Paraguay

El 6 de julio pasado el humilde barrio de San Vicente de Asunción se despertó en medio de la madrugada con el mayor de los sobresaltos, cuando las llamas que salían de los grandes depósitos de agrotóxicos de la Oficina Fiscalizadora de Algodón y Tabaco (OFAT) amenazaban con consumir sus viviendas de techos de zinc y paredes de cartón. Rápidamente, los vecinos salieron de sus casitas y comenzaron a colaborar con baldes de agua y mangueras para extinguir el fuego, sin imaginar las consecuencias que para ellos traería ese incendio que, ahora se sabe, no consistió en un simple accidente, como se creyó en un principio. A esa conclusión llegaron los miembros de una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, conformada con la exclusiva misión de averiguar las causas del siniestro, producido hace ya cuatro meses.

En efecto, los Bomberos Voluntarios del Paraguay confirmaron a los diputados que comprobaron la existencia de tres focos diferentes de inicio del incendio, algo que no se da cuando se trata de un hecho accidental. Sin embargo, esta prueba no fue suficiente para que las autoridades de las instituciones involucradas tomaran cartas en el asunto y ordenaran el cierre definitivo de los depósitos de la OFAT, que siguen funcionando como si nada hubiera sucedido.Tampoco sirvió para que se paliara en alguna medida las secuelas que la quema de estos insecticidas dejó en los habitantes de San Vicente. Hoy, la indiferencia oficial sigue cerrando puertas a los pedidos de ayuda realizados por los afectados. Y los niños siguen jugando, inconscientes del peligro, en medio de los desechos tóxicos que quedaron enterrados en la canchita del vecindario, respirando a cada segundo el aire contaminado de veneno.

Un lapidario informe

El informe de los diputados dice textualmente: "Según informaciones de los Bomberos Voluntarios que actuaron en la ocasión, el incendio tuvo tres focos de iniciación, hecho que nunca se produce en un incendio accidental, lo cual hace presumir gravemente sobre la intencionalidad del siniestro". Esta clara intencionalidad, añade, constituye un crimen que debe ser castigado con todo el peso de la ley, independientemente del delito ambiental en que, por negligencia, habrían incurrido las autoridades. El documento legislativo llama por otra parte la atención sobre la ubicación inadecuada del depósito de agrotóxicos de la OFAT, así como sobre la manipulación, el uso y el transporte de las sustancias tóxicas, lo cual Rel-UITA denunció oportunamente. 

Los diputados destacan la responsabilidad de ciertas instituciones en esta tragedia ambiental, en particular la Municipalidad de Asunción, la Secretaría del Ambiente y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por permitir el funcionamiento del depósito en un área urbana densamente poblada, y sobre todo el Ministerio de Agricultura y Ganadería, identificado como el “principal responsable” de los hechos.

"Hasta la fecha todas estas instituciones han actuado tímidamente y luego de presiones de la sociedad civil. Pero esta situación tiende actualmente a quedarse en el olvido y a abandonar a su suerte a los afectados. Estos siguen en el lugar. Continúan con variadas afecciones, con el riesgo de padecimientos crónicos a largo plazo, difícilmente medibles o pronosticables, porque ni siquiera pudimos saber con certeza qué productos estaban depositados en la OFAT, ni qué consecuencias podría tener en ellos el cóctel de químicos que se formó con el agua al apagar el incendio, ni la mezcla de gases liberados al ambiente durante la combustión de los agrotóxicos", expresa el documento.

Inmediatamente después del incendio, el ex titular del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social del gobierno del ex presidente Luis González Macchi, José Mayans, había anunciado el otorgamiento de un carnet sanitario a cada residente en la zona afectada, a fin de recibir atención medica gratuita e integral por tres años, con el monitoreo y seguimiento adecuado de las afecciones crónicas que puedan presentarse ante la exposición permanente a tóxicos. Sin embargo, y a pesar de la insistencia de los afectados, la promesa no se ha cumplido y todo indica que a las actuales autoridades gubernamentales, que asumieron el 15 de agosto, tampoco les interesa mucho cumplir lo pactado.

El informe de los diputados indica que hasta ahora los vecinos de San Vicente han sido sometidos a terapias ineficaces y no han tenido acceso a los medicamentos adecuados. Menciona además que los centros de salud estatales a los que concurren los pobladores ni siquiera cuentan con los remedios recomendados para hacer frente a este tipo de afecciones en lo inmediato, y menos aún para un tratamiento a largo plazo, como ellos pretenden.

Mentiras e irregularidades

La diputada Olga Ferreira, del Partido Patria Querida, quien lideró la Comisión Especial parlamentaria, expresó cierto alivio al comprobar que en el depósito no había, como se declaraba, 6.803 kilos y 24.810 litros de agrotóxicos. En caso de que esas hubieran sido las cantidades almacenadas se hubiera producido un número elevadísimo de muertes humanas y de animales, además de un daño ambiental irreparable en varios kilómetros a la redonda. “Este incidente está plagado de irregularidades, de muchas mentiras y falsedades. Ahora nos preguntamos dónde está la cantidad de insecticidas declarada, que, por suerte, no se encontraba en el depósito", señaló Ferreira.

La legisladora destacó que en la OFAT nunca existió un control estricto de entrada y almacenamiento de los insecticidas. Ni siquiera, dijo, había un encargado de depósito, en un lugar en donde por seguridad debe haber varios controles simultáneos de los tóxicos, por la alta peligrosidad de los mismos. “Esto merece una investigación penal”, subrayó.

Ferreira dijo no estar en condiciones de asegurar, por falta de pruebas fehacientes, que el incendio en la OFAT fue provocado para ocultar ciertas millonarias compras que en realidad no se realizaron, pero observó que la duda al respecto ya está instalada en la opinión pública.

Más medidas de seguridad

El informe de los diputados alerta sobre los agroquímicos distribuidos en distintos depósitos de la OFAT. Todos estos depósitos están emplazados en zonas pobladas, y constituyen una verdadera “bomba de tiempo”, ya que de producirse un incendio similar al de Asunción se provocaría una catástrofe de consecuencias impredecibles para la población y el ambiente. Por tal motivo, los parlamentarios solicitaron a las autoridades competentes que tomen las medidas de seguridad correspondientes sin más tramites, pedido que sigue sin cumplirse. El intendente municipal de Asunción, Enrique Riera, protestó Ferreira, ni siquiera ha ordenado de oficio el cierre definitivo del depósito de la OFAT. “Ahora la pelota para que se clausuren esas instalaciones está en la cancha de la Municipalidad. El intendente es una persona inteligente y sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No está dentro de mis funciones como diputada ordenar el cierre del depósito, es el intendente el que debe ordenar la clausura. No sé qué espera para hacerlo.".

Los eternos pedidos sin respuestas

La comisión investigadora parlamentaria urgió a todas las instituciones involucradas en este incidente una evaluación ambiental integral completa de suelo, aire, agua en un radio prudencial y abarcante de posibles impactos. Demás está decir que el pedido del plenario de la Cámara de Diputados tampoco fue escuchado por las autoridades involucradas, vale decir la Municipalidad de Asunción, los ministerios de Salud Pública y de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente.

Los diputados manifestaron su sospecha de que altos funcionarios de la cartera de Agricultura estén comprometidos en el siniestro, aunque hasta el momento sólo el ex ministro Darío Baungarten fue imputado por la Fiscala del Medio Ambiente, María Bernarda Álvarez. No obstante, la causa abierta a Baungarten refiere a la existencia irregular de un depósito de insecticidas en una zona densamente poblada de la ciudad de Paraguari, a 100 kilómetros de Asunción.

La comisión parlamentaria solicitó igualmente a otras municipalidades del país la implementación de medidas de seguridad en los depósitos diseminados por todo el territorio, "que atentan contra la salud de las personas y del medio ambiente, pues la mayoría se encuentran en zonas pobladas, en total contravención a las disposiciones del manual de la FAO". Además, los parlamentarios reiteraron al Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social la concesión de una cobertura de control médico integral y gratuito a los afectados por el incendio y la entrega del carnet sanitario para atención médica, con un plazo de validez de por lo menos tres años.

A la Fiscalía del Medio Ambiente se le solicitó una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad de Asunción, quienes permitieron el funcionamiento de este depósito en un área urbana densamente poblada. También pidieron una investigación a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería por las posibles causas del incendio, teniendo en cuenta los serios indicios de intencionalidad existentes. Los diputados quieren saber, por otro lado, por qué el Ministerio de Agricultura anunció una supuesta cantidad de tóxicos quemados, que resuelto no ser real. La diputada Ferreira indicó que seguirá al frente de esta investigación, y que convocará a las jerarquías de las instituciones encargadas de prestar atención a los pobladores afectados por el incendio.

En tanto, los vecinos del barrio San Vicente continúan presionando de diversas maneras para obtener el carnet sanitario de atención médica gratuita en centros de salud públicos. A pesar de los constantes reclamos en ese sentido, las autoridades siguen mostrándose indiferentes, y actuando como si el incendio de los depósitos de la OFAT nunca hubiera tenido lugar.

Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

6 de noviembre de 2003