Es seguro que existen –y existirán- otras decenas de miles de víctimas aún ocultas del envenenamiento con este agrotóxico, que altera el sistema reproductivo humano y actúa como disruptor endócrino. Los daños provocados en las células reproductivas de hombres y mujeres ya han generado una población considerable de niños con malformaciones congénitas o enfermedades degenerativas, problemas graves en el sistema nervioso, en el inmunológico y en el desarrollo. Por otra parte, mínimas dosis de Nemagón pueden alterar directamente los procesos químicos que se producen constantemente en el cuerpo humano, muchos de ellos piloteados por el sistema endócrino (hormonal) que es afectado directamente por este veneno. A menudo esta alteración se manifiesta en los hijos o los nietos de las personas afectadas, ya que el Nemagón –como los demás disruptores endócrinos- trastorna la genética humana.

Una sucia, muy sucia historia

Cuando la empresa química estadounidense Dow Chemical comenzó a fabricar el 1-2-dibromo-3-cloropropano (DBCP) sabía que además de matar los nematodos que afectan el banano, probablemente tenía severos efectos sobre la salud humana. Ya en 1958 una comunicación confidencial de estricta circulación interna en la empresa química advertía a sus gerentes que el DBCP provocaba atrofia testicular, esterilidad y daños en pulmones y riñones sobre animales utilizados como cobayos. Esta información trascendió el ámbito del secreto y llegó a oídos de las autoridades gubernamentales estadounidenses de aquel momento, pero no fue una razón suficiente para impedir su comercialización en Estados Unidos y el resto del mundo.

Pasaron 17 años antes de que la conciencia de la Dow Chemical experimentara algún síntoma de existencia, y eso fue provocado por la clara percepción de que la inmoralidad del Nemagón había sido descubierta: en 1975, coincidiendo con la prohibición del uso de DBCP en Estados Unidos, la Dow advirtió a la bananera Standard Fruit Company costarricense sobre los efectos que el veneno estaba causando en los trabajadores, y le anunció que cesaría de venderlo. La Standard Fruit reaccionó con vehemencia y le exigió a su proveedor que continuara abasteciéndola con Nemagón, y hasta ofreció firmar un contrato responsabilizándose por las posibles consecuencias legales que ello provocaría. La oferta convenció a la Dow, que continuó produciendo y exportando DBCP no sólo a Costa Rica, también a Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá, Ecuador, Colombia y otros países subdesarrollados.

Durante 4 años más, hasta 1979, los trabajadores bananeros continuaron trabajando en una pileta invisible de DBCP, lo siguieron aspirando, exponiéndose durante la mayor parte del día a sus terribles e irreversibles efectos sin ninguna información y, por lo tanto, sin ninguna protección. Pero además de ellos, también se expusieron sus esposas e hijos, que a menudo les alcanzaban el almuerzo y hasta lo compartían con ellos dentro del bananal, e inclusive sustituían al obrero aplicando ellas mismas el producto mientras sus compañeros se alimentaban. Así, miles de mujeres y de niños han sido expuestos al Nemagón porque para las cuentas de la Standard Fruit resultaba más lucrativo cultivar una banana vendible que dejar crecer un niño sano. Todo y todos fueron sacrificados en el altar del dinero, y para unos poquitos. Si se le calculara un costo a esta catástrofe humana y se agregara el del desastre ambiental que ha provocado la aplicación masiva de DBCP, seguramente no alcanzarían los beneficios acumulados desde su creación por mil Standard Fruit para reestablecer las condiciones originales de los seres vivos ya dañados, y de los que serán afectados en el futuro por la permanencia y los efectos a largo plazo de este agrotóxico.

La impunidad en oferta

Una historia tan sucia y lucrativa buscaría, obviamente, el acompañamiento de una impunidad igualmente hedionda. Y hasta ahora lo ha encontrado. Costa Rica tiene la mayor población afectada por el DBCP en el mundo. Desde los diversos grados de esterilidad masculina y femenina, dolores y atrofias testiculares, cáncer de hígado, deficiencias en la vista, malformaciones congénitas, afecciones óseas y el invisible daño moral y sicológico. Decenas de miles de víctimas y ninguna que haya recibido justicia real: las indemnizaciones ofrecidas por la empresa han sido de 100 dólares por persona afectada. Los trabajadores y sus familias han sido doblemente abusados por un sistema inhumano: primero en su salud física y mental, en su capacidad de procrear, y segundo por la “flexibilización laboral” que impuso globalmente el gran capital transnacional provocando la desaparición de muchos sindicatos, entre ellos los de los bananeros.

La unión, la fuerza

En Costa Rica, recién a partir de la creación del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB), en 1998, los obreros lograron enfrentar organizadamente el problema. Actualmente los afiliados a esta organización levantan tres reivindicaciones básicas: el pago de una indemnización justa al trabajador y su familia, la instrumentación de un programa de asistencia médica especializada y la elaboración de un programa de pensiones para los casos más severos. Estos tres puntos están incluidos en un proyecto de ley que actualmente se encuentra a consideración de la Asamblea Legislativa de ese país. La CONATRAB ha logrado que el Estado admita la existencia del problema y que asuma una parte de sus costos sociales, y ha decidido “apoyar todas las acciones que se orienten a fortalecer el combate por la eliminación total del uso de plaguicidas en la agricultura”.

Autor:

Carlos Amorín

© Rel-UITA

9-10-02