EL SIGLO05.06.00
Por RAMON NARPIER
Plaguicidas
ponen en peligro ecosistemas y la salud pública
La
lucha contra los insectos se hace cada vez más difícil y costosa en la República
Dominicana. Ramón Narpier consulto al entomólogo Julián de la Rosa y Guzmán
quien señalo “que el uso irracional en el país de los compuestos químicos es
consecuencia de la falta de un modelo propio, nacional, de control de plagas que
incluya el estudio de las características ambientales, ecológicas y socioeconómicas
del territorio nacional. Sin la construcción de un modelo teórico propio nunca
vamos a resolver el problema del uso de los plaguicidas porque las condiciones
ecológicas y sociológicas nuestras y las de otros territorios, son
totalmente diferentes; no podemos pensar que nosotros vamos a aplicar los
pesticidas dentro de la sociología y características con que lo aplican los países
productores de esos pesticidas.”
Además
afirmó que los pesticidas llegaron al país a partir de 1945 y eran aplicados a
los cultivos de arroz, yuca y de maní. Reveló asimismo, que el entomólogo y
fitopatólogo Gómez Menor, de nacionalidad española, quien sustituyó al señor
Russo, un entomólogo italiano fundador del servicio fitosanitario dominicana
durante el gobierno de Horacio Vázquez, fue el último profesional de esa área
que trabajó en el país hasta 1940 de forma residente.
“A partir de esa fecha hasta 1970 la República Dominicana no tuvo ni un
fitopatólogo ni un entomólogo, ni extranjero ni nativo, y fue en ese período,
como consecuencia de ese vacío académico, que se estableció, sin oposición,
el control químico excluyente”, explicó. Recuerda el caso de Río Frío, en
la región central del país, que ocurrió en la década de los 60, cuando
murieron decenas de personas y resultaron afectadas centenaeres intoxicadas por
Parathion. “Hubo un accidente donde murieron no se sabe qué cantidad de
personas todavía. En esa época se dijo que eran como 20 o 25, pero se ha
llegado a la conclusión de que fallecieron mucho más por las consecuencias que
hubo después”.
A
partir de ese accidente es que se crea la Ley 311, de fecha 24 de mayo de 1968,
sobre el uso y control de plaguicidas. “Considerando,
que el incremento de la producción alimentaria es de carácter prioritario, y
que este objetivo no puede alcanzarse si no se utilizan insumos agrícolas
indispensables como los plaguicidas”. El número 311, el nombre Revolución
Verde, (el comentario es nuestro).
Antonio
Thomén, conocido ambientalista y uno de los maestros que inauguró en el país
el tema de los recursos naturales, cuenta que a partir del decreto presidencial
217-91, que prohibió más de veinte plaguicidas, se obtuvo como
resultado el incremento de la corrupción en el sector agrícola. “Las
casas que representan esos productos aportaron grandes sumas para convencer a
las autoridades de que esos plaguicidas eran inocuos, que no hacían ningún daño
y que podían pasar, como al efecto pasaron en mayor grado, quintuplicándose su
uso como podemos ver”. Aseguró que “el resultado es sencillo: más
incidencia de cáncer en el país, todos tenemos parientes que han muerto de cáncer,
tanto jóvenes como ancianos; problemas genéticos, nacen muchos niños
deformes, algunos sobreviven y se ven o los esconden en las casas, algunos nacen
muertos; problemas de impotencia, o falta de espermatozoides; enfermedades
respiratorias, pero el principal daño es el cáncer”. Según el doctor
Thomén, nos estamos envenenando nosotros mismos porque estamos ingiriendo
alimentos altamente contaminados, sin ningún control. “Habrá cada día más seres
defectuosos, más luto en cada familia, pero la gran religión del becerro de
oro es la que se impone”, proclama.
El
autor, Ramón Narpier, informa en su nota que los fungicidas Pentaclorofenol,
Benomyl, Captan y Mancozeb, los insecticidas Diazinon, Endosulfan, Metamidofos,
Monocrotofos y Permetrina, los herbicidas 2,-4D y Paraquat; el acaricida Dicofol
y el Bromuro de Metilo, figuran en las listas de importaciones hechas por compañías
establecidas en el país en 1998 y 1999.
Por
su parte el ingeniero Porfirio Alvarez, director del Departamento de Sanidad
Vegetal de Agricultura, informó a El SIGLO que aunque el decreto ( 217-91 ),
prohibe una serie de productos, tiempo despues se aprobó una resolución que
establece en muchos de esos productos, incluyendo el Paraquat, “un
cambio de categoría que fue de prohibido a uso restringido”. Precisó
que es debido a esa disposición administrativa, que algunos plaguicidas con
recomendación internacional de prohibidos y de uso restringido, son
comercializados libremente en el país.
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