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Nicaragua
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Con los damnificados
por el Paraquat
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Por la defensa
de la ley y la vida |
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Como parte
de la campaña de solidaridad con los más de 1.500 trabajadores afectados
por el herbicida Paraquat, Rel-UITA organizó un encuentro con integrantes
de la Comisión Laboral y Gremial de la Asamblea Nacional. El objetivo de
la actividad realizada el 3 de julio, fue dar a conocer los problemas
sanitarios e impactos ambientales producidos por el citado agrotóxico,
como se ha constatado en el ingenio azucarero San Antonio que la
millonaria familia Pellas maneja inescrupulosamente.
Entre los
participantes se destacó la presencia de la diputada Alba Palacios,
presidenta de la Comisión; los diputados Guillermo Montenegro, José
Espinoza, Gustavo Porras (Coordinador Nacional del Frente Nacional de
Trabajadores –FNT–), Hugueetee Vega, Donald Lacayo, Jacarandá Fernández,
Ricardo Robleto y los asesores Eric González y Luciano Torres. Los
informes estuvieron a cargo de Marcial Cabrera, por Rel-UITA; Julio
Sánchez, del Centro Humboldt; Marianella Carriols y Anselmo Aburto en
representación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La
actividad se instrumentó como respuesta al veto interpuesto por el
Presidente de la República, Enrique Bolaños, a la ley 456 (“Ley
de adición de riesgos y enfermedades profesionales a la ley 185, Código
del Trabajo”) aprobada por diputados donde se especifica que
la insuficiencia renal crónica –que entre otros padecen más de 1.500
trabajadores del ingenio San Antonio– como una consecuencia del uso de
plaguicidas, entre ellos el Paraquat. El veto interpuesto por el
presidente Bolaños surge a raíz de un comunicado público (campo pagado)
emitido por el Grupo Pellas, donde se señala que la insuficiencia renal
crónica no es producto del uso del Paraquat.
El
encuentro contribuyó al debate con los diputados de la comisión laboral,
donde se aprobó un dictamen de mayoría contra del veto presidencial,
instando asimismo a que la ley se mantenga tal y como fue aprobada. Esta
ley, garantiza la participación de los sindicatos en la discusión y
procesos de dictamen de las enfermedades en consonancia con el convenio
144 de la OIT y las disposiciones constitucionales de la carta magna
nicaragüense; confirma la competencia del ministerio de trabajo para
diagnosticar las enfermedades de riesgo profesional y establece una figura
institucional de apoyo a su labor sobre la base de una comisión
interinstitucional; determina el plazo prudencial de treinta días
prorrogables por quince días más para desarrollar el proceso de
calificación y la comprobación de una nueva enfermedad profesional;
faculta al Ministerio de Trabajo a tomar las medidas pertinentes para
corregir y sancionar la violación de esta ley; deja la facultad a los
trabajadores de hacer uso de los procesos judiciales para reclamar sus
derechos provenientes de las enfermedades profesionales, a la vez que
permite que los trabajadores demanden a las empresas responsables.
La
Comisión Laboral y Gremial de la Asamblea Nacional, recibió una serie de
documentos de la OPS y del Foro Emaús de Costa Rica, organización que
junto a Rel-UITA y la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para
América Latina (RAP-AL), mantienen una campaña internacional por la
prohibición del Paraquat en ese país. Los documentos y la información
recibida fue de vital importancia para la toma de decisión del dictamen de
mayoría rechazando el veto presidencial.
Marcial Cabrera
4 de
agosto de 2003
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