Como en otros países centroamericanos y de otras regiones del mundo donde se cultivó el banano intensivamente, en Nicaragua las empresas transnacionales utilizaron durante más de 20 años el nematicida DBCP, cuyos nombres comerciales más frecuentes fueron Nemagón y Fumazone. Este producto dejó de usarse a fin de los años setenta. Desde entonces se sabe que más de 65 mil personas en todo el mundo quedaron afectadas. El DBCP provoca esterilidad humana total o parcial, malformación de los niños cuyas madres o padres estuvieron expuestos al químico, atrofia testicular, alteración del sistema hormonal, cáncer de hígado y riñones, abortos espontáneos, confusión en la memoria, depresión y otros efectos.

Sus consecuencias son tan insidiosas y están aún tan mal estudiadas que es imposible establecer una cifra real de víctimas. Especialmente cuando se tiene en cuenta que el DBCP actúa como un disruptor endocrino (hormonal), sistema que regula todos los procesos químicos que ocurren en el organismo humano. El desarrollo intelectual, sexual, físico, etc, del ser humano está “orquestado” por las hormonas, y el DBCP interfiere en esos procesos sin que aún se conozca exactamente la totalidad del daño que provoca. Lo que sí se sabe es que muchas veces los efectos se manifiestan en los hijos o los nietos de las personas expuestas, incluso a pequeñas dosis, puesto que este químico altera la estructura genética de las células reproductivas de los seres humanos. La potencialidad nociva del Nemagón no se agota, pues, en la primera generación, sino que puede enviar su mensaje de muerte y enfermedad hacia el futuro, sobre personas que aún no nacieron.

LÓGICA DE LUCRO, LÓGICA DE MUERTE

¿Cómo pudo usarse un químico tan dañino en la agricultura? Porque, simplemente, era rentable. Porque las transnacionales encontraron cómplices locales que les permitieron someter a miles de trabajadores y sus familias a una política de lento exterminio. En la libreta de cuentas de las empresas, era más caro perder un banano que un ser humano. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces?

A principio de 2001 la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 364 (Ley Especial para la Tramitación de Juicios promovidos por las Personas Afectadas por el uso de Pesticidas Fabricados a Base de DBCP). Apoyándose en esta ley, ASOTRAEXDAN inició una serie de demandas que involucran a ocho transnacionales que vendieron o aplicaron el producto en el país: Dow Agro Sciences, Aka Del Monte Fruits, Del Monte Tropical Fruit Company, Shell Oil Company, Occidental Chemical Corporation, Standard Fruit Company, Dole Food Corporation Inc., Chiquita Brands International, y Del Monte Foods. En estos juicios los damnificados reclaman ser indemnizados económicamente por los perjuicios padecidos.

GRAN HERMANO y EL TÚNEL DEL TIEMPO

A mediados de octubre el periódico nicaragüense Nuevo Diario denunció que con fecha del 19 de marzo de 2002, el entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Oliver Garza, presentó una nota ante el Canciller, Norman Caldera Cardenal, en la que planteaba su preocupación, y la de su país, por los alcances de la ley 364, puesto que dejaba a las empresas en “situación de desigualdad jurídica” ante las víctimas. Como en la época en la cual Nicaragua y otros países centroamericanos eran denominados “repúblicas bananeras” puesto que eran las empresas transnacionales las que manejaban el país entero, el canciller Caldera se apresuró a trasmitirla hasta los más encumbrados ámbitos del gobierno. Allí se decidió una táctica. El 5 de julio de 2002 Caldera envió una carta al Procurador de Justicia, doctor Francisco Fiallos Navarro, transmitiendo las preocupaciones de Estados Unidos. La carta iba apoyada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que consideraba que el planteamiento estadounidense con respecto a la Ley 364, “podría ser válido”.

Curiosamente, este movimiento ocurrió cuando era inminente que comenzarán a salir las primeras sentencias desfavorables para las empresas.

No tan curiosamente, el 2 de septiembre, el procurador Fiallos remitió un dictamen sobre la Ley 364 al presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Escobar Fornos, en el que “aconsejaba” derogar o declarar inconstitucional a la Ley 364 que protege los derechos de las víctimas. En el mismo momento envió una copia del dictamen al doctor Julio Vega, secretario de la Presidencia de la República, lo que prueba que la Presidencia conocía la situación.

Pero el doctor Fiallos quería estar seguro de que su “opinión” se tradujese en actos concretos, y olvidando que en Nicaragua existe separación de poderes y el Judicial es totalmente independiente del Ejecutivo que él integra, pasando por encima de la misma Constitución que dice defender y custodiar, le solicitó al presidente de la Suprema Corte que le hiciera llegar una copia de su nota a “todos los jueces civiles del país”. El presidente Fornos, fuera de toda razón, lógica y derecho, se apresuró a su vez a cumplir el deseo del procurador. ¿La república bananera ha muerto? Luego se sabría que la iniciativa de tal exceso surgió desde la propia Presidencia de la República y que el procurador sólo obedeció órdenes.

El principal argumento esgrimido por la diplomacia estadounidense en este caso fue la invocación al convenio de Fomento y Protección Recíproca de la Inversión que vincula a ambos países, entendiendo que la Ley 364 atenta contra ese acuerdo. No toma en cuenta, sin embargo, que no se puede presumir igualdad entre la primera economía mundial y el segundo país más pobre de América Latina. Es como si el león protestara porque el cabrito corre cuando él se acerca.

PEQUEÑO HERMANO, CORAZÓN GRANDE

La historia, como siempre, la torció la movilización popular. A mediados de noviembre llegó a Managua una marcha desde Chinandega de centenares de víctimas del Nemagón exigiendo que se respetaran sus derechos y la independencia de la justicia. Uno de los puntos fuertes de su entrada en la capital fue el acto que se desarrolló ante la embajada de Estados Unidos en ese país. La acción de ASOTRAEXDAN consiguió que el gobierno retirase el vergonzoso dictamen del procurador bien mandado y le arrancó la promesa al presidente nicaragüense, Enrique Bolaños, de que la Ley 364 no será anulada.

Los damnificados por el Nemagón saben que la única garantía de justicia es mantenerse organizados, alertas y movilizados para defender sus derechos.