AGROTOXICOS

 

Uruguay   

 

 3 de diciembre

 

3 de diciembre

Informe Central

El 3 de diciembre se cumplen 18 años de un tristemente célebre episodio: en Bophal, India, más de 40 toneladas de isocianato de metilo, cianuro de hidrógeno y otros gases se filtraron de la fábrica Union Carbide Corporation, causando la muerte a  8.000 personas. La cifra de seres humanos afectados por este accidente ha ido en ascenso a lo largo de los años, llegando a ser hoy 16.000 el número de fallecidos a causa de enfermedades relacionadas con aquella exposición. A partir de entonces, esta fecha se constituyó en la cita anual mundial para la denuncia de la magnitud y gravedad de las intoxicaciones agudas y muertes que acontecen año a año a causa del uso de plaguicidas, así como a su vez, para la difusión y promoción de prácticas agrícolas alternativas al uso de estas sustancias químicas.

Con la imposición del monocultivo como forma de producción agrícola y forestal predominante, se ha generalizado la incidencia de los agrotóxicos, siendo su aplicación una práctica habitual e indiscriminda en la agricultura convencional. Los agrotóxicos contaminan suelos, acuíferos; afectan la salud de millones de personas (trabajadores del campo, consumidores y población en general). Según un informe elaborado por la OIT a partir de los datos oficiales suministrados por gobiernos y organizaciones internacionales, 40.000 agricultores mueren en el mundo cada año por intoxicación aguda con plaguicidas de un total de entre 3 y 5 millones de casos. Pero las intoxicaciones agudas son sólo parte visible de los daños causados por estos productos.

Las transnacionales detentan el control sobre los insumos y, poco a poco van consolidando su control sobre las semillas, base de la cadena alimentaria humana, valiéndose de su nueva herramienta: las semillas modificadas genéticamente. El modelo agrícola predominante hace que cada vez sean más los que padecen hambre, mayor exclusión y miseria. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que los intereses corporativos de un puñado de transnacionales primen sobre el derecho de los pueblos al acceso a una alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada y a la capacidad de mantenerse a sí mismos y a sus sociedades?

La situación en Uruguay

 En nuestro país desde 1992 se publican trabajos que alertan sobre los problemas del uso de agrotóxicos. Se detectó presencia de agrotóxicos clorados en bebes recién nacidos y en leche materna de mujeres que no trabajaban en la agricultura, suponiéndose que se contaminaron por los alimentos.

El Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), de la Facultad de Medicina registra unas 1400 consultas por exposición a plaguicidas por año. Estas consultas se refieren por lo general a intoxicaciones agudas, por haber estado en contacto con dosis altas del producto en alguna oportunidad. Pero no se tienen datos sobre los efectos de la intoxicación crónica por agrotóxicos, es decir la provocada por pequeñas dosis durante muchos años, mucho más difícil de detectar.

Se estima que 400 niños son afectados anualmente por exposición a plaguicidas, la causa son los accidentes en el hogar en donde se pueden encontrar sustancias sumamente tóxicas al alcance de los niños.

La intoxicación en un niño o en una mujer embarazada es mucho más grave que en un adulto, sus efectos son irreversibles y las dosis en que los productos provocan daño son mucho menores

Productos de uso agrícola y veterinario de alta toxicidad se encuentran en los domicilios, fuera de los envases originales, fraccionados y colocados en frascos de medicamentos o botellas de refrescos, sin rotular, aumentando el riesgo de accidente tóxico potencialmente grave.

Cabe señalar que la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), autoriza la libre comercialización de 294 principios activos y 805 marcas comerciales de pesticidas, de los cuales 43 están prohibidos o severamente restringidos en el mundo.

Según datos del Departamento de Control de Insumos de la DGSA, las importaciones de productos fitosanitarios realizadas durante 2001 superaron en casi un 14% en Valor U$S/CIF a las del año 2000 y crecieron mas de un 25 % en kg. totales de sustancia activa. Se revierte así la tendencia descendente que se venia observando desde 1998, en que se lograron los máximos históricos en el volumen importado de plaguicidas.

El sector hortícola y frutícola son los que hacen un uso más intensivo de agrotóxicos y donde los trabajadores están más expuestos, fundamentalmente en la producción intensiva en invernaderos.

Uruguay se ha comprometido en diversos convenios internacionales a mejorar su situación en relación a los agrotóxicos pero su aplicación está en suspenso por falta de ratificación o demoras en su implementación.

En los últimos años se han venido consolidando propuestas de otras formas de cultivar alimentos que reducen o eliminan el uso de agrotóxicos. Al día de hoy la agricultura ecológica u orgánica abarca a 400 productores que manejan 250.000 hectáreas, impulsados por la demanda de los consumidores del mercado externo e interno, logrando formas de producir viables económicamente a la vez que beneficiosas para el ambiente y la salud.

Otros productores optaron por disminuir el uso de agrotóxicos, eliminando algunos de alta toxicidad y disminuyendo la cantidad utilizada en otros.

Nuestra propuesta

 En el corto plazo se debe eliminar el uso de mirex y de bromuro de metilo, dos agrotóxicos de elevado impacto sobre la salud y el ambiente, ambos incluidos en convenios internacionales suscritos por Uruguay: Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y Protocolo de Montreal sobre las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono.

Paralelamente proponemos elaborar un Plan Nacional de Agricultura Sustentable, con una clara propuesta en la prevención de daños por agrotóxicos que ponga a Uruguay al nivel de los países más avanzados en el cuidado de la salud de su población y el ambiente, y que tenga entre sus objetivos el de brindar alimentos sanos y suficientes a toda la población.

Mirex

El mirex es un insecticida, considerado dentro del grupo de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). Su uso está prohibido en EEUU desde 1977 y en Canadá desde 1978, y severamente restringido en muchos países. A la fecha, en Latinoamérica, su uso está prohibido en Perú, Ecuador, México, Costa Rica y Argentina. Sin embargo, en el Uruguay no existe prohibición, como tampoco la más mínima restricción sobre su uso.

Se usa para el control de hormigas cortadoras, en la producción forestal y en cultivos de granja. El hecho que el mirex es uno de los hormiguicidas más comunes para uso doméstico y jardinería, amplifica sus impactos a niveles insospechados, ya que una gran parte de la población y en especial los niños están expuestos a sus efectos.

Se trata de una sustancia altamente resistente a la biodegradación y con una vida media de más de 10 años en sedimentos, siendo uno de los insecticidas más estables y persistentes en el ambiente. La principal acción de este tipo de sustancias es sobre el sistema nervioso, pudiendo promover hiperexcitación del cerebro y convulsiones, así como trastornos en el sistema reproductivo (es fetotóxico y teratogénico); actúa además como disruptor del sistema endócrino y supresor del sistema inmunológico. Ha sido catalogado como posible carcinógeno en seres humanos.

Los COP en general son sustancias químicas bioacumulativas, que al no ser solubles en agua se acumulan en los tejidos grasos de animales y humanos. De esta manera aumenta la concentración a medida que avanza la cadena trófica: la concentración será mayor en un pez grande (que se alimenta de peces pequeños) que en un pez pequeño (que se alimenta de plancton) y más aún en la leche materna que consume un niño cuya madre haya, por ejemplo, ingerido animales contaminados por estas sustancias.

Otros problemas de salud ocasionados por la exposición a estos productos son los transtornos endócrinos, retrasos de aprendizaje, transtornos del sistema reproductivo, del sistema inmunológico e incremento en la incidencia de la diabetes.

Afortunadamente, y luego de años de lucha, se han implementado varios acuerdos internacionales con respecto a la fabricación, uso y comercialización de estos productos.

El Convenio de Estocolmo sobre los COP reconoce las propiedades tóxicas, persistentes, bioacumulativas de los COP y su capacidad de transportarse a largas distancias. Reconoce también los problemas de salud de los COP, especialmente en los países en desarrollo, para las mujeres, y a través de ellas para las generaciones futuras. Señala además la especial amenaza que éstos suponen para las comunidades indígenas y los ecosistemas del Ártico, debido a la biomagnificación de los COP y a la contaminación de sus alimentos tradicionales.

El Anexo A del Tratado, establece la eliminación de la producción y el uso de las siguientes sustancias químicas: aldrin, clordano, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y PCBs.

Además, cada una de las Partes debe tomar medidas para regular con el objetivo de prevenir la producción y uso de nuevos COP. Nuestro país, aunque es firmante del Convenio, aún no lo ha ratificado.

Bromuro de metilo

El bromuro de metilo (BM) es un desinfectante de suelo de amplio espectro. La Agencia de los Estados Unidos para la Protección del Ambiente (EPA, por su sigla en inglés), clasifica a este biocida como de categoría toxicológica I, la más alta, y su uso requiere, según esta institución, la intervención de aplicadores certificados, lo que permite disminuir los riesgos para las personas y el ambiente, práctica que no se realiza en Uruguay. Además de producir graves efectos en la salud de los trabajadores agrícolas, es uno de los principales responsables de la reducción de la capa de ozono.

El BM en nuestro país es utilizado en la producción hortícola protegida (invernáculos), en el cultivo de tabaco, en flor cortada y en la desinfección de sustratos para la producción de plantines hortícolas. Según información de la DGSA, se están incrementando los volúmenes de importación de ese producto químico, pasando de 40.189 kg en el año 1999 a 58.506 kg en el 2000, y a 64.506 kg en el 2001. Cabe señalar que en el año 1997 la cantidad de BM importado no superaba las 10 toneladas.

En la mayoría de los cultivos que se realizan en la agricultura uruguaya, no se utiliza BM; sólo se aplica en tomate, morrón y cucurbitáceas (melón, pepino) que se realizan bajo protección (invernáculo), fundamentalmente en el Departamento de Salto y en la ciudad de Bella Unión, como también en la producción de plantines de tabaco en el Departamento de Artigas. Es decir, que el uso de BM en nuestro país es excepcional y está restringido a las zonas donde se realiza la "horticultura moderna".

Cabe informar, que en el cultivo de frutilla en Uruguay no se utiliza el BM, siendo uno de los pocos lugares en el mundo en donde eso ocurre; por lo que consideramos que estas experiencias deberían servir de modelo para otras regiones.

Una de las alternativas que se viene llevando adelante con éxito en muchos países y también en Uruguay desde 1996, es la biofumigación. Esta técnica se define como: "la acción de las sustancias volátiles producidas en la biodescomposición de la materia orgánica en el control de los patógenos de las plantas".

Las cualidades de la biofumigación han sido confirmadas experimentalmente en laboratorio y en diferentes cultivos y zonas productivas. A diferencia de los agrotóxicos utilizados en la desinfección de suelos, la biofumigacion no tiene efectos negativos sobre el ambiente y la salud, y no presenta limitaciones para su utilización en producción integrada e incluso en agricultura ecológica.

La búsqueda de alternativas a la utilización del BM, no sólo persigue objetivos ambientales y de disminución de daños sobre la salud, sino también en lo económico. Como ejemplo, la cantidad necesaria de BM para 1000 metros cuadrados de invernadero, a las dosis recomendadas que en algunas ocasiones llegan a 100 g/m2, tiene un costo de U$S 710 (Plan Agropecuario, febrero 2001).

En Uruguay se está ejecutando un proyecto que comenzó en 1999, para el desarrollo de alternativas a la utilización del BM. El mismo es coordinado por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA); el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), que ha entrado en su última etapa que es la fase de eliminación de su uso. Los resultados presentados por los responsables del proyecto demuestran la existencia de alternativas no químicas, como la biofumigación, que presenta un excelente comportamiento en el control de patógenos del suelo. Sin embargo, cabe preguntar a esos organismos de investigación: ¿Por qué no se desarrolla y difunde la biofumigación? ¿Cómo es posible que luego de tres años de iniciado el proyecto, los volúmenes importados de BM han aumentado significativamente?

El hecho que la biofumigación esté siendo utilizada con éxito por productores de diferentes zonas del país, nos plantea la necesidad de adelantar los plazos de eliminación del uso del BM, acordados para el 2005.

Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud

en la Agricultura

Por último, queremos señalar que la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en su 89ª reunión (junio 2001), aprobó el Convenio 184 y la Recomendación 192 sobre Seguridad y Salud en la Agricultura.

Se estima en 450 millones los hombres y mujeres que trabajan en todo el mundo como asalariados en la agricultura, representando más del 40 % de la fuerza de trabajo agrícola mundial de 1.100 millones de personas.

La OIT en 1997, estimaba que 170.000 personas murieron como consecuencia de accidentes en la agricultura y más de 160 millones contraen anualmente enfermedades debido a los peligros y exposiciones –especialmente a los agrotóxicos– en los lugares de trabajo. El nuevo Convenio apunta a revertir esta situación.

Dentro de las disposiciones contenidas en el Convenio, se destacan:

• Los empleadores deben realizar evaluaciones de los riesgos en los lugares de trabajo antes de exponer a los trabajadores a los peligros o riesgos cubiertos por el Convenio, incluida la exposición a productos químicos. (Art.7/a).

• Los trabajadores tienen derecho a "apartarse de cualquier peligro derivado de su actividad laboral cuando tengan motivos razonables para creer que existe un riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y señalarlo de inmediato a su supervisor. Los trabajadores no deberán verse perjudicados por estas acciones". (Art. 8/c).

• Los Artículos 12 y 13 se refieren a una gestión racional de los productos químicos, extendiéndose más allá del lugar de trabajo. El Convenio también establece la necesidad de proteger el medio ambiente en general, con respecto al descarte de recipientes vacíos de agrotóxicos y otros desechos. (Art.12/c y párrafo 7 de la Recomendación 192).

La mejora en el ambiente de trabajo, en este caso de la agricultura, a través de la disminución y regulación en el uso de agrotóxicos, puede contribuir significativamente a la protección del ambiente en general. Los sindicatos han utilizado a menudo este estrecho vínculo entre el ambiente laboral y el entorno general, para promover mejoras para la sociedad en su conjunto, que también recibe el impacto del uso indiscriminado de los agrotóxicos.

Teniendo en cuenta lo expuesto, hacemos propicia la fecha para demandar al gobierno uruguayo y al espectro político en general, para una inmediata ratificación del Convenio 184.

Este tipo de decisiones proyectan hacia el exterior una imagen del país y son claves a la hora de reflejar su posición en torno a la protección del ambiente y de la salud. Asimismo, darían sentido al slogan gubernamental: "Uruguay, País Natural".

Consideramos que algunas medidas exigen urgente

aplicación:

 1) Teniendo en cuenta que existen alternativas probadamente eficaces, y que pueden servir de base para el desarrollo de un modelo de agricultura sustentable, es que planteamos el cese inmediato del uso del bromuro de metilo en el Uruguay.

2) La ratificación inmediata del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y la consiguiente prohibición de importación, producción, uso y comercialización del mirex en el Uruguay.

3) Urgente ratificación del Convenio 184 de la OIT sobre Seguridad y Salud en la Agricultura.

4) Implementación de planes nacionales para el desarrollo de modelos de agricultura sustentable, únicas formas de asegurar nuestra soberanía alimentaria, con una agricultura preocupada por el valor nutritivo de los alimentos, la salud de los trabajadores, el ambiente, la rentabilidad de los cultivos y comprometida socialmente en el desarrollo de sistemas agrarios en armonía con la naturaleza.

5) Transgénicos. Exigimos que debe suspenderse inmediatamente toda y cualquier acción que legalice la producción de cultivos y comercialización de alimentos transgénicos, nacionales e importados.

6) Mejorar la eficiencia de los sistemas de registro y difusión de uso de sustancias químicas, como de sus efectos a fin de asegurar un manejo transparente y democrático de esa información para los trabajadores, consumidores y de la población en general.

7) Establecer mecanismos de acción, claros y efectivos, por parte de las autoridades sanitarias competentes en los casos de denuncia de intoxicación por sustancias químicas, tanto sea en el ambiente doméstico, como laboral; a efectos de poder llevar a cabo el pertinente estudio y seguimiento de los casos que, a su vez, redundarán en planes y medidas de prevención más eficaces.

 

 

 

 

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