Uruguay sólo el 9 por ciento de la población vive en el campo, mientras que en la Unión Europea lo hace el 25 por ciento."1 Las cifras de algunos departamentos son aterradoras. Artigas, Soriano y Montevideo perdieron un 35 por ciento de sus pobladores rurales en ese período, Salto y Rocha un 29 por ciento, Florida y Lavalleja un 28 por ciento, Tacuarembó 27, y Paysandú y Flores 25.
La viña del señor Según un estudio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (cepal) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica),2 en los últimos 20 años la población rural del subcontinente se redujo a la mitad. El 50 por ciento de los 117 millones de campesinos de la región vive en condiciones de pobreza.
De acuerdo a datos recabados por la Organización Internacional del Trabajo (oit),3 "la distribución de los trabajadores agrícolas en el mundo es proporcional a la incidencia de la pobreza". Asia y los países del Pacífico concentran el 74 por ciento de los trabajadores agrícolas del mundo, y el 76 por ciento de los pobres. Cómo no recordar la Revolución Verde (rv), aquel paquete tecnológico introducido por Estados Unidos y las Naciones Unidas en todo el mundo a partir de 1950, diseñado para canalizar el flujo de dinero desde los agricultores hacia las grandes trasnacionales de las semillas y los agrotóxicos, pasando por los banqueros y los gobiernos locales (véase BRECHA, 13-VIII-99). Cincuenta años después sus efectos son tan nefastos que muchos no los quieren ver: la población rural disminuyó en todo el mundo, en algunos lugares -como se ha visto- en forma dramática; la adopción masiva de los monocultivos redujo la biodiversidad a tal punto que ya se superaron los límites del riesgo y se entró en la zona de peligro; la pobreza y el hambre (dos males que pretendía combatir la rv) no han cesado de aumentar; la dieta de la humanidad abandonó el 90 por ciento de los productos vegetales que contenía hace 50 años, y no integró casi ninguno nuevo; la superficie cultivable del planeta ha recibido una carga tan grande de productos químicos que la mayor parte de esos suelos son estériles o están en vías de serlo; algunos agrotóxicos (como los organoclorados) han penetrado tan profundamente en la naturaleza que se considera que no queda ni un rincón del planeta adonde no hayan llegado, y ahí donde estén pueden permanecer durante siglos provocando efectos dañinos para la salud y el ambiente; gracias a que se les ayudó a vender cada litro de veneno al precio de mil litros de agua pura, las empresas trasnacionales acumularon suficiente capital como para generar una nueva matriz "de progreso" para la humanidad: la ingeniería genética, cuyo desarrollo en las condiciones actuales les permitiría establecer un mecanismo de dominación oligopólica sobre la alimentación mundial, entre otras consecuencias aberrantes.
Pelando las chauchas La importancia social del sector hortícola surge con claridad apenas se miran algunas cifras. El 67 por ciento de los predios agropecuarios del país tiene menos de 100 hectáreas y representa el 7,9 del total de la superficie explotada del país; en el otro extremo el 0,06 por ciento de los predios tiene más de 10.000 hectáreas y representa el 3 por ciento de la superficie total. Entre ambos sectores hay un 4,3 por ciento de establecimientos de entre 1.000 y 2.500 hectáreas que reúnen un 26,8 por ciento del área explotada.4 Cada mil hectáreas, la agricultura intensiva tiene 94 trabajadores, la lechería 24,7 y la ganadería 6,8. En porcentaje de trabajadores por actividad, la huerta ocupa el segundo lugar después de la ganadería (87 por ciento) con un 5 por ciento, antes que la lechería y la agricultura extensiva. Mientras en 1997 existían 357 productores arroceros, 280 citrícolas y 8.235 lecheros, los dedicados a la horti y fruticultura sumados alcanzaban los 10.907, de los cuales casi 7.000 correspondían sólo a la huerta. Desde otro punto de vista, 35.300 establecimientos ganaderos ocupaban ese mismo año 11.635.000 hectáreas, esto es casi el 90 por ciento de la superficie agropecuaria total, y producían 23.405 millones de pesos constantes de 1983.5 Esa fuente, sin embargo, no informa cuántos productores hortícolas había en el país, y la cifra que representa el valor de su producción parece muy poco confiable, ya que se repite exactamente la misma (598 millones de pesos de 1983) desde 1991 hasta 1996, cuando pasa a 731 millones, cifra que se reitera también exactamente en 1997. Se trata seguramente de una "estimación". Es indicativo que esa "inatención" se produzca sólo con los números de ese sector, y que el Anuario estadístico agropecuario 1999 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (mgap) le dedique apenas una página -la 103- en un total de 164 al análisis estructural del sector. De todas formas, no es necesario tener esos datos -aunque sería mejor disponer de ellos- para comprender que desde el punto de vista del valor de su producción la ganadería y la horticultura son como Goliat y David respectivamente. Sin embargo, la granja ocupa al 21,5 por ciento de los trabajadores agropecuarios.6 Quiere decir que el sector granjero produce mucho menos dinero que, por ejemplo, el arrocero, pero hay un dato que no aparece en ninguna estadística, y es que toda la riqueza que produce la granja vuelve a circular de inmediato y por abajo en la pirámide social, mientras que el que cae en otros "cofres" es mucho más, pero nadie sabe adónde va a parar.
Las vaquitas son ajenas Aunque no debe ser novedad para nadie, los productores hortícolas, entre otros, sí están fundidos, lo que significa para la mayor parte de ellos que ya no les queda lata que rascar. Es necesario aclarar este aspecto esencial del "problema agropecuario", porque no todos los productores son iguales, como se ha visto, ni sus deudas son comparables o sus cuentas bancarias y/o respaldos similares. Los tres sectores de establecimientos discriminados más arriba representan un abanico muy abierto de la composición socioeconómica del "agro uruguayo". Si bien hasta ahora, aunque con alguna fisura, las diferentes gremiales han aparecido unidas, o mejor, reunidas, no es evidente que todas tengan los mismos intereses siendo que representan universos tan dispares. Sin embargo, en las declaraciones públicas y en las proclamas la deuda sigue siendo "del campo". Pero la historia y la realidad señalan que, como lo cantara Alfredo Zitarrosa, en la esquila el estanciero se lleva el vellón, y para el esquilador queda apenas otra ficha más.
El contador Hugo Pereira, consejero de la Federación Rural y coordinador de la Comisión de Endeudamiento de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias, explicó a BRECHA que los números de la deuda se manejan en forma global y que, en todo caso, él no dispone de cifras discriminadas por sectores. Así, Pereira informó que se le deben 1.200 millones de dólares al brou, otros 400 millones de dólares a la banca privada, y entre 400 y 500 millones de esa moneda a proveedores privados y organismos públicos. Es lógico pensar que las diferencias ya anotadas dentro del sector agropecuario se proyecten en forma simétrica con respecto a la deuda. El contador Pereira ensaya una explicación para la débacle: a modo de ejemplo, en diciembre de 1988, un kilo de lana merino australiano valía 6,50 dólares, mientras que ahora araña los 1,80 dólares. Según él, en los últimos diez años, y como consecuencia del atraso cambiario, el sector productivo transfirió al importador y a los consumidores unos 14 millones de dólares. Para Hugo Pereira la deuda agropecuaria no es tan alta si se considera que, según sus datos, los créditos al consumo que "están en la calle" representan 6 mil millones de dólares, una cifra similar a la deuda de todo el sector productivo uruguayo, agro e industria confundidos.
La Junta Nacional de la Granja (Junagra) aporta otras informaciones,7 como las relativas a la balanza comercial en el rubro de hortalizas frescas. Según esta fuente, en 1996 el saldo negativo fue de 6.400.000 dólares y se incrementó a más de 8 millones en 1998. Las cifras más recientes proporcionan un panorama aun más desolador. (Véanse cuadros 1 y 2.)
La crisis es de todo el agro, sin duda, pero los fundillos rotos los tienen los de más abajo. Será porque ellos ya saben, por haberlo visto otras veces, que los salvavidas y los botes son como los del Titanic, insuficientes, y empiezan a prevenir arreglos parciales y torcidos. "Denunciamos la falta de políticas de desarrollo sustentable para la agropecuaria nacional. El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca sólo apunta a un proyecto ganadero elitista, que dicen distribuirá 160 millones de dólares entre grupos elegidos de selectos productores ganaderos, asistidos por también selectos productores agropecuarios, que seguramente nada cambiarán ni de los números de la ganadería uruguaya, ni de las posibilidades de la inmensa mayoría de las familias rurales." Esta frase poco visitada por la prensa está en la proclama de la Mesa Coordinadora de Gremiales Agropecuarias leída el domingo 10 de este mes en la marcha de "los brazaletes negros" que tuvo lugar en el Prado. Los paisanos de la Patria Grande lo vienen trasmitiendo oralmente de generación en generación, y uno de ellos lo cantó por el mundo entero: "Las penas son de nosotros...".
Como chancho en la laguna "No necesitamos análisis de factibilidad para saber que hoy del campo no podemos vivir. No necesitamos de consultores para saber que si nuestra rentabilidad es menos que el costo de los intereses, al pedir créditos nos fundimos más rápido. No precisamos de técnicos en el sistema crediticio para saber que los reperfilamientos actuales van a ser impagables y que el bono cupón cero fue una medida totalmente alejada de la realidad." Otra frase de la misma proclama. El gobierno continúa pateando la pelota hacia adelante, sabe -como los agricultores- que la enorme mayoría de los refinanciamientos volverá a ser otras tantas moras y que cada crisis, ahora ya una sola sin solución de continuidad, dejará a cientos de productores por el camino. Quizás sea cierta la sospecha de muchos de ellos, y en realidad los gobiernos de turno apuestan a su extinción paulatina, "gradualista", como les gusta decir a algunos cultores de artes cenagosas.
Tal vez haya quien pueda pensar con toda lógica que tal sospecha suena paranoica, excesivamente "conspirativa". Sin embargo basta analizar algunos, pocos, hechos para comenzar a dudar de las buenas intenciones de un sistema político dominante que ha demostrado estar dispuesto a todo con tal de eternizarse en el poder. El proceso de vaciamiento y extranjerización de la tierra encontró el año pasado una expresión legal indicativa. En abril de 1999, la Cámara de diputados le dio sanción definitiva a la derogación del artículo 9 de la ley 13.608, que databa de setiembre de 1967. Ese artículo decía: "Declárase de interés general que el derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y la explotación agropecuaria sean ejercidos por personas físicas o sociedades personales. Las sociedades anónimas y comanditarias por acciones sólo podrán poseer, adquirir o explotar inmuebles rurales, cualquiera fuere el título invocado, cuando la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas" (véase BRECHA 9-VII-99, página 10). Ese artículo tenía la autoría de Wilson Ferreira Aldunate. A partir de entonces la tierra puede ser comprada por sociedades anónimas, grandes o pequeñas, nacionales o extranjeras, productivas o especulativas, al Uruguay no le importa demasiado. ¿Será así? ¿Qué impulsó a blancos y colorados a aprobar semejante cosa? Sus argumentos fueron por el lado de que de esta forma los productores fundidos se podrán asociar con capitales de riesgo para reflotar sus establecimientos. ¿Alguien se enteró de que llegaran capitales, de riesgo o sin riesgo, al campo uruguayo en el último año? Todo apunta a otro lado, a una dirección que no es nueva sino que profundiza un proceso iniciado hace décadas: los pequeños y medianos productores deben desaparecer por un problema "de escala". Esto significa que "en la economía moderna" para ser viable hay que ser grande, cuanto más grande más viable. Los más grandes, por tanto, son los más viables de todos. Las empresas de escala planetaria, o los capitales "intergalácticos" -como Exxel y otros-, sin embargo, no saben cultivar la tierra, necesitan mano de obra calificada. Y ahí estarán los productores, no fundidos como ahora, sino un poco más aun, arrinconados contra el hambre. Serán empleados de las semilleras, de las empresas químicas, de algún "fondo de inversión". Los agricultores pondrán la tierra -que entonces no valdrá nada, o casi nada- y su fuerza de trabajo, y la de su familia, pero las empresas pondrán lo que va camino a valer más que la tierra: la tecnología, los insumos, la puerta de comercialización. El productor trabajará, pero sin opinar, sin dirigir, sin decidir. Será el brazo ejecutor que recibirá a cambio una magra paga, apenas suficiente para no morirse de hambre. Y aun deberá estar agradecido. ¿Cómo se podría entender de otra manera una asociación entre un gigante mundial y un productor fundido del Uruguay? ¿Quedan ingenuos todavía? Además, esta estrategia no se inauguraría en este país, sino que se viene aplicando en todo el mundo, incluidos los países desarrollados.8
Hay algunas alternativas, pero cuesta mucho verlas y probablemente ninguna sea por sí sola una solución. Pero más vale empezar a mirarlas para no quedar como el chancho, enterrado hasta las verijas y sin esperanza alguna.
Crece desde el pie En este informe se presentan testimonios de especialistas con opciones tecnológicas opuestas y de agricultores de edades y experiencias diferentes, de distintas zonas del país, y que en la actualidad utilizan diversas tecnologías de cultivo. Sus relatos valen más que cien manuales de agricultura, y muestran que hay alternativas al modelo hegemónico, alternativas reales, posibles, al alcance de la mano. Pero para aceptarlas es necesario poner bajo la lupa una serie de "creencias", un conjunto de actos de fe de los cuales se ha beneficiado la tecnología química. Aquello que se vendió -o impuso- como "progreso" no era más que lucro. El péndulo llegó a su oscilación máxima en un sentido, el que considera que la tierra es una máquina, un soporte para plantas. En Uruguay se llevan a cabo en este mismo momento numerosas experiencias diferentes de agricultura integrada y agricultura orgánica (véase recuadro). Según informan los productores orgánicos de ese país, Argentina ocupa ya un millón de hectáreas con cultivos orgánicos de exportación, y el programa ProHuertas, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria argentino, que comenzó a difundirse hace diez años sobre todo en las escuelas de los barrios carenciados, asiste a 450 mil huertas orgánicas familiares en todo el país y lleva beneficios a más de dos millones de personas. Las familias reciben las semillas y el asesoramiento técnico para el cultivo orgánico de hortalizas. En Europa los cultivos orgánicos ocupan 2.800.000 hectáreas, y su participación en el mercado es aún marginal, pero en rápido crecimiento.
Es difícil comprender por qué Uruguay, que ha mantenido una sabia línea de producción de carne sin químicos, no tiene la capacidad de proyectar la misma opción, aunque sea en forma parcial, pero oficialmente apoyada, en los cultivos en general. Es aun más difícil de entender que se esté preparando el terreno para el ingreso al país de las plantas transgénicas que, a poco de observar lo que sucede en el mundo, se ve que podrían convertirse a corto plazo en la aftosa de los vegetales. Los propios cultivadores de hoy deberían exigir garantías para sus productos antes de que se liberen los organismos genéticamente modificados.
Los cambios son posibles, la gente está, la tierra está, la fuerza está, la semilla está. Falta poca cosa.
1. Fuente: Ernesto Murro y equipo de representación de los trabajadores en el bps. Material elaborado en diciembre de 1999.
2. "Panorama de la agricultura para América Latina y el Caribe", Santiago de Chile, mayo de 1998.
3. "Safe work", programa de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, Departamento de la Protección del Trabajo, oit, junio de 2000.
4. Murro, op. cit. Censo agropecuario 1990. Instituto Nacional de Estadísticas.
5. Anuario estadístico agropecuario 1999, mgap.
6. Información básica de la granja, Junagra/iicra, 1999.
7. Junagra/iicra, op. cit.
8. En este sentido, merecería una atención especial del Parlamento el reciente decreto presidencial que reglamenta el mecanismo institucional para aprobar la liberación de cultivos transgénicos en Uruguay, pues entrega toda la capacidad de decisión a dos reparticiones del Estado, excluyendo expresamente a los ministerios de Salud Pública y de Medio Ambiente que quedan reducidos a un papel de "asesoramiento". Las ong y la sociedad civil, simplemente no existen para este gobierno. Las reparticiones estatales que reciben formalmente el poder de decisión -la Dirección Nacional de Servicios Agrícolas del mgap y el Instituto Nacional de Semillas- han mantenido hasta ahora un discurso que, "textualmente", se apega a los argumentos publicitarios de las empresas trasnacionales de ingeniería genética. ¿Cuál es el interés de Uruguay al asumir esta posición? Nadie lo sabe. El Parlamento no lo ha discutido.
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